Abel Renuncio, ginecólogo: «Los 40 no objetores son una pieza clave para extender el servicio en la red pública»
El vocal de la Sociedad Española de Contracepción asegura que era una "excusa" para externalizar el servicio | La derivación a la privada «penaliza a las mujeres» por el «acceso más tardío» y la estigmatización
Abel Renuncio, ginecólogo del HUBU y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), | EM
El ginecólogo burgalés Abel Renuncio, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), se felicita por que ya sean 40 los ginecólogos no objetores en Castilla y León. Son, dice, «una pieza fundamental para que esta prestación se pueda implementar cada vez en más centros de la sanidad pública».
«Es una tendencia imparable», añade. Cada vez serán más gracias a la «incorporación de nuevas generaciones de profesionales, que tienen interiorizada la interrupción como algo integrado en la cartera asistencial» y asumido por la sociedad, superado el debate de las últimas décadas.
Lo que permitirá a Castilla y Léon seguir acercándose a la media nacional de interrupciones en la red pública, que es del 16% en 2021. De momento (con la incorporación de Burgos), la autonomía ha pasado del 2% al 9% en el último año.
Renuncio explica que las administraciones externalizan desde hace años las interrupciones del embarazo esgrimiendo que «todos los profesionales son objetores de conciencia» pero se trata de «una excusa tácita» que no responde a la situación real de los servicios de ginecología y que un servicio no puede objetar en bloque , de manera generalizada, sino que tiene que tratarse de una decisión individual de cada persona, expresada con antelación y por escrito.
«Lo primero que tiene que hacer la Administración es recabar la información», añade este especialista del Hospital Universitario de Burgos. Cuenta que Castilla y León carecía hasta ahora de interés por conocer la disponibilidad de su personal pero este año ha empezado a preguntar de forma oficial entre sus profesionales. «Si la Administración tiene los recursos para hacerlo ya no tendrá excusa para no hacerlo», sostiene al recordar que la derivación a otros centros «penaliza a las mujeres» porque conlleva un «acceso más tardío» a la prestación y la calidad asistencial se resiente por los desplazamientos o el gasto extra que pueda conllevar». Además de la estigmatización, al percibirlo como un procedimiento «clandestino, que se hace a escondidas».