El Consejo de Cuentas denuncia que sólo el Nuevo Hospital de Burgos realiza un control de los gastos no sanitarios

El Consejo de Cuentas denuncia que sólo el HUBU realiza un control de los gastos no sanitarios . El informe presentado en las Cortes recomienda a la Gerencia de Salud elaborar planes de gestión de los principales bienes de los hospitales. Es uno de los datos más llamativos del informe presentado por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. Entre sus conclusiones, Cuentas señala que, salvo para el nuevo Hospital de Burgos, " no consta que en los complejos asistenciales existan actuaciones  o instrumentos que posibiliten un seguimiento continuado de la aplicación de los recursos destinados a gastos no sanitarios de funcionamiento", que posibiliten la "optimización de esos recursos disponibles y su mejora". Por este motivo, Amilivia recomienda que la Gerencia Regional de Salud o las Gerencias de Asistencia Sanitaria deberán elaborar "planes de gestión integrales o individuales de los principales bienes o servicios " (energía eléctrica, gas, agua, vestuario, lavandería, productos alimenticios, limpieza, etc...), donde se realicen previsiones de demanda, se definan objetivos estratégicos a medio o largo plazo, se determinen los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento del grado de realización de los mismos y se establezcan mecanismos de revisión a la vista de los resultados.

Con relación a la auditoría sobre los gastos no sanitarios de funcionamiento de los principales hospitales del Servicio de Salud de Castilla y León, esta -explicó Amilivia- se limitó a la red de Centros de Referencia de Atención Especializada (CRAE), integrada por el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

En el caso del Complejo Asistencial de Burgos no fue posible obtener los gastos de funcionamiento no sanitarios objeto del informe ya que es la propia sociedad concesionaria quien inicialmente soporta y registra en su contabilidad dichos gastos. En los análisis de los centros, los datos referidos al Complejo Asistencial Universitario de Burgos se calcularon, en la mayoría de los casos, excluyendo el nuevo Hospital de Burgos , considerando únicamente el resto de los centros de dicho complejo de referencia. Por esta circunstancia, el Consejo de Cuentas recomienda que la Gerencia Regional de Salud debería obtener información de la sociedad concesionaria del nuevo Hospital de Burgos relativa a los diferentes gastos de funcionamiento no sanitarios para así poder efectuar análisis comparativos y homogéneos entre los diferentes centros.

En esta línea, el Consejo recomienda a la Gerencia Regional de Salud la contratación de "servicios especializados de asistencia técnica para elaborar planes de eficiencia energética" y lograr una mayor racionalización del uso y aprovechamiento energético de las instalaciones. Concretamente, Amilivia considera que en el Complejo Asistencial de Salamanca y el Hospital Clínico de Valladolid "se deberían realizar actuaciones de renovación de instalaciones y equipos" de cara a su optimización que, sin reducir confort y prestaciones, "consigan un ahorro energético minorando consumos", a excepción del consumo en maquinaria, asociado directamente al servicio de los centros sanitarios, bien mediante la utilización de tecnologías más eficientes, o bien mediante la reducción de demanda.

El informe del Consejo de Cuentas señala que la Gerencia Regional de Salud debería ampliar a "más bienes y servicios" el sistema de contratación centralizada mediante la tramitación de expedientes que impliquen la "selección de un único proveedor para todos los centros", o bien mediante acuerdos marco con una o varias empresas estableciendo los términos a los que habrán de ajustarse las adjudicaciones de los contratos basados en él.

El gasto real imputable a estos centros -con la excepción referida al HUBU- se incrementó en 2017 en un 17,35% respecto a 2013, pasando de 1.123.572.226 euros a 1.318.478, siendo el de Salamanca con un 22,08% el que mayor incremento experimentó. También fue el Complejo Asistencial de Salamanca el que en términos absolutos realizó un mayor gasto en todos los ejercicios, con un peso del 25,38% del total en 2017, seguido del de León (22,70%), el Clínico de Valladolid (18,65%), el de Burgos (17,50%) y el Río Hortega (15,77%).

Por otra parte, Amilivia indicó que otras 20 fiscalizaciones del Plan Anual de 2022 se encuentran en elaboración, a las que se suman los 29 informes que integran el programa de trabajo de este año. Un total de 68 trabajos en distintas fases de tramitación que conforman la actividad de la institución. Durante su exposición, Amilivia significó que todas las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas en el informe sobre el análisis de los gastos no sanitarios de los principales hospitales públicos de la Comunidad "han sido aceptadas por la Administración autonómica" , bien mediante su toma en consideración, bien porque "ya se están aplicando" total o parcialmente.

Asimismo, la mayoría de las recomendaciones que se efectuaron en el informe sobre la aplicación de la normativa sobre dependencia "han sido aceptadas" también por la Administración autonómica. Así se desprende del último informe sobre el seguimiento de las recomendaciones que efectuó el Consejo en el ejercicio 2021 a los entes fiscalizados, un trabajo con el que se posibilita, como es el caso, una herramienta de transparencia para el ejercicio del control parlamentario. Según este informe, el grado de aceptación de las recomendaciones realizadas en los informes de 2021 "alcanzó el 75%", segundo mejor resultado de la serie histórica.

En opinión del Consejo de Cuentas, no existe tampoco adaptación a los criterios del Acuerdo del Consejo Territorial de julio de 2012 en el cálculo de capacidad económica de los dependientes y en la determinación de la participación de los usuarios en el coste de prestación de los servicios. 

En segundo lugar, en cuanto a la gestión de las prestaciones, el tiempo medio transcurrido desde la solicitud del derecho hasta el reconocimiento de la situación de dependencia asciende a 198 días , 16 días más respecto al plazo máximo legal de 6 meses. No obstante, Castilla y León se sitúa entre las que mejores tiempos de resolución obtienen junto con Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra, siendo el tiempo medio de tramitación a nivel nacional de 426 días.