Las oficinas 'antiokupas' lucharán contra la ocupación cuyas denuncias suben un 64% en Castilla y León
La Junta y el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana firman un convenio de 4 años prorrogable para disponer oficinas en las nueve provincias de la Comunidad que informarán, asesorarán y apoyarán a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firma con el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, un convenio para la implantación de oficinas de información antiocupación en Castilla y León. -ICAL
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones , y el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino , han firmado este viernes un convenio de colaboración para implantar una oficina de información antiocupación en cada una de las provincias de la Comunidad . Además de defender el derecho a la propiedad privada, el objetivo de la firma es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, con las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
"En la voluntad de la defensa de esa propiedad ante un fenómeno que ahora vamos a hacer unas reflexiones que preocupa y que produce un efecto de alarma social , nos ha llevado a la firma hoy de este acto administrativo, de este convenio de colaboración entre las dos instituciones", ha comenzado su comparecencia Suárez-Quiñones, acompañado también de la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo . Así, la Junta y el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, como asociaciones de interés social sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, han acordado colaborar para ofrecer a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, asesorándoles y atendiéndoles en sus necesidades y demandas , implantando una oficina de información en cada una de las sedes de cada una de las Cámaras de la Comunidad.
"Tienen en su plantilla un conjunto de profesionales especializados, incluidos jurídicos, que hacen de forma habitual el prestar asesoramiento a sus asociados, pero que ahora se abren, y eso se agradecerá, no solo a informar y asesorar a los asociados, sino también a cualquier persona que se encuentre en una situación de este tipo" , ha explicado el consejero al respecto del funcionamiento de las oficinas, que comenzarán a funcionar desde el próximo lunes en las sedes provinciales del Consejo. De esta manera, al asesoramiento, según ha detallado, podrán acceder “no solo los propietarios, sino vecinos o familiares de un mayor que sea titular”. "Lo que pretendemos es que las personas que sufren de forma directa e indirecta este fenómeno no se encuentren solas" , ha agregado.
Suárez-Quiñones se ha mostrado tajante ante la situación actual con "datos crecientes", tanto a nivel nacional como en Castilla y León. En España, se han contabilizado en torno a 17.000 denuncias en 2022, mientras que en 2016 hubo 9.998. En la Comunidad los registros también aumentaron, pasando 125 casos de ocupación denunciados en 2016, a contar con 205 en 2021, lo que supone un incremento del 64% en un periodo de cinco años. "Estas oficinas darán toda esa información, asesoramiento y apoyo a las personas que tienen este problema", ha señalado respecto a las voluntades de ambas estructuras, que confluyen "para hacer esa información ante esa alarma social que genera el fenómeno de la ocupación de viviendas".
Además de estas oficinas, la información estará también disponible en la web de la Junta de Castilla y León y el teléfono 012 , de atención al ciudadano, será "la puerta de entrada" que derivará las consultas a partir del lunes a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.
Por su parte, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino , ha explicado que desde su entidad están “preparados para evitar que en Castilla y León se pueda replicar el caos que están sufriendo otras comunidades autónomas, con barrios enteros ocupados”. “Tenemos un equipo de abogados muy buenos, colaboramos hace mucho tiempo con la Junta en materia de vivienda y estamos a disposición para que la gente reciba toda la información precisa en los casos que requieran asesoramiento o intervención judicial. Queremos que no se produzcan casos de este tipo, y tenemos los medios y gente experta para conseguirlo” , ha sentenciado.
Las Cámaras de la Propiedad Urbana de la Comunidad se comprometen a prestar, desde sus dependencias y con su personal, un servicio de información y asesoramiento en materia de ocupación ilegal de viviendas. Se facilitará toda la información y asesoramiento que solicite en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio tienen como obligaciones confeccionar, facilitar y compartir con las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León la normativa, documentación informativa, datos estadísticos y demás información de interés necesaria para la prestación del servicio de información . Este contenido y el proporcionado por las oficinas de información se incorporará a la página de Vivienda de la web oficial de la Junta de Castilla y León. Además, el convenio contempla la obligación de la Consejería de facilitar sus instalaciones para la celebración de actos informativos, jornadas y congresos organizados por el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana en colaboración con la propia Consejería.
Asimismo, colaborará en la formación especializada de las personas que, desde las Cámaras de la Propiedad Urbana, atenderán los requerimientos de ayuda.
Ambas entidades se comprometen a la recogida de datos de este fenómeno ilegal a fin de configurar datos estadísticos que sirvan para conocer la realidad de los hechos en la Comunidad y servir de orientación para las actuaciones de ambas instituciones en la materia.
Comunicación de hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El convenio de colaboración establece también que el personal que atiende el servicio de asesoramiento, cuando por las circunstancias de la persona que requiera la intervención de la oficina se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades, podrá poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte en el curso de la prestación de asesoramiento e información . A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.
El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiéndose prorrogar por otros cuatro , y prevé una Comisión de Seguimiento paritaria para hacer efectivo su desarrollo, efectividad y eficacia.