Obras en el limbo en Castilla y León
La Comunidad suma en los últimos meses 56 proyectos lanzados por las administraciones públicas que han quedado desiertos por ausencia de licitadores, con un montante pendiente de ejecutar de 26 millones
El encarecimiento de los materiales y los elevados precios energéticos están dejando un reguero de obras públicas que ninguna empresa está dispuesta a acometer por el precio estipulado . La situación se repite en todo el territorio nacional y Castilla y León no es una excepción . Baste comprobar que la Comunidad acumula 56 licitaciones desiertas en los últimos meses, que suman en total 26 millones de euros . El largo listado lo conforman contratos lanzados entre finales de noviembre de 2022 y mediados de abril de 2023 que se ven abocados a buscar cobijo en el cajón de proyectos pendientes porque las administraciones que los han tratado de impulsar han comprobado que no hay ninguna propuesta sobre la mesa para acometerlos , una vez finalizan los plazos de recepción de ofertas. En algunos casos sí las hay, pero luego se retiran. Así que se quedan desiertos y, por tanto, no se pueden llevar a cabo. Al menos por el momento.
En términos económicos, esta situación revela que el dinero reservado por las diferentes administraciones públicas, bien sean ayuntamientos, diputaciones, Junta o Estado, también se queda retenido. Y, a tenor de la cifra que suman los procedimientos desiertos en Castilla y León , la autonomía se convierte en la quinta de España con una cuantía más elevada .
Así lo pone de manifiesto el ‘Informe sobre licitaciones desiertas en la construcción’ elaborado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) , centrado en el primer trimestre, aunque con la horquilla temporal ampliada a finales del año pasado y al arranque del segundo trimestre.
En el documento, presentado hace unos días, se observa que Extremadura es la región más afectada, con 85,7 millones de euros consignados en actuaciones por las que nadie ha ‘pujado’. En segunda posición se encuentra Canarias, con 34,2 millones; seguido de Andalucía, con 28,1 millones; Madrid, con 27,7 millones; y Castilla y León, con los 26 millones mencionados.
A falta de los datos de Navarra, Cantabria y Murcia, que no aparecen recogidos en el informe de la CNC, la comunidad autónoma de España menos afectada por las licitaciones desiertas es Castilla La Mancha, que no llega a los 225.000 euros en contratos sin suscribir. Pero más que tratarse de un oasis, la particularidad parece más bien fruto de una ausencia de transmisión de datos, según aclaran desde la Confederación.
«Elaboramos la lista con los casos que nos comunican las delegaciones provinciales, pero hay más expedientes así», expresó el secretario general de CNC, Mariano Sanz, antes de valorar que la situación «es muy similar» en todos los territorios y de alertar sobre la multiplicación de contratos desiertos desde la pandemia y la guerra en Ucrania por el incremento en la adquisición de materiales. «Antes era anecdótico que quedaran procedimientos desiertos , porque siempre había alguien dispuesto a ejecutar las obras, que se atrevía a afrontarlas porque tenía poca carga de trabajo, o porque se hacían cerca de su pueblo», razonó sobre el panorama previo a la escalada en las materias primas.
Pero los precios han provocado un vuelco y la fotografía es bien distinta. Ahora proliferan los concursos vacantes, porque los presupuestos previstos sobre el papel no se ajustan a la situación del mercado . «Normalmente las administraciones tienen una biblioteca de proyectos, algunos redactados desde hace cuatro o cinco años, y cuando tienen dinero para acometerlos, los sacan a licitación sin hacer modificaciones porque tradicionalmente este problema no existía».
La realidad evidencia que en muchos casos las adaptaciones son necesarias pues, teniendo en cuenta la suma de todas las comunidades autónomas, en el país hay 396 pliegos relacionados con el sector secundario que no han resultado rentables a nivel empresarial en los términos en los que están elaborados, cuyo montante global asciende a prácticamente 265,8 millones de euros . E, insiste la Confederación Nacional de la Construcción, las cifras serán más abultadas porque no todos los supuestos se comunican a la central.
En todo caso, esa cifra sirve para constatar un p roblema que abarca ejemplos de todo tipo y con importes dispares . Es decir, la ausencia de interés no se circunscribe a una actividad concreta o a un determinado precio, como evidencia la relación de contratos en 'standby' publicada por la CNC relativa a Castilla y León.
El expediente desierto más ‘económico’ del listado en la Comunidad está valorado en 12.800 euros y fue lanzado por Somacyl (la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente) para llevar a cabo tratamientos selvícolas sobre chopos en 124 hectáreas en zonas de la subcuenca del Río Riaza . El más gravoso del ranking autonómico son los casi cinco millones de euros que el Ayuntamiento de Valladolid había reservados para acometer una nueva fase en la regeneración urbana del barrio 29 de Octubre .
Sin empresas dispuestas a ejecutar los trabajos en los términos considerados en los pliegos, los proyectos no avanzan y quedan atascados a la espera de soluciones , que pasan por intentar nuevos procedimientos sin hacer cambios a ver si hay más suerte, invitar a empresas en procedimientos negociados o revisarlos para adaptarlos al nuevo panorama. Alternativas, en todo caso, que implican retrasos.
También existe la opción de llamar a la puerta de las empresas colaboradoras de la Administración , que no intervienen en las licitaciones, y a las que se puede recurrir poniendo como referencia los precios que están tasados oficialmente y que son superiores a los que aparecen en los pliegos porque esos precios sí se actualizan con periodicidad anual, explicaron desde la CNC.
La Confederación también alertó de que la situación puede tornarse más dramática si finalmente la Unión Europea también considera desiertos los concursos en los que sólo concurre una empresa , pues sospecha que detrás de estos expedientes con una única oferta puede haber algún tipo de intervención por parte de quien licita. Es decir, la UE desconfía de que las administraciones públicas, si ven que se están agotando los plazos sin que nadie se interese en un proyecto, pidan a una empresa que dé un paso al frente y, una vez iniciado el proyecto, se plantee una revisión de precios al alza para continuar su ejecución.