Castilla y León desvela la cifra de objetores: 176 de sus 216 ginecólogos no practican abortos

La Consejería de Sanidad de Castilla y León acaba de desvelar por primera vez cuántos de sus ginecólogos son objetores de conciencia para no practicar abortos:de los 216 contratados por Sacyl, 176 se han acogido a esta cláusula por sus convicciones. Sólo los 40 restantes están dispuestos a intervenir de forma directa en una interrupción . Son datos facilitados a EL MUNDO a raíz de una solicitud de acceso formulada en septiembre de 2022.

Ante la negativa de la Junta, este periódico recurrió al Comisionado de Transparencia, que en mayo se pronunció a favor de nuestra reclamación. 

Castilla y León –que el pasado mes de enero saltó a la palestra nacional por el anuncio del Gobierno del PPy VOX de implementar aquí un polémico protocolo antiaborto que luego resultó no existir– se convierte así en una autonomía pionera en recopilar y divulgar información sobre la disponibilidad de su plantilla para interrupciones voluntarias del embarazo. 

Lo hace para dar respuesta a una petición de este periódico y, además, otro factor ha incentivado su necesidad de recopilar los datos en los últimos meses:la reciente reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del embarazo, aprobada el pasado mes de febrero. 

Hasta entonces, la ley 2/2010 ya contemplaba que los abortos debían realizarse en centros públicos siendo «excepcional» su derivación. Y establecía que el acceso a una interrupción del embarazo y su calidad  asistencial no puede resultar «menoscabado» por el ejercicio de la objeción de conciencia. Pero la nueva redacción de la ley 1/2023 ha querido reforzar esa obligatoriedad, apostillando que « los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo». 

El aborto es legal en España desde 1985 pero ni aquella ‘ley de supuestos’ ni la posterior ‘ley de plazos’, que en 2010 lo consolidó como un derecho de las mujeres han conseguido que las españolas accedan en igualdad de condiciones a esta prestación porque la gran mayoría no pueden hacerlo ni un hospital público ni cerca de su casa. En los últimos trece años la gran mayoría de los abortos en España se realizan en centros privados. Sólo el 16% de los 90.000 registrados en el país en 2021 tuvo lugar en la red pública. 

En Castilla y León –donde los de Miranda de Ebro y Burgos son los únicos hospitales públicos que realizan realizan este procedimiento – ese porcentaje se venía situando muy por debajo y apenas alcanzaba el 2% hasta ese año. Los últimos datos, de 2022, recién publicados, lo elevan hasta el 9% (sobre un total de 2.839 abortos  registrados) por la incorporación del Hospital Universitario de Burgos, el HUBU, el año pasado. 

Ese vacío en el resto de territorios obligó a casi 2.000 castellanas y leonesas a desplazarse a otro territorio para interrumpir su embarazo, ya sea en el centro Ginemédica de Valladolid (el único concertado por las gerencias provinciales para estas intervenciones), en otras autonomías o en clínicas privadas no concertadas de Castilla y León (hay dos en Salamanca y una en León), donde las pacientes pagan por un proceso que está incluido en la cartera de servicios.

Las distintas administraciones sanitarias argumentan que tienen que derivar las interrupciones porque no hay ginecólogos disponibles, una inercia que persiste sin que la mayoría de las autonomías se hayan molestado demasiado en saber cuántos facultativos son objetores y cuántos no, en averiguar si ese paradigma ha cambiado en estas cuatro décadas o si de verdad disponen o no de los recursos suficientes para asumir esta prestación. Hablamos no sólo de embarazos no deseados, sino también de mujeres que abortan ante los riesgos que presenta el embarazo para su vida o la del feto. 

En mayo, el Ministerio de Igualdad envió una carta a las autonomías pidiendo que activen con urgencia las medidas aprobadas en la reforma de la ley del aborto para garantizar que se realice en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres. 

En Castilla y León, Sanidad se ha negado de forma sistemática a informar del número de médicos objetores . En las solicitudes de este periódico, alegó primero que se trata de una información que no están «sistematizada» y que sería necesaria revisar las declaraciones de los profesionales sanitarios en una «una acción previa de elaboración», que es uno de los límites previstos en la ley de transparencia y que la Administración utiliza con frecuencia como excusa para no facilitar la información requerida. Su equipo de prensa llegó a indicar que no existe ningún registro porque «vale con que un médico diga de ‘viva’ voz’» que no quiere hacer una interrupción, cuando la ley de 2010 establece –y esto permanece invariable con la nueva redacción– que la negativa a realizar la intervención por razones de conciencia «debe manifestarse con antelación y por escrito». Además, debe ser una decisión «individual» , sin que sea posible que un servicio objete en bloque. 

La orden en la que ahora proporciona por fin los datos de objeción, la consejería no explica si finalmente ha consultado sus archivos para elaborar la información o directamente se ha dirigido a sus gerencias para iniciar un recuento de objetores en cada hospital. En todo caso, se trata de información actualizada a 23 de junio de 2023. 

Un registro nacional

El trabajo de recopilación de la administración sanitaria en Castilla y León no será en balde, ya que tarde o temprano las comunidades tendrán que crear un registro de sanitarios objetores de conciencia . Es otra de las novedades introducidas en la modificación legal de este año. Para homogeneizar la información de ese registro, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordará un protocolo específico. 

Con ese futuro registro, la normativa pretende evitar dos situaciones indeseadas :que un profesional pueda objetar en la pública mientras practica abortos en la privada y que los facultativos puedan sufrir alguna discriminación laboral derivada de la objeción, ya sea por ejercer su derecho a declararse objetores como por su decisión de no objetar, «evitando que se vean relegados en exclusiva» a esta práctica si son los únicos, por ejemplo, disponibles en un determinado centro sanitario. 

Los 116 objetores de Sacyl representan el 81% de los especialistas en ginecología, un porcentaje que asciende al 100% en algunas provincias . Por ese motivo la Junta se niega a detallar por provincias cuántos facultativos se acogen a esa cláusula de conciencia. Explica que «proporcionar esta información desagregada por áreas de salud haría posible la identificación de dichos profesionales», según consta en su orden, remitida en agosto para dar cumplimiento a la resolución ejecutiva del Comisionado de Transparencia. 

Ese celo en la protección de datos personales no lo aplica Sanidad siempre con la misma determinación. Desde hace años, sus gerencias provinciales justifican la necesidad de externalizar las interrupciones del embarazo porque «todos los ginecólogos» de una determinada provincia son objetores de conciencia, tal y como consta en los expedientes públicos del portal de contratación. Se conoce que los datos personales merecen menos protección cuando se adjudica un contrato que cuando se responde a una solicitud de información. Según las licitaciones de los contratos, sería el caso de, al menos, León y Segovia , donde las últimas adjudicaciones apuntan a la objeción de la totalidad de sus facultativos. 

Burgos, por su parte, justifica la externalización de una parte de los procedimientos por la «imposibilidad» de asumir ese trabajo con medios propios. El año pasado, el 57% de las burgalesas que interrumpieron su embarazo pudieron hacerlo en un hospital público (246  de los 433 abortos registrados tuvieron lugar en el Santiago Apóstol de Miranda o en el HUBU de Burgos capital).

Palencia alude a esa misma «imposibilidad» a la hora de justificar las externalizaciones, sin mencionar la objeción de conciencia como causa. En el resto de las provincias las adjudicaciones se apoyan en la objeción de «los ginecólogos» para encargar las interrupciones a una clínica privada. 

En la actualidad, esas adjudicaciones recaen en la clínica Ginemédica de Valladolid, adonde mujeres de toda Castilla y León acuden para interrumpir la gestación.

Otras tres clínicas (una en León y dos en Salamanca) están también autorizadas para interrupciones del embarazo, aunque en este caso no están concertadas y la mujer debe afrontar los gastos . Precisamente estas dos provincias, León y Salamanca, con el 54% y 57%, respectivamente, son las únicas donde el porcentaje de abortos no financiados supera a los financiados , poniendo de manifiesto que las pacientes prefieren recibir asistencia cerca de casa, si pueden permitírselo. 

La Junta paga cada procedimiento a la empresa adjudicataria un importe que oscila entre 200 y 1.600 euros en función del tipo de interrupción (farmacológica o instrumental) y las semanas de gestación. En total, Sanidad destina cada año medio millón de euros a sufragar estos procedimientos fuera de sus instalaciones. 

El derecho de las mujeres a abortar en un centro público y cerca de su casa también ha quedado consolidado en los últimos meses por vía judicial. Una sentencia del Tribunal Constitucional condenó en julio a la sanidad murciana a indemnizar a una mujer que fue derivada a Madrid para interrumpir su embarazo con el argumento de que en autonomía de residencia no disponía de médicos no objetores en sus hospitales públicos. Sería el caso de las 87 mujeres de Castilla y León a las que Sacyl pagó el año pasado su aborto en otra autonomía. Y rozarían las dos mil si hablamos de desplazamientos a otras provincias dentro de esta Comunidad.

La imposibilidad de hacerlo en su provincia de residencia lleva a muchas mujeres a buscar una alternativa fuera del circuito público. El año pasado, 1.155 castellanas y leonesas lo pagaron de su bolsillo (965 se lo costearon en algún centro privado de Castilla y León y 190 en otra autonomía) pese a tratarse de una prestación gratuita.

Otras 87 fueron asistidas en otras autonomías y Sacyl pagó los gastos , principalmente sorianas (75) porque los casos de esta provincia son enviados a Madrid.