Recuperar las 35 horas en Castilla y León supondrá a la Junta un desembolso de más de 120M€

Tras el anuncio este lunes de la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales de los trabajadores públicos de la Comunidad por parte de la Junta de Castilla y León, la gran duda que ha surgido es cuál será el impacto de esta medida en las arcas autonómicas, ya que para cubrir los horarios que deje vacantes el personal al realizar menos horas será necesaria una compleja labor de reorganización que, además, en muchos casos implicará nuevas contrataciones. Por el momento, desde el Ejecutivo regional nadie ha querido aportar una cifra concreta, pero es la hemeroteca la que permite arrojar algo de luz sobre este asunto y hablar de un coste superior a los 120 millones de euros.

Dado que la demanda de volver a las 35 horas no es nueva, pues ha sido prácticamente una constante desde que se suprimiera en el año 2010, han sido varias las ocasiones en las que se ha deslizado qué impacto tendría recuperar esta jornada. Las más reciente fue, quizá, cuando a finales de 2019 el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo reconocía, a este respecto, un «esfuerzo económico importante» de , precisamente, unos 120 millones de euros.

Desde entonces han pasado más de tres años, pero la cifra ofrecida por Carriedo sigue sirviendo a día de hoy como punto de partida para realizar una estimación. Es evidente que ahora hay más personal, sobre todo en sanidad y educación , además de que recientemente se han incrementado los sueldos de todos los trabajadores públicos, pero eso no hace más que engrosar este dato. En resumen, el coste para la Comunidad del regreso a las 35 horas le costará a la Junta más de 120 millones de euros.

Fue el propio Fernández Carriedo quien ayer reconocía que la aplicación de esta medida «va a requerir un esfuerzo económico» que además consideró «oportuno».   «Nos va a exigir un esfuerzo en la prestación de los servicios públicos que tienen que ver con 24 horas de dedicación o que tienen que ver con algunos servicios públicos de calidad» , reconoció el consejero, al tiempo que añadió que « en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales o en el ámbito de educación el esfuerzo va a ser mayor».

En este sentido, Carriedo también recordó que en el ámbito educativo ya se llevó a cabo « una bajada de las horas lectivas en nuestra comunidad autónoma que nos permite avanzar en esa dirección», aunque al mismo tiempo asumió que «en el ámbito sanitario y de servicios sociales tendremos que reforzar plantillas».   «En el ámbito de la administración general quizá tengamos que hacer algún esfuerzo de reorganización de tiempos y dedicación» , apostilló.

La vuelta a la jornada de 35 horas, anunciada este lunes por el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, se presentó como una medida que se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de junio. Al respecto, e insistido acerca del coste que deberá asumir la Junta, Carriedo explicó que «ya había una jornada prevista de 35 horas que duraba cuatro meses durante el verano» coincidiendo, precisamente, a partir de la mencionada fecha. «Por tanto, el coste va a ser el último trimestre de este año», aclaró el consejero de Economía, al tiempo que insistió en que va a ser necesario « un esfuerzo económico y presupuestario pero también un esfuerzo de reorganización interna». 

«A día de hoy todavía es difícil de cuantificar, porque lógicamente estamos en proceso de negociación de las condiciones» , remarcó el también portavoz de la Junta. «Lo que estamos pensando es como abordar esta decisión de mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos pero a la vez garantizar la prestación de los servicios públicos de calidad», concluyó.

Por lo tanto, lo que ahora tiene por delante la Junta de Castilla y León es un periodo de negociaciones con los trabajadores públicos para tratar de perfilar como se va a aplicar esta recuperación de las 35 horas. No obstante, no todos aquellos empleados que dependen de la Administración autonómica tendrán que asumir una reorganización, ya que en algunos sectores su propio funcionamiento actual prevé una disponibilidad total de efectivos.

Es el caso del operativo de incendios de la Comunidad y que según el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, está «al margen» de cualquier modificación de horario como puede ser la recuperación de las 35 horas semanales. Esto se debe, según explicó ayer, a que existen unos sistemas de guardias , con personal que se cubre en las horas , y a que se realizan las contrataciones «necesarias».

«Nuestra configuración del refuerzo del operativo está al margen de cualquier modificación de horario porque, en definitiva, son sistemas de guardia, de personal, que tienen  que cubrirse en las horas que sean necesarias con las contrataciones que sean necesarias y con el llamamiento de personal que sea necesario», detalló el consejero.

Suárez-Quiñones precisó, además, que el operativo está formado por «mucho» personal laboral  por lo que la medida no va a afectar a que se disponga al «cien por cien» de toda la estructura prevista para el operativo de lucha contra incendios forestales del año 2023. Además, el consejero remarcó, según declaraciones recogidas por Ical, que «se harán las adaptaciones y los llamamientos que sean necesarios para mantener la estructura, tal y como está y tal y como se pactó».

SIN MERMA EN EL SERVICIO

Quien también se pronunció ayer acerca de la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien dejó claro que uno de los objetivos que se va a buscar a pesar de la vuelta de la medida es que no tenga lugar una merma en la calidad de los servicios públicos.

Al hilo de lo señalado por otros miembros del Ejecutivo autonómico, Mañueco también vino a confirmar que una vez tomada la decisión, el siguiente paso consiste en establecer las correspondientes mesas de negociación con los sindicatos. En cualquier caso, hizo hincapié en que el compromiso de su Gobierno está tanto con los empleados públicos como con los usuarios.

Además, el presidente también incidió en que el retorno de las 35 horas afecta a tres grupos de trabajadores públicos, los del sector sociosanitario, los del docente y los de la administración general. Igualmente, garantizó la inversión de «más recursos económicos» para que aquellos que llevan a cabo esta labor «puedan seguir atendiendo de la misma manera que lo hacían antes».

Lo que resulta evidente es que la Junta, además del inevitable gasto añadido, también va a tener que lidiar con los problemas derivados de la escasez de profesionales, especialmente los sanitarios. Sobre esto también habló ayer Fernández Mañueco, para reiterar por enésima vez que es «un problema de Estado» y «una más de las chapuzas del Gobierno de Sánchez».

«Necesitamos más profesionales sanitarios y hemos propuesto dos medidas bien sencillas que son competencia única y exclusivamente de la ministra de Sanidad, que está demostrando mucha incapacidad en la gestión», denunció el jefe del Ejecutivo castellano y leonés.

Según declaraciones recogidas por Europa Press, Fernández Mañueco denunció que no se puede esperar a que un profesional extracomunitario «tarde dos y tres años» sin que el Gobierno de España le dé la homologación. Asimismo, subrayó su petición de que haya convocatorias extraordinarias MIR.

«Con mil plazas cada año en una convocatoria extraordinaria durante cuatro años tendríamos 4.000 médicos  en el Sistema nacional de Salud», explicó como medidas más inmediatas a poner en marcha por el Ejecutivo central.

Sobre el mismo asunto, Mañueco también solicitó eliminar la nota de corte, ampliar las plazas en las facultades de Medicina o crear nuevas facultades como medidas «muy a largo plazo». Cabe recordar, a este respecto, que en el caso de Castilla y León ya se han puesto sobre la mesa propuestas para crear facultades de Medicina en Burgos y León aunque, por el momento, no han contado con respaldo suficiente e incluso las propuestas se han enfrentado a diferentes críticas.

«El Gobierno de España es el único responsable para ampliar plazas MIR, bien eliminando la nota de corte para que puedan entrar más profesionales bien con la convocatoria extraordinaria», incidió Fernández Mañueco, al mismo tiempo que hacía hincapié en la «homologación rápida» de los profesionales de otras latitudes porque si no «se van, no ya de Castilla y León, se van de España», remachó.