Familia presenta el proyecto de ley para garantizar el proyecto de vida de las personas con discapacidad de Castilla y León
La consejera de Familia destaca que se trata de un "texto pionero" y que "por primera vez en una normativa de discapacidad se avanza hacia el proyecto de vida"
![La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, imagen de archivo.- ICAL](https://imagenes.diariodecastillayleon.es/files/image_large/uploads/2024/03/14/65f2d990ddc55.jpeg)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.- ICAL
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde este jueves a lo que próximamente será una iniciativa legislativa del Ejecutivo autonómico en las Cortes. Se trata del Proyecto de Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad en Castilla y León, una norma que garantiza el desarrollo personal de este colectivo a lo largo de toda su experiencia vital, tal y como detalló en rueda de prensa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Según explicó, el texto se remitirá a las Cortes en los próximos días para su tramitación. "Esperemos que esté aprobada antes de final de año pero dependerá del trabajo que tengan", estimó al respecto.
A través de un comunicado, la Junta de Castilla y León pone de manifiesto que "las dificultades derivadas de la condición de persona con discapacidad no pueden marcar la diferencia a la hora de afrontar los cambios en su ciclo vital , que debe poder desarrollarse con plena normalidad". Por ello, el texto normativo recoge un nuevo enfoque en la atención a este colectivo centrado en sus objetivos, metas y preferencias vitales y no sólo en las intervenciones profesionales. Un método en el que el aspecto personal toma casi todo el protagonismo.
En este sentido, Isabel Blanco especificó que "esta ley lo que viene es a poner en el centro de todas las actuaciones a las personas con discapacidad" . Señaló, por tanto, que se trata de una "ley pionera" en la que "el eje principal es el proyecto de vida". "Pasamos de un modelo en el que se prestan unos apoyos sociosanitarios a otro en el que las personas con discapacidad y sus familias decidan los diferentes apoyos que van necesitando a lo largo de su vida", remarcó.
Por ello, el espíritu de la futura ley trata de alcanzar un doble objetivo: en primer lugar, apoyar y adaptar sobre todo las transiciones a lo largo de la vida de las personas con discapacidad a través de todos los pilares que componen el sistema de Servicios Sociales de la Comunidad: sanidad, educación, asistencia social, acceso a una vivienda y al mercado laboral. Todo ello contando con la estrecha colaboración de las familias y del Tercer Sector de Acción Social, ya que se hará frente a sus necesidades cambiantes en todas las etapas de su ciclo vital, haciendo hincapié en las personas dependientes.
Sobre esto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en valor que "por primera vez en una normativa de discapacidad se avanza hacia el proyecto de vida" . Además, también celebró que una vez entre en vigor, esta ley para las personas con discapacidad lo que va a hacer es "darle esa tranquilidad a sus familias de que van a estar atendidos con lo que ellos quieren y los apoyos que ellos necesitan". "Compromete la garantía de los apoyos que se vienen prestando y, económicamente, lo que compromete es seguir prestando esos apoyos independientemente del coste de los mismos", agregó.
El segundo objetivo es, a través del desarrollo de la normativa estatal, el de garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente orientado a las situaciones de vulnerabilidad.
El texto está compuesto por 24 artículos distribuidos en tres títulos , a través de los cuales se pretende que tanto el colectivo como sus familias vivan integrados socialmente y puedan desarrollar su proyecto vital. Es el Título I el que desarrolla el sistema y en el que se definen las líneas de apoyo que las personas con discapacidad recibirán en todas las etapas de su vida. Todas ellas orientadas a sus necesidades y aspiraciones de manera individual. Si la labor asistencial se enfocaba desde la intervención profesional, con la nueva norma se centra en las pretensiones particulares del usuario . De este modo, los profesionales ya pueden ir definiendo y adaptando sus intervenciones en las transiciones de cada ciclo de la vida: el paso de la atención temprana al sistema educativo, de éste a la inserción en el mercado laboral, la integración en comunidad o su adaptación a un envejecimiento activo.
La meta no es otra que lograr, a través de los medios necesarios, ya sean asistencia personal o apoyo técnico y formativo, que las personas con discapacidad puedan prepararse para una vida autónoma y participativa orientada hacia donde ellos deseen . Apoyo en las tareas del hogar, en la movilidad, en la comunicación y relación con el entorno y ayuda y asesoramiento en la toma de decisiones. Pero, sobre todo, un aprendizaje continuo para alcanzar el máximo grado posible de independencia.
Capacidad jurídica
El segundo pilar del Proyecto de ley y regulado en el mismo Título es el apoyo y la asistencia al ejercicio con garantías de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Siguiendo lo establecido en la normativa estatal, se pondrá en marcha un servicio que incluye asistencia o acompañamientos a la hora de llevar a cabo actos en los que el ciudadano deba hacer constar su voluntad jurídica como persona física. Todo ello muy enfocado a respetar el proceso de toma de sus propias decisiones.
Finalmente, el texto regula otras situaciones en las que este colectivo necesita apoyos, como la promoción de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia y malos tratos hacia las personas con discapacidad y también contra su explotación.
La aptitud de la futura norma se centra también en la coordinación y colaboración con el resto de las administraciones y con el ámbito privado, fundamentalmente el Tercer Sector.
Según destacó Blanco, el proyecto presentado este jueves responde a "una ley ley importante y muy demandada", que además está "muy consensuada con las entidades del tercer sector". No en vano, la consejera cifró que "afecta a las 175.000 personas con discapacidad en Castilla y León ", el equivalente al 7,4% de la población de la Comunidad. Dentro de este total, además, desgranó que 99.000 personas presentan algún tipo de discapacidad física, 30.000 alguna de tipo mental mental y 20.000 intelectual. 12.400 castellanos y leoneses tienen una discapacidad visual, mientras que en 12.500 personas es auditiva.