La Junta gestionará 3.000 viviendas de la Sareb destinadas a alquiler joven

De la nada y sin aviso previo, Castilla y León deberá hacer frente a la gestión de casi 3.000 viviendas destinadas al alquiler de jóvenes y familias . Todo ello, después de que este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara por sorpresa que el Ejecutivo que dirige tiene previsto poner en alquiler joven y para familias las 50.000 viviendas con las que cuenta la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Una decisión que se hará oficial este mismo martes en el Consejo de Ministros y que implicará que sean las comunidades autónomas y los municipios quienes que gestionen dichos alquileres, casi 3.000 en Castilla y León.  

Según los datos que figuran en la página web de la propia Sareb, concretamente son 2.794 las viviendas que el denominado popularmente como ‘banco malo’ contabiliza en territorio de la Comunidad. En cualquier caso, los bienes que a día de hoy figuran en el catálogo de la sociedad de gestión de activos van más allá, puesto que también figuran 2.816 anejos, 880 obras en curso, 3.836 suelos y 859 terciarios.

No obstante, las que aquí competen y que forman parte de ese anuncio de Sánchez son esas 2.794 viviendas, de las que 672 se localizan en la provincia de Valladolid y 523 en la de León como los territorios con un catálogo más amplio. En el caso de Ávila se registran 384 activos de este tipo, frente a los 353 de Salamanca , los 323 de Segovia o los 310 de Burgos . Por su parte, Soria es la última provincia en superar la centena, con 106, mientras que Palencia se queda en 80 y Zamora cierra la lista con 79.

Más allá de estos datos, el anuncio de Pedro Sánchez ha calado en Castilla y León provocando la estupefacción de la Administración autonómica, pues será la que en último término tenga que asumir la gestión. Según fuentes consultadas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, lo que reina ahora es la incertidumbre , puesto que no han recibido ninguna directriz de cómo se llevará a cabo este proceso.

Además, a ello se suman también las no pocas críticas que han surgido tras el anuncio del presidente del Gobierno y que sostienen que las viviendas de la Sareb son, en muchos casos, inhabitables por el nefasto estado en el que se encuentran. Eso, cuando no se trata de inmuebles ocupados o cuyas obras nunca se llegaron a concluir , a los que se suman otras que no han superado la fase de proyecto.

De hecho, de estos últimos supuestos también hay ejemplos en Castilla y León. Tan solo hay que visitar los portales web de las promotoras que figuran en la web de la Sareb para encontrar viviendas que, si bien figuran como parte del catálogo de la sociedad, están aún muy lejos de ser habitables . A modo de ejemplo, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda se anuncia una promoción cuyas obras ni siquiera se han iniciado, mientras que en Ávila hay cerca de 30 chalets cuyas obras siguen en el limbo.

El anuncio de Sánchez se muestra, por tanto, como un nuevo foco de polémica que surge cuando apenas se ha calmado la que envuelve el Bono Alquiler Joven , también impulsado por el Gobierno y cuyos fondos ya se han consumido dejando a miles de solicitantes en la estacada. Y por si fuera poco, ahora el Ejecutivo central pide a la Junta que se haga cargo del programa aportando fondos propios, a pesar de que la Junta ya cuenta con su propio plan.

Por tanto, las discrepancias entre la Administración general y la autonómica en materia de vivienda siguen en aumento, lo cual también se puso ayer de manifiesto con la carta que el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, remitió a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que instó a la «urgente convocatoria» de la Conferencia Sectorial de Vivienda para tratar el recién aprobado proyecto de Ley de Vivienda, según un comunicado recogido por Ical.

Suárez-Quiñones expresó su malestar por tener conocimiento los consejeros autonómicos de «esta importante iniciativa legislativa» únicamente a través de los medios de comunicación, «máxime siendo una materia en la que, junto a su indudable trascendencia social, concurre la circunstancia, no menor, de que es de exclusiva competencia autonómica» .

También reprochó en la misiva la «nula información» recibida acerca del contenido del proyecto de Ley de Vivienda y reclamó que la reunión cuente con este único punto en el orden del día para recibir información «de un modo completo y exhaustivo» sobre el proyecto.

La Junta de Castilla y León ha tenido constancia de que otras comunidades autónomas también se han sumado a la demanda de información y se han dirigido al Gobierno central para reclamar la celebración urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, entre ellas la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Región de Murcia. 

Por otro lado, el portavoz político y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, desdeñó este lunes el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en alquiler asequible las 50.000 viviendas de la Sareb, calificando la medida de «trampa» y de «patada para adelante» al estar las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, al tiempo que avanzó que su partido se opondrá en Castilla y León a favorecer la aplicación de la ley de vivienda.

Para Buxadé, que compareció ayer en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, se trata de una medida «trampa, engañosa, falsaria». «Porque no se trata de que se pongan las 50.000 en alquiler, sino de, al parecer, repartirlas entre las comunidades autónomas y administraciones públicas locales, es decir, es la patada para adelante porque hay elecciones dentro de un mes y medio» , censuró.

El portavoz incidió en que esas viviendas están disponibles «desde hace años», se preguntó qué se ha hecho «con todo el patrimonio» de la Sareb durante este tiempo y señaló que Vox ha presentado iniciativas en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas «exigiendo la puesta a disposición de esas viviendas en régimen de alquiler» , pero que «siempre han recibido un ‘no’ como respuesta», informa Europa Press.

Finalmente, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, señaló que las comunidades autónomas son las que deben gestionar los parques públicos de vivienda de alquiler y que «estaría bien que lo hicieran aportando recursos propios».

«En el caso de las 50.000 viviendas de la Sareb que se van a poner a disposición para crear un parque público de vivienda de alquiler, tendrán que ser las comunidades autónomas las que gestionen ese parque público de vivienda» , apuntó Tudanca ayer en declaraciones a los medios.

El dirigente socialista hizo hincapié en que «estaría bien» que las autonomías aportaran «recursos propios» porque, a su juicio, «lo que no puede ser es que mientras la Junta de Castilla y León le perdona impuestos a los más ricos, luego tiene que acabar pidiendo siempre más dinero a papá Estado para que solucionen los problemas que son de su competencia».