Investigan contratos fantasma de eficiencia energética en cuarteles de Valladolid y Ávila

Que el ‘caso Cuarteles’ , sobre la supuesta trama de corrupción en las adjudicaciones de obras menores de las casas cuartel de la Guardia Civil, salpicaba a Castilla y León se supo en el momento en que se conoció que se habían llevado a cabo investigaciones en las comandancias de la Benemérita en Ávila y Valladolid . El Juzgado número 3 de Madrid indaga contratos  por actuaciones que acababan en trabajos de pintura en Medina de Rioseco, Nava del Rey y en todos los acuartelamientos abulenses con uno de los constructores canarios vinculado a la trama mediador. En el caso de la provincia vallisoletana, esta investigación iniciada a raíz de los documentos recogidos por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, detecta contratos en dos casas cuartel que se camuflaron como de eficiencias energética, pero que finalmente acabaron en un simple obra de pinturas.

Se trata, en concreto, de dos contratos menores, que no sobrepasaron los 10.000 euros de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid en el año 2017 , con el ya jubilado coronel Juan Miguel Recio al mando de la misma, quien acababa declarando como testigo, para una las casas cuartel de Medina de Rioseco y Nava del Rey. Obras que rondaron los 9.200 euros, 4.600 cada una de ellas. La investigación, que se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, halla esas adjudicaciones en las casas cuartel de Medina de Rioseco y Nava del Rey a Solocorcho, una de las empresas ‘fantasma’ del contratista de la trama Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, de Lanzarote.

En el caso de Ávila, donde su ex jefe está imputado, las investigación llega a obras de todos los cuarteles de la provincia: Ávila, Arenas de San Pedro, Arévalo, Cebreros, Piedrahita, Adanero, El Barco de Ávila, Burgohondo, Cabezas del Villar, Candeleda, Casavieja, Crespos, Barraco, El Tiemblo, Fontiveros, Hoyo de Pinares, La Adrada, La Horcajada, Madrigal de las Altas Torres, Martinez, Molbentran, Muogalindo, Navaluenga, Navarredonda,Martínez, Navas del Marqués, Pedro Bernardo, Piedrahit, San Pedro, Sotillo de la Adrada y Vilanueva de Gómez.

Además, en el caso de la Comandancia abulense, la investigación judicial se centra sobre todo en los acuartelamientos de Navarredonda, Hoyo de Pinares y Arévalo , porque en ellos se tiene demostrado que se llevaron a cabo contratos fantasma por encima de los 40.000 euros, según los escasos datos facilitados, tras much insistencia por parte de este peridico, desde la Delegación del Gobierno. Ya desde el Ministerio del Interior se obstaculizaba la investigación durante ocho meses. Parece clkaro que todas estas acutaciones que ahora se investigan han ocurrido y anidado, precisamente por la falta de transparencia por  parte de las comandancias de la Guardia Civil.

Y el que el sumario del ‘caso Cuarteles’, investiga los contratos entre 2008 y 2020 en las zonas de Murcia y en las comandancias de A Coruña, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid y Ávila, en el caso de Castilla y León. Conviene recordar que el teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava trató de impedir en 2017 la investigación del Servicio de Asuntos Internos sobre las presuntas irregularidades en obras en cuarteles, el mismo caso en el que se encuentra imputado en la actualidad.

La investigación se reactivó en mayo de 2018 , días antes del cambio de Gobierno por la moción de censura, tras llegar un anónimo a la Secretaría de Estado de Seguridad que afectaba a contrataciones de la Comandancia de Ávila. Durante la instrucción del caso, además, el ex jefe de la Comandancia de Valladolid, Recio, fue llamado a declarar como testigo. Según consta en la documentación, en mayo de 2017 , Vázquez Jarava propuso internamente cerrar la investigación al entender que «no existía indicio de delito», por lo que «no era preciso dar traslado a la Fiscalía». Según añaden fuentes de la investigación, el Servicio de Asuntos Internos había planteado a la cúpula de la Guardia Civil remitir a la Fiscalía las pesquisas iniciadas sobre el constructor Ángel Ramón Tejera de León, ‘Mon’, también imputado en la investigación que actualmente dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.

En esta causa se indaga en las presuntas mordidas de ‘Mon’ a favor de Vázquez Jarava , que estuvo al frente de la Subdirección General de Apoyo entre 2015 y principios de 2018. En concreto, se pudo beneficiar de viajes y estancias en hoteles junto a su familia, según consta en el sumario consultado por Europa Press. Las citadas fuentes añaden que el informe de Vázquez Jarava en el que este descartaba «indicios de delito» propició que el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado -el último de los gobiernos de Mariano Rajoy- ordenara en un primer momento que no se remitiera la información a la Fiscalía.

Durante la instrucción del caso, el que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Juan Manuel Recio , fue llamado a declarar en calidad de testigo del responsable de la Comandancia de A Coruña. En dicha declaración, Recio atribuyó a Vázquez Jarava una llamada en la que le informaba de que «había decidido que probaría un producto novedoso que existía en el mercado, con un componente de corcho que mejoraba el aislamiento de fachadas y cubiertas, informándole de que habían seleccionado distintas comandancias con diferentes climatologías para aplicar el producto y hacer pruebas».

Un mes. Ese es el tiempo que lleva la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid descabezada, desde que el pasado 13 de febrero se jubilara y pasara a la reserva el coronel Juan Miguel Recio. Descabezada, es decir sin un mando al frente ya que ahora mismo está dirigida, de manera accidental, por el que hasta hace un mes era el número dos, el teniente coronel Javier Peña, y asolada  por los escándalos que la rodean. El último de estos escándalos tiene que ver con el ‘caso Cuarteles’, la derivada en la Guardia Civil del ‘caso Mediador’ del ex diputado del PSOE de Canarias, Bernardo Fuentes ‘tito Berni’ , que investiga la adjudicación de obras menores en cuarteles de la Guardia Civil al contratista Ángel Tejera de León, alias ‘Mon’.

En el caso de Ávila, Asuntos Internos de la Guardia Civil alertó en octubre de 2020 en un informe de que el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, investigado en el ‘caso Cuarteles’ por adjudicar obras en la Comandancia de Ávila al contratista Ángel Ramón Tejera de León, que en los años 2016 y 2017 ingresó en sus cuentas bancarias distintas partidas de dinero en efectivo por importe de 21.500 euros «cuyo origen (...) no ha podido ser determinado».

El objetivo de este informe patrimonial era determinar el capital inmobiliario y mobiliario que pudiera poseer Tejera de León, alias ‘Mon’, directamente o a través de sus empresas, y Alonso Rodríguez, que entre abril de 2015 y noviembre de 2017 fue jefe de la Comandancia de Ávila, y que fue quien, según Asuntos Internos, adjudicó a empresas de ese contratista «obras finalmente cobradas pero no ejecutadas o ejecutadas únicamente de manera parcial». También se trataba de detectar si el teniente coronel tuvo presuntos incrementos patrimoniales o de su capacidad económica que pudieran tener origen en fuentes de ingresos distintas de las lícitas conocidas.

Tras analizar información facilitada por diferentes estamentos, como la Agencia Tributaria, el Punto Neutro Judicial o entidades bancarias, Asuntos Internos señala que más allá de lo que cobraba por su cargo en la Benemérita, 3.649 euros al mes de media, Alonso Rodríguez y su mujer recibieron remuneraciones de una mercantil denominada Balabac Asesoramiento y Gestión SL y de un piso que tenían en alquiler, además de los ingresos en efectivo que les llamó la atención.