El Procurador del Común pide cambios normativos a la Junta para ampliar el alquiler social

El Procurador del Común, Tomás Quintana , presentó ayer el Informe Anual de 2022 con el mensaje a la Junta de Castilla y León de abordar los cambios normativos necesarios para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler con un número de inmuebles que permitan atender las situaciones de especial y urgente necesidad.

En el pleno monográfico de las Cortes, Tomás Quintana desgranó las quejas recibidas y las actuaciones de oficio realizadas en el año 2022, ya de normalidad en el trabajo de la institución tras los dos años de pandemia. «Reafirmo mi compromiso y, en su nombre, el de todo el personal que presta sus servicios en la institución con la defensa de los derechos de las personas a las que servimos», cerró su intervención.

Todos los grupos de la Cámara reconocieron su compromiso, sensibilidad y trabajo, pero solo Francisco Igea (Ciudadanos) se refirió expresamente a que el Procurador del Común está en funciones desde el mes de octubre y pendiente de una renovación que abrió el PP con reuniones, pero que en este momento está parada , informa Ical.

Uno de los asuntos que abordó fue la vivienda en un asunto sobre el que destacó las quejas que reivindican el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y pidió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que «no pase por alto la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores» en la tramitación de las ayudas a la vivienda.

En la misma materia, recomendó a la Consejería que promueva modificaciones normativas para que los titulares de viviendas de régimen de protección puedan realizar reformas e incrementar la superficie útil de las viviendas cuando esté justificado por el aumento de miembros de la unidad familiar. 

Un 11% sin aceptación

Tomás Quintana arrancó la presentación del Informe con la manifestación de que «afortunadamente» 2022 ha sido el año de superación de la crisis sanitaria del Covid y la vuelta a la normalidad, aunque afirmó que no se ha limitado el trabajo de la institución, con 8.310 expedientes tramitados a partir de 1.807 quejas recibidas y 63 actuaciones de oficio .

Durante el pasado año, el Procurador dictó 1.533 resoluciones, 170 archivadas por no apreciar irregularidad y en 1.363 se formularon recomendaciones , de ellas, a 28 de febrero de este año, un total de 1.038 había recibido contestación (76,16%) y fueron aceptadas 923 (88,92%), 806 no fueron asumidas en su totalidad (77,65%) y 115 no fueron aceptadas (11,08%).

También, reflejó los 98 expedientes (12,52%) archivados sin respuesta por lo que expresó el rechazo no solo por lo que supone «una falta de consideración» hacia el trabajo que realiza la institución, sino, por «la inadmisible indiferencia que supone hacía el ciudadano que espera la respuesta de la Administración concernida por nuestra resolución».

Las 63 actuaciones de oficio dieron lugar a 584 resoluciones, de las que 392 fueron aceptadas, 18 asumidas parcialmente y 19 rechazadas , lo que, explicó el Procurador, ha supuesto la aceptación del 95,57% y solo se rechazaron el 4,43%.

La institución recibió 938 quejas , que representan el 51,91% del total de las recibidas, de las administraciones locales, 845 afectaron a Ayuntamientos (90,09%) y 44 a diputaciones provinciales (4,69%), y 679 quejas, que representan el 37,58% del total, a la administración autonómica. De la actuación de la Administración del Estado recibió 139 quejas , que representan el 7,69% del total y fueron trasladadas al Defensor del Pueblo.

Por áreas, destacó las 1.333 denuncias por deficiencias sanitarias en la Zona Básica de Salud de Tábara (Zamora); 789 por el retraso en la construcción del nuevo centro de salud de de Sahagún (León); y 116 en contra de la suspensión de la consulta médica semanal en Castillejo de Azaba (Salamanca).