PP y Vox se oponen a equiparar las ayudas con el SMI porque desincentiva el empleo

Los grupos Popular y Vox se opusieron hoy a hacer compatible la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, hasta alcanzar en esta legislatura el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), porque argumentaron que desincentiva la búsqueda de empleo, lo que para los socialistas es “clasista”, ya que defendieron que la gente quiere vivir sin “ penurias ” y con “ dignidad ”, mientras busca trabajo. 

PP y Vox rechazaron con su mayoría absoluta en el pleno de las Cortes la moción del Grupo Socialista de ocho puntos, que se completó con dos enmiendas de Ciudadanos, y que respaldó toda la oposición. “Castilla y León no se merece un gobierno que ni se preocupa, ni se ocupa de los más vulnerables”, dijo la proponente, la procuradora Nuria Rubio , informa Ical.

 

En su intervención, la socialista aseguró que es “muy triste” encontrarse con “el no por el no”, un “muro” de PP y Vox que rechazan todo lo que viene del PSOE. Por ello, rechazó el “discurso conformista y falta de autocrítica” del PP y advirtió a Vox de que quieren blindar las ayudas, pero negó que sus beneficiarios quieran vivir de ellas para no trabajar.

La ‘popular’ Inmaculada Ranedo aseguró que si las familias recibieran la prestación de la Comunidad y el Ingreso Mínimo Vital, hasta un importe cercano o igual al salario mínimo, esto generará “una falta de incentivo total” a la búsqueda de empleo. Además, apostó por la atención personalizada y rechazó la subvención general, si bien destacó que se concedieron 11.500 prestaciones económicas en el último año, por 7,7 millones. También, defendió que los servicios sociales de Castilla y León tienen un “compromiso y una “calidad de sobra conocidos”.

En nombre de Vox, María Luisa Calvo rechazó las propuestas del PSOE que aseguró buscan fomentar el “clientelismo” y la “pobreza”, convirtiendo las ayudas en “sueldos vitalicios” que desincentivan la búsqueda de empleo. “No engañan a nadie”, sentenció ante un partido que a su juicio sabe “cómo maquillar” la realidad, ya que señaló el PSOE es un partido “carente de escrúpulos” y un “peligro”, ya que insistió no buscan crear riqueza, sino “repartir miserias”.

Desde UPL-Soria YA, el ‘leonesista’ José Ramón García apoyó la iniciativa socialista y apostó por un sistema de servicios sociales de gestión pública que sea capaz de favorecer la autonomía y la integración y que garantice la igualdad de oportunidades.

También el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, demandó servicios “básicos” y “esenciales” para amparar a los que más lo necesitan y apoyó que se hagan compatibles la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, ayudas de hasta 700 euros al año para el acceso a alimentos frescos y apoyos para las familias de acogida. Frente a estas demandas, lamentó que PP y Vox rechazaran la iniciativa y tildó de “auténtica vergüenza” que desprotejan a los más necesitados.

Finalmente, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, aseguró que no estaban de acuerdo de la “literalidad” de todas las propuestas, que consideró “necesaria” la moción porque argumentó que la población de Castilla y León en pobreza extrema es la quinta provincia, 170.000 personas. Por ello, planteó dos enmiendas de adición para garantizar el acceso de las ayudas de los menores migrantes con independencia de la situación de sus padres y para que la Junta aproveche el Reglamento de Extranjería para favorecer el “arraigo por formación”.