La Junta reserva 35 millones de euros para "atender la puesta en marcha" de las 35 horas

Negro sobre blanco. Así es como ha quedado este jueves rubricado que los empleados públicos de Castilla y León recuperarán la jornada laboral de 35 horas semanales. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargado de estampar su firma en el documento que establece que la aplicación se iniciara el 1 de junio con carácter general y para el sector educativo con el arranque del curso escolar, mientras que el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, avanzó una reserva de entorno a 35 millones de euros que el Ejecutivo autonómico ha dispuesto para que la nueva jornada, que disminuye en dos horas y media sobre la actual, no suponga "una merma en la prestación de los servicios públicos" .

El acto de firma llevado a cabo por Fernández Mañueco contó con la presencia de los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, además de la del propio Carnero. En la sede de la Junta, el presidente hacía oficial un compromiso que hacía público Carnero hace algunas semanas, no sin críticas de la oposición y de las propias organizaciones sindicales por haberlo hecho también antes de las anteriores elecciones sin que finalmente se llevara a cabo. Sin embargo, ahora el proceso avanza con mayor certeza tras el acto de este jueves, aunque desde los sindicatos ya han dejado claro que estarán "vigilantes" para que se cumpla lo firmado.

Tras el acto de firma, Jesús Julio Carnero participó junto al portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno. Allí, el consejero de la Presidencia se detuvo en el acuerdo de las 35 horas, del que quiso dejar claro que "en ningún caso va a suponer una merma en la prestación de los servicios públicos" , algo que por otra parte ya se había garantizado con anterioridad.

En cualquier caso, en pos de ese objetivo, la Junta ha reservado 35 millones de euros para hacer frente a los gastos que se puedan derivar de la nueva jornada. Conviene recordar que si bien la fecha de inicio está prevista para el 1 de junio, durante los meses de verano los trabajadores públicos ya realizaban 35 horas semanales, lo que quiere decir que la aplicación oficial y efectiva tendrá lugar durante el último trimestre del año. Pero, a pesar de todo, y según las declaraciones de Carnero, esta cantidad "no es extrapolable" a años completos , ya que como reconoció "queda un largo trecho de negociación en las mesas sectoriales".

Poco después de que Carnero realizara el anuncio de la vuelta a esta jornada, este periódico se hizo eco de unas palabras de Carriedo meses atrás, cuando realizó un cálculo aproximado de lo que supondría su aplicación. En aquel momento, a finales de 2019, el consejero de Economía y Hacienda habló de unos 120 millones de euros anuales , cifra que, con los aumentos en las retribuciones aprobados en los últimos tiempos, bien podrían derivar en los 140 resultantes de los 35 mencionados por Carnero multiplicados por los cuatro trimestres del año. En todo caso, no será hasta el día en que se alcancen los acuerdos definitivos cuando estas cifras sean definitivas.

Precisamente, Carnero se acogió a estas negociaciones pendientes para rehusar aportar cifras sobre los contratos que pudieran producirse para compensar las reducciones de jornada. Según los sindicatos, sus estimaciones oscilan en torno a los 4.500 nuevos empleados , si bien esta cifra está sujeta a las convocatorias que realice el Ejecutivo autonómico a partir de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales.

Sindicatos

Tras la firma del decreto, CCOO aseguró que la recuperación de la jornada semanal de las 35 horas llega a la Administración de Castilla y León tras cuatro “largos” años por la cercanía de las elecciones municipales el 28 de mayo y la llegada de “abundantes” fondos estatales. De esta forma, el sindicato recriminó a la Junta que vuelva a utilizar los derechos de los empleados públicos para “sus intereses partidistas” y avanzó que será muy vigilante con la creación de empleo para aumentar las plantillas.

En un comunicado, CCOO explicó que se trata de la recuperación de un derecho laboral que los empleados públicos de la Administración autonómica ya tuvieron durante casi diez años y que fue suprimido en el 2012 por las políticas “antisociales” del Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, recordaron que antes de las las elecciones autonómicas de mayo de 2019, la Junta firmó un acuerdo con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT en el que se recogía la recuperación de las 35 horas , si bien no se produjo durante cuatro años. “A nadie se le escapa que existen dos razones fundamentales que le hacen reconsiderar su actitud: la proximidad de las elecciones locales, volviendo a utilizar los derechos de los empleados y empleadas públicas para sus intereses partidistas y la llegada de abundantes fondos estatales a las arcas autonómicas”.

Finalmente, aseguró que no tiene que existir ninguna dificultad en su aplicación, ya que a su juicio basta con volver a la contratación del personal necesario y a la aprobación de calendarios en los ámbitos en que sea preciso.

Por su parte, UGT Servicios Públicos de Castilla y León también denunció que la recuperación de las 35 horas para los empleados públicos de la Junta “se produce con un retraso de casi cuatro años” y puso de relieve que “incluso, el actual presidente de la Junta se comprometió a ello en su última campaña electoral para luego desdecirse a pesar de las reiteradas peticiones” de su organización. 

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Carlos Arenas, afirmó que “aunque más vale tarde que nunca, este retraso ha producido graves daños a la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y es, al menos, sospechoso que esto se haga en unas fechas tan cercanas a una nueva campaña electoral local porque parece que los empleados públicos somos moneda de cambio siempre que hay elecciones y sólo se nos tiene en cuanto en esos momentos". 

Asimismo, Arenas manifestó que “ahora lo que queda es vigilar que se aplique adecuadamente a todos los empleados públicos de la Junta y que esto no suponga el incremento de la carga de trabajo”. En este sentido, incidieron en la necesidad de que "no se repartan las mismas tareas entre el mismo número de personas pero en menos tiempo, sino que suponga un incremento del empleo público en la Administración Autonómica”. Al respecto, la organización sindical valora este incremento “en torno a los 4.500 puestos”