Castilla y León debe triplicar su red de recarga de vehículo eléctrico en dos años para cumplir con la UE

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Triplicar los puntos de recarga del vehículo eléctrico en dos años, multiplicarlos por diez en siete y por veinte al cierre de 2035 . Es el nuevo reto de Castilla y León si quiere cumplir con los objetivos del nuevo plan Fit For 55 de la Unión Europea, que tiene como finalidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 respecto a los niveles de 1990, y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Para llegar a esos objetivos establecidos en la estrategia, la Comunidad, con una red actual de 1.410 puntos de recarga , ha de alcanzar los 1.910 al cierre de este mismo año, 2023 –es decir, debe abrir 500 puntos nuevos en apenas cinco meses –, y multiplicar por tres la red actual hasta los 3.982 puntos de recarga de acceso público al cierre de 2025 .

Así lo detalla la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que ha presentado este miércoles su actualización de mapas de infraestructuras de recarga de acceso público,  una iniciativa que «pretende servir como herramienta que ayude a la necesaria planificación y monitorización del despliegue en nuestro país, aún pendiente», señala la organización. Desde la asociación se plantea una metodología del «despliegue necesario para establecer una red de infraestructuras de recarga que facilite la incorporación de vehículos electrificados en España, en línea con las exigencias de reducción de emisiones marcadas desde Europa». Y es que disponer de un instrumento de planificación e información es, para la asociación, «cada vez más urgente, teniendo en cuenta que el nuevo Reglamento europeo de infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR) por primera vez establece unos objetivos vinculantes de despliegue para cada uno de los Estados Miembros.

De acuerdo con estos nuevos objetivos, Anfac propone planificar y monitorizar, año a año, a nivel cuantitativo y cualitativo, el desarrollo necesario de infraestructura de recarga de acceso público a nivel nacional, por comunidades autónomas, provincias y principales corredores. La metodología se basa en los principios generales establecidos en el estudio de impacto que la Comisión Europea tomó como base para el nuevo AFIR y en los parámetros defendidos por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea). El resultado es una red mínima para Castilla y León, de 1.910 puntos de recarga de acceso público en 2023 ; 3.982 en 2025, 13.759 en 2030; y 29.878 al cierre de 2035 , año en el que se establece el fin de la venta de los turismos diésel y gasolina . A nivel nacional, habría que contar con aproximadamente 70.000 puntos de recarga de acceso público en 2023; 120.000 en 2025, 300.000 en 2030 y 610.000 en 2035 .

En la actualización se ha tenido en cuenta el aumento de exigencias de reducción de emisiones de CO2 que la Unión Europea ha marcado para los diferentes tipos de vehículos en los horizontes 2030 y 2035 en el Fit for 55 . Fija una reducción del 55% y 50% para 2030 en turismos y comerciales ligeros, respectivamente, y del 100% para 2035. «Este aumento de ambición en la búsqueda de la neutralidad climática debe tener su reflejo en un aumento de los objetivos de penetración de vehículo electrificado», apuntan en Anfac. Así, si bien el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021‑2030 aspira a un parque de vehículo electrificado de turismos y furgonetas en España de 3.4 millones en 2030 y una cuota de mercado del 40%, cumplir con el nuevo escenario exigiría, según estimaciones de Anfac, un nuevo objetivo de 4,3 millones de unidades para 2030 y de 9,8 millones para 2035 , con un 60% y 100% de cuota de mercado electrificado respectivamente

La primera normativa AFIR, fechada en 2014 , primaba el número de puntos de recarga frente a la calidad de estos, explican desde Anfac. Establecía que el número adecuado de puntos de recarga debía ser equivalente al menos a un punto de recarga cada diez vehículos . La nueva propuesta AFIR de la Comisión Europea establece dos diferencias principales: añade la necesidad de que estos puntos tengan potencia y capilaridad y establece unos objetivos vinculantes de despliegue para los Estados Miembros. Esta nueva regulación supone un reconocimiento, en opinión de Anfac, de la falta de ambición de los Estados Miembros para fijar los objetivos de recarga , la ausencia de una metodología para calcular el despliegue necesario y la falta de políticas de apoyo acordes a los objetivos.

La nueva propuesta de los fabricantes de vehículos parte de unos niveles superiores de potencia necesaria para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, pues «la tecnología de los vehículos está evolucionando hacia potencias de carga muchos mayores». En concreto, Anfac, en línea con Acea, parte de una potencia de 3 kilovatios (kW) para los vehículos eléctricos y 2 kW para los híbridos enchufables . Con estos datos, de la propuesta de AFIR se concluye que para 2030 España debería disponer de 322.000 puntos de recarga , mientras que la propuesta de Anfac establece 300.000 puntos de recarga como objetivo mínimo para abastecer el parque para ese mismo año.

Los fabricantes del sector subrayan que el criterio de calidad de la red de recarga es «absolutamente relevante». Para justificar esa importancia, detallan que a cierre de 2022, de los 18.128 puntos de recarga de acceso público que tenía España, solo el 3,8% eran de recarga de alta potencia (≥ 150 kW) . Por eso advierten de que España debería multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia por ser «fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, permitiendo tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos».

Para el director general de Anfac, José López-Tafall , «los objetivos establecidos por la Unión Europea no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores. En materia de despliegue es imprescindible el compromiso del Gobierno, de las comunidades autónomas y las corporaciones locales para implantar en el territorio la infraestructura necesaria. La industria de la automoción está liderando la descarbonización y ya está poniendo en el mercado una amplia oferta de vehículos electrificados. Sin embargo, nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos políticos en materia de reducción de emisiones que exigen, lógicamente, establecer medidas a la altura de esas ambiciones». Por ello «el desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público es esencial para el despliegue del vehículo electrificado, y aquí hay mucho que avanzar. Nuestros mapas pretenden animar ese debate con datos, porque si no sabemos dónde estamos y cómo vamos es muy difícil llegar al objetivo que nos fijemos», afirma.

En su presentación de los mapas de infraestructuras de recarga, Anfac señala la necesidad de trabajar en diferentes medidas tales como la puesta en marcha inmediata de una plataforma pública de información, que sirva de referente y facilite a los ciudadanos la información precisa en tiempo real de los puntos de recarga disponibles y en funcionamiento. De la misma manera, en respuesta de los objetivos vinculantes de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público marcados por Europa, «se hace necesaria la creación de un centro estatal para el desarrollo e impulso de la infraestructura de recarga de acceso público que permita monitorizar y garantizar un efectivo despliegue de la red», señala la organización.

La mejora en la concesión de las ayudas del Plan Moves III y Mitma Moves, con ayudas directas en el momento de la compra y no tributables, y la simplificación de los trámites administrativos para la puesta en marcha de puntos de recarga, «serían aspectos fundamentales para la consecución de los objetivos exigidos», señala Anfac, que insiste en su petición de cambios fiscales «para ayudar a ciudadanos y empresas a apostar por las nuevas tecnologías, con una fiscalidad que ayude e incentive, y no penalice», concluye.

El mapa presentado por la entidad detalla los objetivos a perseguir en cada una de las provincias de la Comunidad: 

La provincia deberá contar con 112 puntos de recarga al final de este año, de los que al menos dos deberán ser de más de 250 kW dentro de la Red Transeuropea del Transporte (RTE-T). En 2025 deberá contar con 236 puntos, de los que 168 deberán ser de la RTE-T. En 2035 el objetivo es llegar a 1.868 puntos de recarga en la provincia, 105 de la RTE-T y 6 de la RTE para vehículos pesados.

Es la tercera provincia en número de puntos a desarrollar a final de año, con 321 previstos. De ellos, 20 deberán ser de la RTE-T y, de estos, 16 de vehículos pesados (de 350, 800 y 1.200 kW). En 2025 el objetivo subirá a un total de 662, con 40 de la RTE-T (32 para vehículos pesados).  En el horizonte 2035 el territorio deberá contar con 4.791 puntos de recarga en total, 248 de la RTE-T (48 para vehículos pesados).

Cuando se cumplan los objetivos será la segunda provincia en número de puntos de recarga. Deberá tener 333 a final de año, dos de ellos de la RTE-T. A cierre de 2025 el total deberá haber subido a 702, de los que 11 formarán parte de la RTE-T. El objetivo final a 2035 será de 5.359 puntos de recarga en el territorio, de los que 121 formarán parte de la RTE-T y de ellos, 12 estarán destinados a la recarga de vehículos pesados.

La sexta provincia del ranking, con un objetivo de 130 puntos de recarga al finalizar el año, según el plan propuesto por Anfac. De ellos, 5 de la RET-T (4 para vehículos pesados). En 2025 deberá sumar 271 puntos en total, y en el horizonte 2035 deberá alcanzar los 2.057 puntos de recarga, 51 de ellos de la RTE-T y de estos últimos, 12 para vehículos pesados.

Será la cuarta provincia con más puntos de recarga de la Comunidad, un total de 251 al finalizar el año si se cumplen las previsiones, de los que 16 serán de la RTE-T (12 para vehículos pesados). El total deberá subir a 525 al final de 2025, con 37 de la RTE-T (24 para pesados). El reto final a 2035 es de 3.905 puntos de recarga, de los que 205 serán de la RTE-T, (24 para vehículos pesados).

Tiene el objetivo de llegar a 118 puntos de recarga al final de este año, de los que 2 serán de la RTE-T. En 2025 el plan propone alcanzar los 245, con 4 de ellos de la RTE-T, y en el horizonte de 2035 el planteamiento es llegar a un total de 1.906 puntos de recarga , de los que 82 serán de la RTE-T, ninguno de ellos para vehículos pesados.

La última provincia de la tabla autonómica en número de puntos de recarga, según el plan de Anfac para cumplir con los objetivos de la UE. El listón está en 83 puntos de recarga al finalizar el año en curso, 15 de ellos de la RTE-T y, de estos últimos, 12 para vehículos pesados. En el escalón de 2025 el objetivo es llegar a 175 puntos de recarga en total, 31 de ellos de la RTE-T (24 para vehículos pesados). El horizonte 2035 es llegar a 1.272 puntos de recarga, 170 de ellos de la RTE-T, y 36 de estos últimos destinados a vehículos pesados.

La primera provincia de la tabla autonómica en número de puntos de recarga, según los objetivos, con 441 al finalizar el año en curso, de los que 9 serían de la RTE-T (4 de ellos para furgonetas y camiones). En el escalón de 2025, el reto es llegar a los 908 puntos de recarga, de los que 17 serían de la RTE-T (8 para pesados). El reto a 12 años, para 2035, es alcanzar los 6.610 puntos de recarga en total, de los que 216 formarían parte de la RTE-T y de ellos, 18 para dar servicio a vehículos pesados.

Justo en medio de la tabla autonómica en número de puntos de recarga, 121 a finales de 2023, cinco de ellos de la RTE-T. En dos años, para 2025, el objetivo es llegar a 258 puntos de recarga, de los que 13 serían de la RTE-T (ninguno de ellos para vehículos pesados). El reto para 2035 es llegar a los 2.110 puntos de recarga en total, de los cuales 190 formarían parte de la RTE-T y, de ellos, 30 se destinarían a dar servicio a vehículos pesados.