Diario de Castilla y León

Quintana reconoce que «si esto sigue así, los retrasos se irán acumulando»

El Común confía en recibir más medios «a lo largo de este año»

El Procurador de Común, Tomás Quintana López, en un pleno de las Cortes de Castilla y León. -ICAL

El Procurador de Común, Tomás Quintana López, en un pleno de las Cortes de Castilla y León. -ICAL

Publicado por
Ricardo García
Valladolid

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La situación en que se encuentra sumido el Comisionado de Transparencia de Castilla y León no le es ajena a su máximo responsable, Tomás Quintana, quien también ejerce como Procurador del Común. Es él mismo quien, en declaraciones a este periódico, reconoce que la carga de trabajo es inasumible para una única persona. Él mismo explica que en 2016, cuando se crearon tanto el Comisionado de Transparencia como la comisión, se hizo «a través de una ley que determina que funcionará a coste cero a través de medios del Procurador del Común» . No obstante, esta decisión que se tomó hace ya más de seis años no se sustenta con las cifras que se manejan actualmente y que detalla Tomás Quintana. «De 2016 a 2022 hemos pasado de cien reclamaciones a más de 750», expone, al tiempo que aclara que todas ellas se deben abordar «con los mismos medios».

Al fin y al cabo, el Procurador del Común es otra institución que, si bien realiza una labor crucial en Castilla y León y similar a la que lleva a cabo el Defensor del Pueblo para el conjunto de España, tampoco destaca por su dotación de medios personales, ya que esta está también bastante ajustada . Es más, es él mismo quien reconoce que «si esto sigue así los retrasos se irán acumulando», de manera que la Transparencia continuará sin ser algo real y eficaz en Castilla y León. 

Según aclara Quintana, la dotación de medios del Procurador del Común, y por tanto del Comisionado de Transparencia, es responsabilidad de las Cortes de Castilla y León. Además, en este mismo sentido, avanza que quizá en los próximos meses la situación mejore. «Esperamos más medios a lo largo de este año» , apunta, a pesar de que los presupuestos para este ejercicio llevan desde diciembre cerrados y aprobados.

A pesar de todo, Tomás Quintana defiende que aunque una resolución se demore algunos años antes de hacerse definitiva, eso no tiene por qué ser sinónimo de que ya no exista interés al respecto. «Pudiera ser que se haya perdido o que se haya incrementado», recalca, al tiempo que apostilla que «puede que adquiera un interés público mayor».

En cualquier caso, el Comisionado de Transparencia apunta que la única prioridad que se establece en sus resoluciones es por orden de recepción de las reclamaciones. «No resolvemos en función del interés de las cosas», matiza Quintana.

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