La Junta de Castilla y León licita por 11 millones la centralita del 112 e incluye la subrogación de plantilla

La Junta de Castilla y León ha retomado la contratación del servicio de atención de llamadas del 112 por un importe de 10,9 millones de euros (IVA incluido) y, esta vez, sí ha especificado que la empresa que se encargue de su gestión tiene que subrogar a la plantilla, algo que no hizo en el pliego anterior y que motivó la denuncia de los representantes de los trabajadores ante el tribunal administrativo de recursos contractuales, Tarcyl. 

En esta ocasión la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio precisa que  quienes tomen las riendas de la explotación operativa de las salas están obligados a mantener a los empleados actuales, e incluye un anexo de los costes salariales, teniendo en cuenta la categoría profesional de cada uno, el tipo de contrato, la antigüedad, el tipo de jornada y el salario bruto anual. 

Un desglose que no adjuntaron de forma correcta en el procedimiento iniciado en diciembre de 2021, según denunció el comité de empresa ante el Tarcyl, y que propició la paralización del expediente. Finalmente el Tarcyl, ante ésta y otras reclamaciones, consideró que la información suministrada por la Junta era «inconcreta y oscura en alguno de sus aspectos», lo que impedía a los interesados realizar una «exacta valoración de los costes laborales».

Ante la resolución del tribunal, la Consejería capitaneada por Juan Carlos Suárez-Quiñones decidió anular los pliegos y optó por firmar con Ilunion un contrato de emergencia por tres millones de euros, vigente desde mayo desde 2022. Y es ahora cuando retoma el procedimiento suspendido por errores en materia laboral. 

Pero no hay que olvidar que no es la primera vez que la Junta tropieza con la misma piedra. En el año 2020 también se vio obligada a suspender los trámites para contratar la gestión de las salas de atención telefónica del Centro de Emergencias 112 , en esta ocasión no por la denuncia de la plantilla, sino porque varios licitadores interesados en presentar ofertas habían lanzado consultas «relativas a los costes salariales», puesto que se trata de una variable que «influye en el conjunto del presupuesto». Es decir, la información de los pliegos tampoco estaba clara para los interesados en pujar. 

Con dos recientes y controvertidas experiencias previas, esta vez parece que han apostado por incluir desde el principio el detalle de lo que cobran las 106 personas en plantilla, 76 de ellas, gestores telefónicos. «Ahora sí se incluye la subrogación, que era nuestro caballo de batalla; la mezcla de nuestras denuncias ante el Tarcyl y el hecho de que el convenio de los contact center ya incluyan la subrogación, han influido», explicó la delegada del comité de empresa, Ana Arribas, de CGT. 

A juicio de la representante sindical, en este sentido están «más tranquilos», pero critica que la Junta de Castilla y León «se lave las manos» y continúe externalizando el servicio, cuando en otras comunidades, como LaRioja, según puso como ejemplo, ya están tramitando la asunción con personal propio.

«Esto es un servicio crítico, según dice la Consejería de Medio Ambiente, pero no hay voluntad política para una mejora real de las condiciones de la plantilla», añadió Arribas después de recordar que el verano pasado estuvieron tres meses con jornadas de huelga «todos los viernes del verano», para arañar mejoras. «La Junta tardó en sentarse a negociar y al final llegamos a un acuerdo con ligerísimas mejoras, porque los de abajo seguimos en condiciones precarias. Tanto, que los veteranos se van y los que vienen a formarse no se quedan».  

Más allá de esta situación, la delegada de CGT recordó que en 2021 se creó una mesa de negociación para abordar el convenio sectorial regional , pero no ha tenido ningún recorrido ni se consiguió nada. «Seguimos en precario».

Además de incluir de forma detallada un anexo con la situación de la plantilla, el contrato actualmente en licitación relativo a la «explotación de las salas de atención de llamadas del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León» incluye variaciones respecto al pliego anterior, el anulado después de la resolución del Tarcyl. 

En aquél se preveía un desembolso de 12,6 millones de euros, mientras que ahora la estimación es de 11,9 millones. Pero la diferencia no responde a una rebaja de condiciones, sino a un cambio temporal en la prestación. Porque cuando se anunció la contratación del servicio a finales del 2021 la referencia era una ejecución durante 36 meses (tres años), mientras que ahora la duración es de 24 (dos años). En ambos casos, con opción a prórrogas.

A tenor de estas cifras se desprende que el coste estimado en el anterior expediente era de 4,2 millones al año y a hora se ha elevado a 5,4 millones, en torno a un 28% . Y eso a pesar de que no ha habido cambios significativos en los pliegos en cuanto a mejoras en la atención, según el sindicato con representación mayoritaria en el comité de empresa, que incide en que el personal está «desbordado» por el «dimensionamiento de la sala».

La queja hace referencia a que resulta «imposible» atender el volumen de llamadas que reciben con los recursos exigidos. En el tramo horario de 2 a 7 horas, en concreto, el mínimo es de tres personas gestionando llamadas de lunes a jueves, y de cuatro personas los viernes, sábados, domingos y festividades nacionales. El resto de las horas del día, el número mínimo de gestores asignado en cada turno es de cinco efectivos. Además, en la categoría de supervisor, hay dos de forma simultánea de lunes a domingo de 7 a 23 horas, y uno el resto del tiempo.  

La nueva empresa empezará a prestar servicio a partir del 1 de septiembre de este año, según está previsto.