Castilla y León destina 50 millones para 1.102 viviendas de alquiler social

Castilla y León destina más de 50 millones de euros para financiar la construcción de más de mil viviendas. El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la autorización para dar luz verde a estas nuevas edificaciones. Estarán destinadas al alquiler social, fundamentalmente para jóvenes , a través del ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’. Así lo anunció el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Serán en concreto 1.102 viviendas colaborativas con espacios comunes que construirá la Junta a través de Somacyl, con un total de 48,6 millones de euros y la cofinanciación de fondos europeos . Las viviendas se construirán en las capitales de provincia de la Comunidad  y se ubicarán en terrenos titularidad pública de Ávila (40 viviendas), Burgos (268), León (120), Palencia (50), Segovia (100), Soria (40), Valladolid (444) y Zamora (40 viviendas). A este dinero se añade 1,8M€ correspondiente a la subvención de la Junta al Ayuntamiento de Salamanca para la adquisición de viviendas dirigidas también al alquiler.

Castilla y León contará por tanto con nuevas viviendas y se debe a varios acuerdos firmados los últimos meses por el Gobierno de España y la Junta a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU. De este modo, Castilla y León verá incrementado el parque público de viviendas para alquiler con preferencia para los jóvenes. Se trata de una firme apuesta para facilitar el acceso a estos pisos de quienes no cuentan con medios económicos para dar este paso en busca de una vivienda.

La construcción de estos pisos se incluye en el ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, y prevé la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública para ser destinadas al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años, de acuerdo con las condiciones.

Carriedo señaló ayer que estas  viviendas estarán situadas en los sitios de más demanda y con más carencia de vivienda ante las necesidades y añadió que la Junta está hablando con los Ayuntamientos para la cesión de determinadas parcelas y que algunas tramitaciones están más avanzadas. No habrá fechas concretas en la ejecución de plazos.

La relación de las 1.102 viviendas incluye todas las capitales de Castilla y León excepto Salamanca y es que el Ejecutivo regional aprobó ayer una subvención al Ayuntamiento de la ciudad para la compra de viviendas que también serán destinadas al alquiler. En concreto, el Consistorio salmantino recibirá 1.788.000 euros para adquirir 18 viviendas. Esta subvención forma parte del Programa de incremento del parque de viviendas del Real Decreto 42/2022 que gestionará la Junta tras el convenio de colaboración firmado con el Gobierno el 26 de julio de 2022. El objetivo es incrementar el parque de vivienda en alquiler y facilitar la financiación con cargo a las ayudas para estos pisos que se van a destinar al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años.

La Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, desarrolla el programa ‘Vivienda y Suelo’, en el que además de las actuaciones realizadas mediante inversión directa se contempla la concesión de subvenciones a entidades públicas para la compra de viviendas con objeto de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso.

El Ayuntamiento de Salamanca comprará 18 viviendas ubicadas en la capital para incrementar el parque público de pisos destinado al alquiler o cesión en uso. Para ello, el pasado 31 de octubre suscribió un acuerdo con el Gobierno y la Junta, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 42/2022 de 18 de enero y en el convenio de colaboración más amplio que sellaron el 26 de julio la Junta y el Ministerio.

La subvención aprobada en el Consejo de Gobierno está cofinanciada por los Gobiernos nacional y autonómico. El Consistorio salmantino, por su parte, aportará para la financiación 1.156.000 euros. Los acuerdos en materia de vivienda entre el Estado y la Junta se firmaron en 2022. Ahora, sin embargo, el Gobierno ha anunciado diversas actuaciones que han provocado el malestar de Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del Ejecutivo autonómico pidió este pasado lunes a Pedro Sánchez que pacte con las comunidades autónomas las medidas en vivienda y deje los anuncios que terminan en «chapuzas». El presidente de la Junta animó al Gobierno de la nación a seguir «copiando»  los proyectos del Partido Popular pero con «eficacia». Mañueco acusó al Gobierno de dejar fuera a casi 12.000 solicitantes, en lo que calificó de otra «chapuza».

Mañueco defiende que la política de la Junta en materia de vivienda es «rigurosa, seria y cierta» . Tras la publicación de la orden en relación al 17,5% del aval de la Junta en el préstamo para la compra de una vivienda por los jóvenes, Mañueco precisó que en unas dos semanas estarán los formularios para los solicitantes y al mismo tiempo dijo que no se conoce nada de la medida del Gobierno, más allá del anuncio del presidente. 

Otra de las medidas anunciadas Sánchez, que consiste en movilizar 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas a alquiler social, también fue criticada por la Junta y es que desde el primer momento fueron varias las voces que advirtieron que muchos de esos inmuebles no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, al igual que hay otras ocupadas o sin construir. En el caso de Castilla y León, fue la propia Junta la que rebajó a menos de cien las viviendas aprovechables , y un rápido vistazo al catálogo de la Sareb en la Comunidad confirma la abundancia de casas inacabadas y edificios en estado de ruina.

Es evidente que el anuncio que realizó el presidente del Gobierno requiere de muchas matizaciones. La principal es que gran parte de las 50.000 viviendas mencionadas no se podrán utilizar para alquiler a menos que ayuntamientos y comunidades autónomas las adquieran y posteriormente las rehabiliten, todo ello con fondos propios y sin que el Ejecutivo central haya hecho mención alguna a si hará algún tipo de aportación.

Castilla y León solicitó al Gobierno la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se dirigió en abril por carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que instó a la «urgente convocatoria» de la Conferencia Sectorial de Vivienda para tratar el proyecto de Ley de Vivienda. Suárez-Quiñones expresó su malestar por tener conocimiento los consejeros autonómicos de «esta importante iniciativa legislativa» únicamente a través de los medios de comunicación. Suárez-Quiñones reprochó en la carta la «nula información» recibida acerca del contenido del proyecto de Ley de Vivienda y reclamó que la reunión cuente con este único punto en el orden del día para recibir información de una forma completa y exhaustiva.