El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León reclama «multas» para hacer cumplir sus resoluciones

El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, cargo que ejerce el Procurador del Común, Tomás Quintana , reclamó este viernes potestad sancionadora, la capacidad de poner «multas» a las administraciones incumplidoras para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. Así lo hizo durante la presentación de la Memoria 2022 del organismo autonómico, que fue registrada en Las Cortes y entregada al presidente de la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común, Javier Teira. La atribución podría articularse mediante una reforma legislativa que estableciera multas coercitivas, puesto que tres de cada diez resoluciones dictadas en 2022 no se aplicaron. Una sesión de Las Cortes analizará los pormenores de la Memoria el próximo mes de septiembre. 

Es significativo que de los 88 incumplimientos de las administraciones respecto a resoluciones del Comisionado de la Transparencia, 38 corresponden a entidades locales de la provincia de León . La Administración más incumplidora de todas es el Ayuntamiento leonés, con un total de doce, la mayoría por procesos de seleccion de personal , según se deduce del documento puesto de largo ayer. 

En cuanto al resto de provincias, las más ‘desobedientes’ tras León han sido las entidades locales de Palencia, con 15 incumplimientos; Burgos, con 10; Zamora, con 7; Ávila, con 5 y Valladolid, con 4. Las menos incumplidoras han sido Salamanca, Segovia y Soria , con dos casos cada una. Pero no solo se han mostrado díscolas algunas entidades locales, sino también alguna Consejería, en concreto la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con dos expedientes pendientes de cumplir, uno de ellos sobre información relativa a los lobos abatidos en controles poblacionales, y otra sobre especies protegidas de aves.

En el séptimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, el último ejercicio cerrado, se presentaron 794 reclamaciones, de las que 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 73,68%). De estas, sobre la falta de acceso a la información, 515 correspondieron a ayuntamientos, 42 a entidades locales menores, 22 a diputaciones provinciales, 3 a mancomunidades y 3 al Consejo Comarcal de El Bierzo.

Llama la atención el elevado repunte de las reclamaciones, que se incrementaron un 60,4% entre 2021 y 2022, de 495 a 794 , lo que se traduce en  299 más, si bien hay que destacar que 260 reclamaciones fueron interpuestas por una sola asociación ecologista, a otras tantas entidades locales, por falta de información sobre la misma cuestión. Si no se tuviera en cuenta ese paquete de reclamaciones, habrían subido en 39, lo que se traduciría en un 7,9%.

También es destacable que, en paralelo con el elevado incremento de las reclamaciones, también han subido de forma destacada las desobediencias a las resoluciones del Comisionado de la Transparencia, una realidad por la que Quintana reclamó, en el acto de entrega de la Memoria, capacidad sancionadora para el Comisionado. Y es que, si bien las reclamaciones han subido de 102 a 794 en los 7 años de vida de la Comisión de Transparencia, y las resoluciones estimadas han pasado de 40 en 2016 a 154 en 2022, un 285% más, las resoluciones incumplidas han subido del 7,5% en 2016 al 30,52% en 2022, un total de 23 puntos porcentuales . El cumplimiento de las resoluciones estimadas ha pasado del 92,5% en 2016 al 90,16% en 2017, y en los años siguientes bajó al 81,91%, 78,07%, 71,97% y 70,95%, hasta situarse en el 69,48% en el pasado ejercicio 2022 .

Sin respuesta

La Memoria señala que más del 80% de las reclamaciones (678) todavía se presentan frente a la ausencia de respuesta expresa a la petición de información realizada. Por materias, aquellas que han generado mayor número de solicitudes de información, cuya denegación ha sido impugnada ante la Comisión, han sido las referidas a medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación, y urbanismo y vivienda. 

Un total de 112 de las reclamaciones dirigidas frente a entidades locales fueron presentadas por cargos representativos de las mismas, de las cuales 93 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos , 10 por vocales de juntas vecinales y 9 por diputados provinciales; en cambio, 137 reclamaciones se presentaron frente a la Administración General autonómica. La Comisión de Transparencia en 2022 emitió 262 resoluciones.  

En el caso de las 116 reclamaciones presentadas frente a denegaciones expresas de la información solicitada a las Administraciones, los motivos argüidos por estas, de forma más frecuente, para no proporcionarla, fueron la protección de datos personales; que la información se encontraba en curso de elaboración; la necesidad de reelaborar la información solicitada y la falta de posesión de esta.  Cinco materias fueron las que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones ante la Comisión de Transparencia. En concreto, la protección del medio ambiente, el empleo público, las obras públicas, la información sobre contratación y las actuaciones de carácter urbanístico.

Uno de los mejor parados de la Memoria es el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León , en el que constata un «alto grado de cumplimiento de las exigencias impuestas por la legislación», lo cual no impide «que se puedan realizar varias recomendaciones», detalla el documento.

La primera de ellas se refiere a la publicación de la información a la que están obligadas las denominadas entidades del tercer sector . «Resulta conveniente que se ofrezca a estas el Portal de Gobierno Abierto para que puedan realizar esta publicación», aconseja el Comisionado. En segundo lugar, considera la «alta valoración» realizada por la Administración autonómica respecto a la claridad de la información publicada, e insta a «continuar mejorando este aspecto a través de la utilización de un lenguaje menos técnico y más sencillo, y de la incorporación de nuevos gráficos y cuadros que faciliten visualmente la comprensión de la información para cualquier ciudadano».

También recomienda mejorar la localización y el acceso a la información relacionada con los altos cargos de la Administración de la Comunidad , e insta a mantener «un sistema que garantice la actualización de la información publicada», así como continuar incrementando los contenidos que se publican en formatos reutilizables.

En el caso de las diputaciones provinciales , la Memoria concluye que se mantiene, en términos generales, «un alto nivel de observancia de sus obligaciones de publicidad activa». Los puntos más débiles continúan siendo «la todavía generalizada utilización del formato PDF para suministrar la información y el déficit que presenta la información suministrada en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad». 

No obstante, el Comisionado observa «un creciente interés de las diputaciones en garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, a través de iniciativas como la creación de portales propios o de la incorporación de su información a los portales de transparencia de las diputaciones».

En cuanto a los ayuntamientos, la Memoria hace una distinción entre «dos realidades» muy distintas, que son las de las diputaciones y a yuntamientos de capitales de provincia o de más de 20.000 habitantes, que tienen más recursos para cumplir sus obligaciones de trasparencia, y la de los municipios con una menor población, una realidad «que se corresponde con la mayoría de las entidades locales de esta Comunidad y que coincide con una observancia de las obligaciones legales de publicar información que supone, en el mejor de los supuestos, un deseo más que una posibilidad real, debido a las limitaciones de medios que deben enfrentar».

En esta línea los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, según concluye el documento, «presentan, en términos generales, un grado relativamente alto de cumplimiento de sus obligaciones de publicar información». No obstante, existe «un margen de mejora notable» en cuanto a la deseable reutilización de la información publicada.

En relación con el resto de ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes, el nivel de cumplimiento de la publicación de contenidos desciende a medida que se reduce su tamaño, incrementándose aquellos que, siendo de publicación obligatoria, no se publican. Se mantiene el incumplimiento frecuente de publicar un contenido específicamente aplicable a las entidades locales como es el de las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.

De los 60 ayuntamientos de más 5.000 habitantes a los que el Comisionado se ha dirigido solicitando su colaboración para la elaboración de la Memoria, cumplieron con su obligación 31 (cinco más que en 2021). Además, 16 de las 20 corporaciones de derecho público, entre ellas el Consejo de Cámaras de Comercio y 8 Cámaras provinciales, colaboraron remitiendo el cuestionario que les envió el organismo.

Entre las fu ndaciones públicas destacan por su grado de cumplimiento las Fundaciones Siglo para el Turismo y las Artes; Hemoterapia y Hemodonación y Universidades y Enseñanzas Superiores, siendo también destacable las mejoras introducidas en 2022 por la Fundación Santa Bárbara. Los consorcios presentan también un grado de cumplimiento notable.