La Transparencia es un timo en Castilla y León

Mucho trabajo y muy pocos medios . Esto es, a grandes rasgos, a lo que se enfrenta día tras día el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, una institución vinculada al Procurador del Común y que concentra todas sus funciones en una sola persona.  Dicho trabajador es responsable de que unas 5.000 administraciones cumplan en esta materia, al tiempo que se encarga de responder a los cientos de reclamaciones que se presentan cada año (794 en 2022 según las cifras facilitadas por el propio Comisionado), lo que hace que, comprensiblemente, no dé a basto y los expedientes acumulen años de retraso. Ante esta situación, la bienintencionada transparencia pierde relevancia y se convierte en un timo en la Comunidad.

La definición de timo, según la RAE, incluye una acepción que se refiere a «engañar con promesas o esperanzas», la cual tiene mucho que ver con lo que ocurre con la transparencia en Castilla y León. Existe una voluntad de que ésta se lleve a cabo, tal y como demuestra la existencia del Comisionado, pero la casi nula disposición de medios antes mencionada hace que se quede, precisamente, en una esperanza que muy pocas veces se hace efectiva.

No es difícil encontrar resoluciones del Comisionado de Transparencia que dan respuesta a reclamaciones presentadas más de tres años atrás , tal y como publicó este periódico en el mes de febrero acerca de una demanda de información a la Consejería de Empleo relativa al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla). Dicha solicitud se tramitó en febrero de 2020, y no fue hasta ese mes cuando recibió respuesta. Por lo tanto, el interés que los datos pudieran tener a la hora de ser requeridos es fácil que se haya diluido e, incluso, que esas mismas cifras ahora se encuentren desactualizadas y resulten inútiles. En definitiva, esa labor realizada por el Comisionado, que dados sus escasos recursos no parece nada fácil, cae en saco roto. 

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En este sentido, conviene destacar que el Comisionado de Transparencia se creó en 2016 , cuando todavía existía un contexto de crisis económica, y es por eso que se proyectó como una entidad a coste cero y sujeta al Procurador de Común. Sobre el papel, y durante sus primeros meses de historia, su fórmula parecía servir, ya que las reclamaciones a las que hacía frente todavía se movían en cifras asumibles, pero a medida que las resoluciones comenzaron a llegar a las administraciones y con los ciudadanos viendo

en primera persona la utilidad de este organismo, los expedientes se incrementaron de manera exponencial sin que lo hicieran las personas encargadas de ellos. En definitiva, mucho mayor trabajo para la misma única persona solo puede significar un amontonamiento de documentos que se pierden en el tiempo.

Así las cosas, la gran pregunta que surge es la de quién tiene la responsabilidad de que el Comisionado de Transparencia esté tan infradotado como para no poder cumplir con su función principal , o al menos hacerlo en un intervalo de tiempo razonable como para que dicho cometido tenga sentido.

En este sentido, la respuesta más razonable señala directamente a las Cortes de Castilla y León , pues son estas las que deben mantener el Procurador del Común y, por tanto, el Comisionado de Transparencia como instituciones propias de la comunidad autónoma. En cualquier caso, y a la vista de la disponibilidad de medios que existe, es evidente que dicha responsabilidad queda desatendida, ya que en instituciones de este tipo la mejor fórmula para garantizar no solo su sostenimiento, sino un adecuado desarrollo de sus funciones, es que cuenten con el personal adecuado.

Y es que, al fin y al cabo, que exista un grado adecuado de transparencia en Castilla y León requiere de un trabajo complejo , ese que realiza una única persona, pero que podría ser mucho más.

Por mucho que se defienda verbalmente, la transparencia es una materia que si bien pretende garantizar la correcta labor de cualquier administración, no siempre se le da el correcto cumplimiento . Sin ir más lejos cabe recordar como en la pasada legislatura, entre las consejerías de la Junta de Castilla y León existía una que llevó esta práctica no solo a sus funciones, sino a su nombre. Sin embargo, con el también vicepresidente Francisco Igea al frente, el mencionado departamento no dio respuesta a las necesidades del Comisionado, a pesar de que ya por aquel entonces se apreciaban muestras de que el trabajo acabaría por desbordarse.

Puede que el Procurador del Común dependa directamente de las Cortes, pero no es descabellado pensar que, si una institución no ofrece apoyo suficiente, sea otra la que tome las riendas y más aún cuando la transparencia se anunciaba siempre como uno de sus estandartes.

Más allá de todo esto, lo que es evidente es que la situación del Comisionado de Transparencia es insostenible . Por muy buenos que sean los objetivos con los que este organismo vio la luz, no disponer de personal suficiente para realizar un trabajo preciso y a la altura de lo que demandan los ciudadanos. En la propia comisión lo saben, y aunque tratan de cumplir de la mejor manera posible, en muchos casos ven como estas limitaciones llevan a que su labor, en ningún caso prescindible, queda denostada por el tiempo.

Por parte del organismo que dirige Tomás Quintana solo queda esperar y ver si esas promesas de refuerzo de personal con las que cuenta el Procurador se hacen finalmente realidad y agilizan la labor del Comisionado para que pueda cumplir con su cometido original y ponga fin a una etapa en la que la transparencia en Castilla y León, tan defendida y loada, tiene más de timo que de realidad simplemente porque no se ha contratado a más personas que lleven a cabo su labor.