La Junta da marcha atrás y acepta dejar sin efecto su orden que permitía mover el ganado bovino en Castilla y León

La Junta de Castilla y León da marcha atrás y acepta dejar sin efecto una orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del 15 de mayo para evitar el veto del Gobierno en la que se permitía el movimiento de ganado bovino en la Comunidad pese a las medidas adoptadas por la Unión Europea para acabar con la tuberculosis bovina. El Ministerio de Agricultura publicó el pasado lunes 29 una orden para restringir la salida de estos animales de Castilla y León, debido a ello la Junta quiere que "deje de estar vigente la orden ministerial" y la opción jurídica que ha encontrado es la de dejar sin efecto su propia orden del 15 de mayo. 

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la solución encontrada por la Administración autonómica es la de no oponerse al requerimiento de la medida cautelar de la orden emitida por la Consejería de Agricultura. El Ejecutivo autonómico espera que después de una resolución judicial, caiga la orden ministerial que impide la salida de ganado bovino de Castilla y León. 

La orden publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del lunes 29 limita el «movimiento del ganado bovino en Castilla y León para evitar poner en riesgo el estatus sanitario», además apuntan que la resolución del Ejecutivo autonómico «vulnera la normativa estatal y europea» en lo que se refiere a la «erradicación obligatoria de la tuberculosis bovina» . Una limitación del movimiento a excepción de las provincias de Burgos, León y Valladolid porque han sido valoradas favorablemente por la Comisión Europea como territorios libres de tuberculosis. De hecho, el ministerio apuntaba que la normativa emitida desde la Consejería de Agricultura era peligrosa para la Comunidad, para España y Europa: «La aplicación de la resolución de Castilla y León pone en riesgo de contagio no solo las explotaciones libres de tuberculosis de Castilla y León, sino a las del resto de del territorio de España y de la UE». Debido a este peligro, la única excepción que contempla el ministerio para que salga ganado bovino de estas provincias de la Comunidad es que su destino sea el matadero. 

A su vez, desde el ministerio indicaban que debido a la «gravedad» de las consecuencias de la posible aplicación de las medidas del Ejecutivo autonómico, la  medida del Gobierno central «se mantendrá vigente durante el tiempo necesario hasta que la Junta de Castilla y León derogue la resolución y restablezca el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional ».

Carriedo apuntó que esta orden ministerial entraña «dificultades» y causa «perjuicios» al sector ganadero de la Comunidad, tal y como ellos mismos les han expresado. Por ello, para «evitar su aplicación» una de las medidas más «inmediatas» es la de no oponerse «al requerimiento de la medida cautelar de suspensión», lo que según el portavoz conllevará la «no aplicación de la orden ministerial» cuando lo determine un juez. Sobre el tiempo que conllevará, apuntó que será «breve», pero no dio más detalles sobre.

Esta situación conllevará a que se vuelva a la legislación anterior al 15 de mayo, cuando la Consejería de Agricultura no había emitido su orden, un escenario que a juicio de Carriedo es mejor que el actual, cuando está vigente la orden ministerial. Se volverá a la situación en la que no se permite el movimiento de ganado, al no oponerse la Junta de Castilla y León al requerimiento para derogar la orden de Agricultura. 

Tras preguntas de los periodistas, el consejero portavoz apuntó que la intención del Gobierno autonómico es flexibilizar la normativa que limita el movimiento de ganado en la Comunidad hasta «donde lo permita la ley» . Asegura que el planteamiento de la Junta es «defender los intereses de Castilla y León , atender los intereses y la defensa del ganado». 

Veterinarios 

Por su parte, los veterinarios alertaron de pérdidas millonarias en la Comunidad ante las restricciones al movimiento de ganado bovino y exigieron en una dura carta del 1 de junio al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que intervenga ante «la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura» , un departamento liderado por Vox, de la mano de Gerardo Dueñas. El Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal-USCAL) lamenta las posibles pérdidas millonarias que puede causar esta situación y le piden por carta al líder del Ejecutivo autonómico que detenga la «sangría económica» y sobre todo la pérdida del «merecido prestigio de los productos pecuarios de Castilla y León». 

El sindicato, según un comunicado recogido por Ical, explica que tres días después de que el Ministerio de Agricultura estableciera límites al movimiento de animales, «ya se están notando los devastadores efectos económicos de su aplicación» . Según los primeros cálculos llevados a cabo por  técnicos de USCAL, los movimientos de la especie bovina, solo en Salamanca, mueven más de cinco millones y medio de euros al mes, en la provincia con mayor cabaña ganadera de Castilla y León y de España.  Estos datos  suponen que cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de doscientos mil euros en esta provincia, a los que hay que sumar las pérdidas en las otras  provincias (todas las de la Comunidad menos Valladolid, Burgos, León) con limitación de sus movimientos pecuarios.

Los veterinarios lamentan que se ha llegado a esta situación por «la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura, que no solo están propiciando unas pérdidas millonarias al subsector del vacuno, sino que están llevando al desprestigio y pérdida de confianza a toda la producción pecuaria de esta Comunidad».

Además de cargar contra la Consejería que encabeza Dueñas, le piden a Mañueco que insté a Agricultura a  que modifique la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo de 2023, ajustándola a la vigente normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes. 

Asimismo, solicitan «amparo y protección» para los funcionarios , que en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, «están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, si están socavando el ejercicio de la función pública».

En su escrito a Fernández Mañueco recuerdan que la «aportación de la ganadería a las cuentas económicas de la comunidad autónoma representa el 51% de la producción de la rama agraria autonómica», unas cifras que son un 15 superiores a la media en España que es «del 36% y que su potencial productivo contribuye decisivamente al desarrollo y sostenibilidad del mundo rural» de Castilla y León. 

Le apuntan al presidente de la Junta que intentaron dirigirse «con escaso éxito» a la «Directora General de Producción Agrícola y Ganadera, Dña. Teresa Rodríguez Vidal» para solicitar la «modificación» de la Resolución que la Consejería publicó el 15 de mayo en el Bocyl. «El motivo, en opinión compartida con los nueve Jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal, era la transgresión de la normativa básica nacional y comunitaria en esta materia». 

Alegan que esta situación «pone en peligro la credibilidad sanitaria de un sector que en Castilla y León alberga el 22% del censo de vacuno de carne del país siendo, además, la locomotora nacional en la producción de leche de oveja de España con el 66%». Además, entre otros asuntos apuntan que todo ello «supone un riesgo sin precedentes del que difícilmente saldremos indemnes». 

En su carta a Mañueco cargan contra unas declaraciones del consejero de Agricultura sobre los programas de erradicación de la Tuberculosis Bovina: «Le hacemos notar la distorsión sanitaria y productiva que tiene de ella, y le recordamos que si se hacen realidad sus intenciones dejarían en un evidente riesgo de inmovilización y pérdida de competitividad a este nuestro sector ganadero».

Por todo ello le piden al presidente del Ejecutivo autonómico que «inste al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a que modifique la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo de 2023 ajustándola a la vigente normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes». 

De la misma forma, el sindicato veterinario de la Comunidad pide «amparo y protección» para los funcionarios que «en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, sí están socavando el ejercicio de la función pública».