La bandera arcoíris resiste en las Cortes

La de las Cortes de Castilla y León con la bandera arcoíris apunta a convertirse en una polémica recurrente en las fechas que rodean el 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI+, pues con este son dos años en los que la colocación de esta enseña ha provocado enfrentamientos en el seno del Parlamento autonómico con dos bandos diferenciados. Por un lado, los desafiantes procuradores del Grupo Parlamentario Socialista con su portavoz, Luis Tudanca, a la cabeza; y enfrente, la Presidencia de la Cámara, encarnada en Carlos Pollán , de Vox, dispuesta a llevar el asunto ante la Justicia. Por el momento, la resolución del conflicto parece estar lejos, aunque parece que los socialistas van ganando en tanto en cuanto la bandera sigue ondeando en lo más alto de la sede de las Cortes.

Todo comenzó este martes cuando los procuradores socialistas optaron, ante la previsión de que la Presidencia del Parlamento no lo haría, a colocar una bandera arcoíris de 50 metros en las ventanas de sus despachos, ubicados en la cuarta planta y que se asoman a la calle Santa María de la Vid. Poco tardó Pollán en dirigirse a Tudanca para que la enseña fuera retirada «sin demora» , aunque el PSOE, desafiante, prefirió hacer caso omiso. De nada sirvió la advertencia del jefe del Legislativo de que enviaría a los servicios de seguridad de las Cortes si su solicitud no era atendida.

Pero la amenaza no se cumplió, y ayer la bandera amaneció en la misma ubicación que el día anterior, haciendo que los socialistas alardearan de ello en redes sociales. Sin embargo, la segunda ofensiva de Pollán no tardó en llegar, en este caso a través de «un requerimiento formal , ante las alegaciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista», para que se procediera, «sin dilación, a la retirada de las mencionadas banderas».

Precisamente, en el mismo comunicado trasladado a los medios de comunicación por el departamento de prensa de las Cortes, se señaló que «el presidente de las Cortes no sólo no da marcha atrás en su petición inicial», lo cual es cierto, pero no lo es menos que la posibilidad de que el personal de la Cámara fuera el encargado de retirar la bandera era una manifiesta ilegalidad, ya que estos despachos de los socialistas, como los de cualquier grupo parlamentario, son dependencias privadas a las que solo puede acceder la Policía y con una orden judicial. Por lo tanto, tal y como publicaba este periódico, Pollán reculó ya que esa primera advertencia que planteaba no se puede llevar a cabo, lo que ahora le llevó a recurrir a la Justicia.

Desde las Cortes también insistieron en que tuvo lugar «un apercibimiento expreso y personal» y que por lo tanto, «en caso de no atender a este requerimiento, se procederá a dar cuenta a la autoridad judicial competente por si los hechos consistentes en no atender al requerimiento pudieran ser constitutivos de delito». No en vano, recordaron que las banderas «se encuentran situadas en la fachada de la sede de las Cortes de Castilla y León y no en las dependencias del Grupo Parlamentario Socialista». Pese a todo, desde el departamento de prensa de las Cortes rehusaron facilitar el requerimiento completo enviado al Partido Socialista y se limitaron a trasladar un extracto del mismo a través de un mensaje de Whatsapp.

No obstante, EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN tuvo acceso al mencionado documento, en el que se recoge todo lo anterior pero con la excepción de que en ningún momento se hace referencia a esa advertencia inicial de recurrir a los servicios de seguridad del Parlamento para retirar la bandera. Además, se matiza el argumento de que «la fachada de un edificio público forma parte de la imagen exterior del mismo y se asocia ineludiblemente a la Institución que tiene en él su sede; de manera que todo lo que sea visible en ese espacio físico de las Cortes de Castilla y León se va a percibir como propio y vinculado a la Institución en su conjunto », algo que la Presidencia del Legislativo quería evitar con la bandera arcoíris.

La segunda advertencia de Pollán no logró ningún efecto distinto a la primera, ya que el Partido Socialista se mantuvo firme y sin retirar la bandera. Al término de la segunda sesión del pleno de las Cortes celebrada ayer, el propio Luis Tudanca ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación en las que reafirmó su decisión de mantener la bandera LGTBI, y respondió a la advertencia de la Presidencia de las Cortes. «Bueno, aquí estoy. No me van a amedrentar, por supuesto, ni con amenazas , ni con intentos de coacción».

Tudanca afirmó que el Grupo Parlamentario Socialista no tolerará las «amenazas de la extrema derecha», que señaló son quienes están «deteriorando» las instituciones. «No vamos a dar un paso atrás, cada bandera que intenten quitar la colocaremos», apostilló para que el emblema LGTBI ondee en las Cortes mientras «haya un sólo socialista en esta cámara». Además, ironizó con que Pollán se equivocó al advertirles de que actuarían los servicios de seguridad para retirarlas las banderas, porque a su juicio lo que anhela es enviarles a los «grises».

«Es una vergüenza. La extrema derecha, la derecha franquista de este país, diciendo que lo que es delito es defender los derechos de las personas, y no agredirlas, y no negar la violencia de género», denunció el portavoz socialista.

«Eso es lo que debe ser constitutivo del delito y no defender derechos y libertades como lo estamos haciendo los socialistas», apostilló Tudanca, quien recordó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y matizó que la del Supremo alude a la colocación de banderas no oficiales en lugares reservados para ellas, como indicó sucedió en el pasado en ayuntamientos catalanes o en Navarra.

Tudanca reiteró que la sentencia que utiliza el presidente de las Cortes, que ya la esgrimió el año pasado y no pudo evitar que se colocara la bandera arcoíris. Además, justificó que en esta ocasión no pidieron a la Cámara que colocaran esta enseña tras lo sucedido en 2022 o el 8 de marzo. «No le hemos preguntado literalmente esta vez, porque sabemos cuál es su respuesta », dijo.

También recordó las sentencias del juzgado administrativo de Valladolid que afirman que las enseñanzas que defienden los valores constitucionales son perfectamente legales en los ayuntamientos y en todo tipo de instituciones. Además, recordó que en el pasado la sede de las Cortes se iluminaba con motivo del Día de lucha contra la violencia de género , pero también en apoyo al pueblo gitano y con motivo del Orgullo. 

«Esa no es la discusión. Por supuesto que es legal, por supuesto que es legítimo. Lo que están tratando de hacer es invisibilizar causas que ya estaban ahí», remachó y avisó: «No vamos a retroceder y no vamos a dar un solo paso atrás ante las exigencias, amenazas e intentos de coacción de la extrema derecha y del Partido Popular».