El procurador del Común recibe 1.807 reclamaciones en Castilla y León con la aparición de quejas sobre parques eólicos y solares

La Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación acaparan el 17% de las quejas al Procurador del Común en el año 2022 . La primera de ellas tiene 192 reclamaciones y la segunda 120. Aunque son los organismos del Gobierno autonómico que más tienen, descienden en relación al año 2021 cuando tuvieron 217 y 108 quejas respectivamente. Estas dos consejerías acumulan el 47% de las reclamaciones, prácticamente una de cada dos, al Ejecutivo castellano y leonés. Las siguientes entidades con más quejas al Común fueron Familia e Igualdad de Oportunidades (84); Presidencia (78), Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (68)  y Economía y Hacienda (33).

A lo largo del pasado año, la institución que preside Tomás Quintana recibió, 1.807 quejas, de las cuales 679 corresponde a la Junta de Castilla y León, el 36% del total. La mayoría de ellas, como viene ocurriendo en años anteriores las recibieron administraciones locales, el 51%. Algo normal y lógico porque abundan muchas más instituciones menores como ayuntamientos o mancomunidades que Gobierno autonómico, que solo hay uno. Los ayuntamientos fueron 845 veces objeto de queja , las diputaciones 44, las entidades locales menores 42 y las mancomunidades 7. Todas estas administraciones locales suman un total de 938 reclamaciones. 

De todas las quejas atendidas en 2022, 16 son múltiples por haber sido presentados por más de 10 personas. Tomás Quintana, expuso que el año anterior fue de «normalidad» en las reclamaciones ya que prácticamente las relacionadas con el Covid-19 han desaparecido. La pandemia da paso a quejas como la ubicación de parques eólicos y fotovoltaicos en zonas rurales junto a otras más habituales como en materia sanitaria y educativa. Si bien matizó que todavía hay alguna reclamación relacionada «indirectamente con el Covid» como el «mantenimiento de las terrazas en los espacios públicos». 

El Común impulsó 63 actuaciones de oficio , (iniciativas de la propia institución). Quintana entregó el informe relativo a la actividad de la institución al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, después ofreció una rueda de prensa en la que explicó a diferencia de años anteriores ha habido «numerosas relacionadas con la instalación de parques eólicos y de producción fotovoltaica». Las incidencias en esta sentido son quejas por la ubicación para el parque eólico ‘Miravete’ en Celada de la Torre, en Burgos, con 16 expedientes y el emplazamiento para el parque solar de ‘Villayerno’ también en Celada de la Torre con 18 expedientes. 

Esta institución tramitó un 1.533 resoluciones, 298 más que en 2021, de las que el 88% fueron aceptadas por parte de las administraciones, un porcentaje ligeramente superior al del año anterior que se sitúa en el 86%. De ellas, 170 supusieron el archivo del expediente correspondiente al no encontrar irregularidad alguna en la actuación de la administración y 1.363 terminaron con recomendaciones o sugerencias. Quintana indicó que estas cifras le producen una «especial satisfacción» porque «detrás de cada aceptación hay un problema que se ha resuelto para el ciudadano».

Del total de quejas, las relacionadas con la administración local acaparan 394, suponen el 21%, por la organización, el funcionamiento o gestión de los servicios. Las motivadas por el empleo público son 232 y suponen el 12%, seguidas de sanidad y consumo con 177, el 8%; a continuación se encuentran las de fomento con 147 (8%), Hacienda con 141 (7%) e Interior y Movimientos Migratorios con 108 (6%); entre otras. 

En relación a la procedencia de las quejas, la que más emitió fue la provincia de León con 389, seguida de Valladolid con 274 y Burgos con 201. Las siguientes en el listado son Salamanca (157), Palencia (148), Ávila (107), Zamora (98), Segovia (87) y Soria cierra el listado con 59. Unas cifras que consideró «razonables» ya que hay «una relación directa» entre el número de habitantes y las reclamaciones. El Común también recibe quejas de fuera de Castilla y León, concretamente recibió 307 de otras provincias y un número muy reducido de reclamaciones fuera de España. Además, hubo 146 reclamaciones de personas que no manifestaron ni su domicilio ni su lugar de procedencia. Si bien , Quintana recordó que es necesario que las personas «se identifiquen con nombre, apellidos y DNI» porque «no se admiten quejas anónimas», pero no es necesario indicar el lugar de residencia.

Tomás Quintana recalcó que su institución tramitó 63 actuaciones de oficio. Entre ellas destacó la «exclusión financiera de personas que residen en municipios rurales, las deficiencias de la atención pediátrica en el mundo rural, las condiciones de uso en que se hallan las ambulancias del servicio de transporte sanitario», entre otras. 

Tras preguntas de los periodistas, el Procurador del Común afirmó que no recibió ninguna queja por los incendios del pasado verano que arrasaron lugares como la Sierra de la Culebra. Aunque afirmó que «en paralelo intervino el defensor del pueblo»: «Nos pusimos de acuerdo y el defensor del pueblo fue quien continuó con la actuación de oficio» . «Sugerimos que se tuviera en cuenta a la administración del Estado, que tenían que llegar recursos a las comunidades autónomas que tuvieran más territorio forestal para realizar labores de prevención», sostuvo. «Los fuegos no se apagan en verano, se prevén en invierno y ello requiere un coste económico», sentenció Quintana. 

Continuidad en el cargo

El procurador del Común es una institución propia de Castilla y León que debe renovarse cada cuatro años. Tomás Quintana lleva desde octubre de 2022 en funciones ya que los grupos parlamentarios de las Cortes no se han puesto de acuerdo para la renovación de la institución. Aseguró que los grupos tienen "libertad absoluta" para llevar a cabo ese cambio en el Común. 

De la misma forma no quiso indicar si estaba dispuesto a continuar como procurador del Común. Explicó que “primero se tienen que pronunciar” las Cortes, de quien depende este organismo León. En enero de 2023, el grupo Popular inició una ronda de encuentros con el PSOE, pero también con el resto de formaciones para renovar no sólo esta institución de la Comunidad, sino también los consejos Consultivos y de Cuentas y el Consejo Económico y Social (CES).

Según la normativa, Quintana puede ser reelegido en el cargo después de su primer mandato . La ley establece que las Cortes deben acordar esta renovación de la institución con una mayoría de tres quintos, es decir, 48 votos a favor de los 81 procuradores que hay en el hemiciclo. Actualmente los dos partidos que forman el Gobierno de Castilla y León sumarían 44 votos a favor (31 Partido Popular y 13 Vox), por lo que tienen que acordar con la oposición la renovación de esta institución.