Diario de Castilla y León

El Ministerio invertirá 83,2 millones en arreglar varias vías convencionales de la comunidad

Las mejoras se ejecutarán en los próximos tres años en varias carreteras de la comunidad

Una imagen de una carretera con mucho tráfico. Fotografía de archivo. E.M.

Imágenes de tráfico en una carretera de la región.

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Redacción
Valladolid

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El Consejo de Ministros autorizó hoy al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar tres contratos de servicios para el mantenimiento preventivo y la mejora de los firmes de las carreteras convencionales de la Red de Carreteras del Estado (RCE), por un valor estimado de 414,7 millones de euros (IVA no incluido), de los 83,2 millones serán para las vías de Castilla y León. El objetivo principal de estos tres contratos, divididos en 25 lotes, con un plazo inicial de tres años y una prórroga adicional de otros dos, es mejorar las características superficiales y estructurales de los firmes de las carreteras convencionales aunque también se podrán incluir actuaciones en autovías o autopistas, “siempre y cuando se justifique adecuadamente”.

La Demarcación de Carreteras Castilla y León Occidental I recibirá 22,8 millones de euros que permitirán la mejora de las carreteras de las provincias de Salamanca (A-50; A-62; A-66; N-501; N-501A; N-620; N-620A; N-630; N-630A; SA11 y SA-20) y Zamora (A-11; A-52; A-66; N-122; N-122A; N-525; N525A; N-6; N-610; N-630; N-630A; N-631; ZA-11; ZA-12; ZA-13 y ZA20). Castilla y León Occidental II repartirá 30,6 millones entre las provincias de León (A-6; A-60; A-66; A-66R; LE-11; LE-11R; LE-20; LE-30; N-120; N-120A; N-120R; N-536; N-6; N-601; N-621; N-625; N-630; N-630A y N-6A), Palencia (A-62; A-65; A-67; N-120; N-611; N-611A; N620; N-622; N-627; N627A; P-11 y P-12), Valladolid (A-11; A-6; A-60; A-62; A-65; N-122; N-6; N601; N-610; N-610A; N-620; VA-20 y VA-30).

Por su parte, los 9,4 millones aprobados para la Demarcación Castilla y León Oriental I permitirán actuar en la provincia de Burgos (A-1; A-11; A-11R; A-62; A-73; A-73R; AP-1; BU-11; BU-12; BU30; N-1; N-120; N-122; N-122A; N-1A; N-1R; N232; N-232A; N234; N-234A; N-620A; N-622; N-622A; N-623; N623/N-627; N627; N-629; N-629A y en los peajes de Ameyugo, Briviesca, Miranda, Pancorbo y Rubena). 

En el caso de Castilla y León Oriental II, son 20,2 millones para las carreteras de las provincias de Ávila (A-50; AV-20; N-110; N-110A; N-403; N-403A; N501 y N-502), Segovia (AP-61; N-1; N-110; N-110A; N-6; N-601; N601A; N-603; Robledo Valsaín; SG-20 y SGF-7133) y Soria (A-11; A-15; N-110; N-111; N-111A; N-113; N122; N-2; N-234 y SO-20).

En el marco de los tres contratos autorizados, se ejecutarán trabajos de fresado y reposición, microaglomerado, refuerzos, reparación de blandones y baches, reciclado y sellado, así como el repintado de marcas viales y la impermeabilización de estructuras, en caso de ser necesario. Se ha previsto la mejora de un total de 1.515 kilómetros de calzada en toda España. No obstante, la programación concreta de las actuaciones será presentada cada año por el contratista de cada lote y será aprobada por el director del contrato. Esta programación será acorde al presupuesto asignado y podrá verse modificada por circunstancias que determinen la necesidad de incluir actuaciones en firmes cuyo estado pudiera entrañar un peligro para la seguridad vial o requiriese de una actuación inmediata, debido a un deterioro del pavimento superior a lo previsto. 

Un comunicado del Mitma apuntó, según recogió la Agencia Ical, que el objetivo es llevar a cabo una “puesta a cero” de la red de carreteras convencionales, a través de fórmula de contratación “más eficiente” que va a permitir alcanzar un nivel de conservación que garantice una conducción “segura” y “sostenible”. Así, se potenciarán buenas prácticas medioambientales a implantar por parte de los adjudicatarios, como el cálculo de la huella de carbono, la recogida selectiva de los residuos, el uso de pinturas libres de plomo y el control del consumo energético, agua y combustibles; contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de la responsabilidad corporativa empresarial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo el medio ambiente. 

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