Un juez de Ávila estalla contra la Justicia
"El magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ávila, Tomás Sánchez Puente, desvela que el presidente del TSJ de Castilla y León le propuso "pedir la baja médica para sacar sentencias" y reconoce que se recurre "al fraude de Ley Laboral para desatascar los juzgados"
A la izquierda, el magistrado de Ávila, Tomás Sánchez Puente, y a la derecha el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción.
Un juez de Ávila estalla en las redes sociales contra la Justicia española. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila, el magistrado Tomás Sánchez Puente, cargó duramente contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), José Luis Concepción.
Sánchez desveló en su cuenta personal de Twitter, en un largo hilo de hasta 42 tuits, que Concepción le propuso "pedir una baja médica" para sacar sentencias. Su mensaje no se queda solamente ahí. Además asegura que magistrados y los jueces recurren "al fraude de la Ley Laboral" con el objetivo de desatascar los juzgados porque, según el juez, no se quiere afrontar el problema de "la sobrecarga de Juzgados y Tribunales".
El propio magistrado se expone públicamente a sabiendas de que puede tener repercusiones negativas: "Por su puesto, como fue en una conversación telefónica, el Sr. Presidente tiene la posibilidad de dirigir una querella contra mí por injurias, con probabilidades de ganarla ", reconoce. "Él y yo sabemos que fue así", sentencia.
Tras estas duras declaraciones contra el presidente del TSJ de Castilla y León y contra la situación de la Justicia en España y, concretamente, en Ávila; el magistrado continúa exponiendo su situación personal. Señala que tiene "un rendimiento acreditado del 180%", pero pese a ello afirma que tiene "casi cincuenta sentencias civiles con más de un año de retraso, y otras cuarenta con menos de un año" . A mayores también señala que "las ejecuciones hipotecarias están empantanadas. Y algunos procesos de violencia de género con retrasos preocupantes".
Imagen del despacho del juez de Ávila publicada en la red social. Twitter: Tomás Sánchez Puente
Carga de trabajo
Ante esta carga de trabajo, Sánchez Puente apunta que "no sabe dar más de sí para solventar el problema". "Los problemas de conciliación de la vida familiar y laboral, afectantes a toda la Carrera Judicial, son graves y endémicos", asegura el juez de Ávila.
" El Consejo General del Poder Judicial lo sabe, el Ministerio de Justicia lo sabe ; te esfuerzas en señalar los juicios pronto, confiando en que atenderán las reclamaciones de refuerzo, y no hacen nada", lamenta este magistrado en relación a la carga de trabajo que soporta. A mayores expone que ellos "confían" en que los propios jueces "solventen un problema que es de su competencia".
"Dos años posponiendo la decisión de compra de una casa, dos retrasando revisiones dentales, dos años con Vodafone cobrándome de más en el contrato de internet por no tener tiempo ni energía para ir a protestar y revisar el contrato", lamenta este magistrado de su situación personal. Aún así, asegura que hay una "confesión de un buen compañero más descorazonadora" porque "pospuso la búsqueda de hijos con su pareja, en espera de periodos laborales más favorables...". Unas fechas más propicias, que Sánchez no sabe "cuando vendrán".
Tras exponer lo difícil que tiene compaginar la vida laboral con la vida familiar y personal, este juez abulense señala que empieza a comprender "la palabrita mágica que con sabiduría dicen los compañeros más experimentados: 'autorregulación'". Después de esta afirmación explica que empieza "a ver que el Juzgado no es tu vida y empiezas a esparciar juicios y la agenda avanza..." . Explica que la agenda de los juicios avanza hasta "septiembre, octubre, noviembre del 23...". El retraso en la celebración de juicios no se queda ahí puesto que avanza a a "2025 y 2026 con productividades del 200%". "El Ministerio y el CPGJ no hacen nada", denuncia Tomás Sánchez.
"Los jueces, estos sacrosantos defensores de la Ley, somos los primeros en saltárnosla al no cumplir algunas de las funciones encomendadas", reconoce. Y reitera su excesiva carga de trabajo: "No damos abasto, con nuestras productividades del 150, 200 o 250% no damos abasto, así de sencillo y así de claro". Lamenta que "cada juez encuentra su artimaña particular para subsistir y la Inspección hace la vista gorda".
Como ejemplo, cuenta su situación en otro destino: " Con una carga de trabajo de un 100% aproximadamente , hacía por revisar cada cuenta anual de los incapacitados , con esporádicos controles de su situación personal y social, para evitar gestiones negligentes o desleales por los tutores". Y a continuación expone su situación actual: "En el Juzgado 4 de Ávila es imposible, el funcionario me pasa un Auto de aprobación de cuentas a partir de un modelo y lo firmo digitalmente sin ver su contenido ni comprobar si ha habido informe del Ministerio Fiscal. Me fío y lo firmo, ya está…" , revela.
Imagen del despacho del juez de Ávila publicada en la red social. Twitter: Tomás Sánchez Puente
Pese a describir esta difícil situación, explica que no mejora: "Y ahora está siendo peor, con la tan bienintencionada como desastrosa nueva Ley 8/21 de Apoyo a las Personas con Discapacidad, por la falta de conocimiento de la realidad judicial múltiples procesos cada 3 años para confirmar que la persona con demencia o alzheimer sigue con demencia o alzheimer (que son la inmensa mayoría de los supuestos judicializados), mientras que los controles de cuentas serán un coladero por falta de medios", relata.
Continúa señalando esta situación, y pone "un ejemplo al revés: si, por la causa que sea, alguien es internado en un psiquiátrico contra su voluntad, la Ley exige que el médico forense y el Juez exploren al interno, para que al menos el privado de libertad se sienta oído", pero indica que en "España solo va el forense y no el Juez", el motivo es que "no se dispone de tiempo".
Violencia de género
También habla en su hilo sobre la violencia de género. "Voy a resaltar la gran hipocresía de la sociedad mostrada en la lucha contra la violencia de género (en que tengo competencia). No hay juzgados exclusivos suficientes, y por tanto el tiempo dedicado en los Juzgados a cada asunto es ínfimo", describe. Menciona el caso particular de la Comunidad de Madrid: En 2021 hubo 24.982 nuevas mujeres víctimas para un total de 24 Juzgados con competencia exclusiva en Viogen más otros 8 Juzgados sin competencia exclusiva que contaremos como 4 exclusivos, 24+4=28. Dividiendo sale un total de 892 mujeres víctimas por Juzgado al año. Calculemos una amplia dedicación del Juez en cuestión: 225 días hábiles al año, 9 horas diarias de rendimiento neto, sin días de asuntos propios ni días de cursos de formación etc., en total 2050 horas".
Sánchez Puente continúa con sus cálculos y añade que si se "divide y se aplica el sistema sexagesimal, y sale una media de 2 h 16 min que cada Juez dedica por víctima". Un tiempo que según lo señalado por el juez de Ávila es insuficiente porque, en estas dos horas se debe incluir: "la declaración de la mujer; del investigado; en su caso, exploración de los hijos menores; conversaciones telefónicas con la policía judicial; declaraciones de testigos; comparecencia y dictado de Auto de orden de protección; dictado de Autos de recursos de reforma; en su caso, celebración de juicio rápido y sentencia en conformidad...".
Tras esta larga enumeración de asuntos que atender en un juicio por violencia de género: "Con este tiempo disponible, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad dicen que se proveen medios para luchar con la violencia de género… es de chiste".
Medios humanos en los juzgados
Tras detallar la situación de la Comunidad de Madrid en este aspecto, prosigue con su denuncia de la situación de los Juzgados. "Como buen juez facha liberaloide, estoy preocupado por la evolución del déficit público y de la deuda en España desde hace 15 años (o esto cambia, o acabamos como Grecia). Sé lo que cuesta y lo que importa cada euro de los ingresos públicos y sé que la Justicia concurre con otros servicios públicos esenciales en el reparto de esos fondos; todos nos acordamos de la Sanidad, de la Educación… (¡y de los Servicios de Bomberos cuando hay incendios!), pero también hay que pensar en la Justicia". Por ello señala que "la mayoría de ciudadanos no tendrá que pisar un Juzgado en su vida, pero es importante garantizar que el día en que sus derechos e intereses estén en juego, habrá alguien con tiempo para escucharles, sopesar y dictar una resolución legal y justa".
"El Juez Castro, la Jueza Alaya, el Juez García-Castellón, el Juez Ruz… son nombres con una buena fama ganada por la instrucción de conocidos casos de corrupción. Esa actuación no surge en el vacío, sino que requiere de medios materiales y humanos para llevarla a cabo", recoge.
En relación a los medios necesarios para celebrar un juicio, Sánchez Puente se apoya en los datos del informe del CEPEJ de 2022: "Por cada 100.000 habitantes, en España hay 11,2 Jueces y 5,3 Fiscales, mientras que la media europea está en 17,6 y 11,1 respectivamente".
Tras detallar su conversación con el presidente del TSJ de Castilla y León, la carga de trabajo de los juzgados, la situación de los juicios relacionados con la violencia de género o la falta de personal, Sánchez Puente revela el motivo que le llevó a realizar esta denuncia: "Los órganos gubernativos y el Servicio de Inspección son necesarios para el funcionamiento de Juzgados y Tribunales; el problema radica en que, por no dotarse de medios suficientes, hacen recaer sobre los Juzgados gran parte de su labor. Así, toca presentar escritos, informes y estadísticas al Decano, a Sala de Gobierno, a Inspección, a la Comisión Permanente… todos elaborados por el Juez, el LAJ y los funcionarios, detrayéndoles tiempo que debía dedicarse a la tramitación y resolución de asuntos cuando podían evitarse con muestreos estadísticos y/o consultas de procedimientos concretos, recabadas electrónicamente desde la sede del CGPJ. Y al final para qué, pues en el 99% de las veces los órganos gubernativos no decidan nada".
Tras detallar el motivo que le ha llevado a exponer su queja, indica que ha perdido "la cuenta de las horas gastadas en cuestiones gubernativas no relacionadas con la función jurisdiccional, que ni siquiera computan para la estadística de productividad".
Sánchez Puente lamenta que "el CGPJ anuncia el viernes una próxima inspección extraordinaria, que supone que la LAJ y los los funcionarios de mi Juzgado hayan de elaborar un alarde sin mi participación". Todo ello "después de múltiples escritos informando de la grave situación del Juzgado" y tras asumir la "'sugerencia' del Presidente del TSJ de cogerme una baja 'médica' para sacar sentencias y haber llamado al Presidente de mi AP para convertir el nombramiento de sustituto para el Juzgado".
Y añade, "¿Otra vez? ¿Otra vez haciendo gastar más tiempo a los profesionales? ¿Va a servir esta vez para poder nombrar el noveno funcionario, o será como siempre que el CGPJ 'informa favorablemente' y luego el Ministerio de Justicia no lo nombra? ¿O se trata de ver si se deciden a sancionarme o no? ¡¡Señores del Consejo, sanciónenme con la sanción que crean más justa que no la recurriré, pero dejen a la LAJ y a los funcionarios de mi Juzgado _que son magníficos, ella y ellos_ trabajar en paz!!", concluye.
Tomás Sánchez Puente termina su denuncia en Twitter afirmando que ha decidido cogerse una baja por un día, "pero no para 'sacar sentencias' sino para cuidar ante todo" su salud psíquica, que "bastante tute lleva". En su último mensaje, expone que Ávila "necesita sin demora la creación del sexto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción".