La solución de Pedro Sánchez a la vivienda: casas del Sareb inacabadas y ruinosas en Castilla y León

La última medida anunciada por Pedro Sánchez consiste en movilizar 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas a alquiler social. Sin embargo, ya desde un primer momento fueron varias las voces que advirtieron que muchos de esos inmuebles no reúnen unas condiciones mínimas de habitabilidad , al igual que hay otras ocupadas o sin construir. En el caso de Castilla y León, fue la propia Junta la que este martes rebajó a menos de cien las viviendas aprovechables , y un rápido vistazo al catálogo de la Sareb en la Comunidad confirma la abundancia de casas inacabadas y edificios ruinosos con las que el presidente del Gobierno pretende, según dijo, solucionar la actual situación de los alquileres.

Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en la provincia de Valladolid, en la localidad de Matapozuelos. Allí se ubica una hilera de 14 chalets que data de 2006 y que por no tener, no tienen ni tejado . De hecho, a día de hoy lo que se puede ver es una promoción parada en la que solo existen los cimientos y las paredes, aún con ladrillo visto, pero sin ventanas ni puertas. En definitiva, meras estructuras que están aún muy lejos de poderse destinar a alquiler.

Para poderlas ofertar como vivienda, el procedimiento tampoco es sencillo. En primer lugar debe ser la Administración autonómica o municipal, en este caso esta última, la que adquiera esas viviendas. Eso quiere decir que ya hay un primer gasto por parte del Ayuntamiento , que luego debe hacerse cargo de traspasar la rehabilitación de los inmuebles a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) , que sería la que con fondos de la Junta acometiera los trabajos.

En cualquier caso, según trasladan a este periódico desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el Gobierno tampoco ha aclarado si este cambio de titularidad se hará mediante venta, cesión u otro sistema , en lo que señalan es un nuevo ejemplo de la caótica gestión del Ejecutivo de Sánchez.

En definitiva, un procedimiento administrativo que, en primer lugar y a pesar de su falta de concreción, parece que requiere de acuerdos entre diferentes organismos y, en segundo lugar, trae consigo una demora que hará que las viviendas no estén a punto a corto plazo . Sí lo estarán aquellas en buen estado de conservación, pero que la Junta cifra en menos de un centenar frente a las 2.288 movilizadas por la Sareb en el territorio autonómico.

Pero el ejemplo de Matapozuelos es solo uno de muchos. En la localidad leonesa de Cuadros ocurre algo muy similar con otra promoción de chalets, aunque en este caso el estado de las obras es todavía peor que en el municipio vallisoletano. Con apenas unas pocas paredes levantadas, solo la estructura de toda la promoción permite pensar en que esas edificaciones apenas iniciadas puedan llegar a ser viviendas en un futuro, tal y como muestran las imágenes de su estado actual. Actual y desde hace años, pues la irrupción de la crisis inmobiliaria de 2008 provocó la paralización de muchas construcciones que, como en este caso, pasaron a manos del Sareb y nunca se retomaron.

Y de nuevo en la provincia de Valladolid, existe otro ejemplo que no consiste en viviendas individuales, sino en un edificio cuyo estado no es mejor que en los casos anteriores. En la calle Felipe Guillén de Arroyo de la Encomienda, en pleno alfoz de la capital, se levanta la estructura de una construcción diseñada con cinco alturas, pero en tal estado de abandono que incluso los materiales aún se encuentran en el solar contiguo. También en la calle Palomas de la misma localidad se sitúan varios chalets que, a pesar de tener las obras más avanzadas, han caído igualmente en el abandono.

Por lo tanto, resulta evidente que el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, pese a sonar como una gran noticia, requiere de muchas matizaciones. La principal es que gran parte de las 50.000 viviendas mencionadas no se podrán utilizar para alquiler a menos que ayuntamientos y comunidades autónomas las adquieran y posteriormente las rehabiliten, todo ello con fondos propios y sin que el Ejecutivo central haya hecho mención alguna a si hará algún tipo de aportación.