Castilla y León inadmite el requerimiento sobre el Serla del Ministerio de Trabajo
La Administración autonómica rechaza "reponer" este servicio porque "a día de hoy no ha dejado de prestarse"
La Junta de Castilla y León ha emitido ya una respuesta firme frente al requerimiento judicial que recibió el pasado 10 de marzo por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social para que repusiera el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla). Si el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ya había adelantado algunos días atrás que la respuesta del Ejecutivo autonómico sería negativa , este lunes se ha confirmado oficialmente a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación en el que se argumenta que este servicio no se puede "reponer" porque "a día de hoy no ha dejado de prestarse" .
Según se indica también en dicho comunicado, en la respuesta a este requerimiento, la Consejería que dirige Mariano Veganzones argumenta que no existe obligatoriedad de financiación del Serla , dado que el Acuerdo de financiación suscrito entre la Junta de Castilla y León y los firmantes del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) perdió su vigencia el día 2 de octubre de 2020, y fue denunciado en la legislatura pasada por parte de la entonces Consejería de Industria y Empleo y que no se alcanzó un acuerdo de financiación con los sindicatos y la patronal, razón por la cual no se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023 ninguna consignación presupuestaria para la financiación del SERLA. Siendo la ley de Presupuestos la que fijó la financiación de la Fundación SERLA, no cabe un requerimiento previo a la vía judicial por parte del Ministerio , puesto que correspondería manifestarse al Tribunal Constitucional.
Además, en la contestación remitida por la Junta, se indica que el recurso se ha presentado fuera de plazo por parte del Ministerio puesto que la ley estipula que los requerimientos deben producirse en un plazo de dos meses desde que se hubiera conocido la inactividad. La eliminación de aportación a la Fundación Serla fue aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de diciembre.