Los jóvenes de Castilla y León, los que más tardan en emanciparse del país

El último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil reflejó que Castilla y León es la segunda comunidad con más personas de 16 a 29 años emigradas a otros puntos de España con un 11,6 por ciento , solo por delante de Extremadura, y cuyo destino preferido fue principalmente Madrid..

Así lo reflejaron los datos sobre el segundo semestre de 2021 presentados ayer por el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero ; el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, Juan Antonio Báez , y la presidenta de este órgano en Castilla y León, Sandra Ámez . 

Ámez, en primer lugar, lamentó que la Comunidad se esté quedando «sin personas jóvenes» al cifrarse únicamente en un 12,6 por ciento la población entre 16 y 29 años que reside en Castilla y León , cuya composición se dividió en un 73,1 por ciento  que había nacido en su propia provincia, con 214.355 personas; mientras un 15 por ciento nació en otros países, es decir, 43.929 jóvenes; y la parte restante tuvo su origen en otras provincias, que se cifró en 34.787 personas.

De este escaso peso demográfico se desgrana las notables probabilidades de que  la juventud se traslade a otras comunidades autónomas, con un 11,6 por ciento, pese a que «las personas jóvenes de Castilla y León somos las más formadas», expuso Ámez, donde la proporción de personas de 16 a 29 años con estudios superiores pasó del 25,9 al 31,2 por ciento, y en el caso de las mujeres se cifró con más de 11 puntos por encima del colectivo masculino con un 36,9 por ciento.

La continuidad en la formación, entonces, supuso una de las principales causas de inactividad en Castilla y León para las personas jóvenes debido a que se tiene «la esperanza de poder tener un mejor acceso al mercado laboral», añadió la presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad. Los datos reflejaron que únicamente el 6,6 por ciento de quienes estaban formándose vivía de manera autónoma . Mientras, el 29% de las personas jóvenes que no estudiaban se emancipó residencialmente.

Si bien aumentó un 1,2 por ciento la población activa, hasta el 49,3 por ciento -sin recuperar el porcentaje anterior a la pandemia, que se situaba en el 51,6 por ciento-, la realidad confluyó en el segundo semestre de 2021 por otros caminos al situarse los jóvenes en la cola de la recuperación y afectados por las distintas crisis que si se repiten próximamente «continuaremos sin habernos recuperado», aseguró Ámez.

Al margen de las diferencias entre sexos en términos de la tasa de actividad, con un 47 por ciento para las mujeres y un 51,3 por ciento, tener un empleo estable fue «algo muy poco probable» en ese periodo y el 47,3 por ciento de los jóvenes llevaba en la empresa menos de un año al cierre de 2021.

Además, los contratos tampoco garantizaron estabilidad laboral debido a causa de alto porcentaje en contratos temporales registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que llegaron hasta el 91,9 por ciento, de los cuales  un 60,3 por ciento pertenecía a la tipología de eventuales y un 24,8 por ciento por obra y servicio. De esta forma, únicamente un 8,1 por ciento de la juventud de Castilla y León contó con un contrato indefinido , aunque solo dos de cada diez personas jóvenes tenían continuidad de más de tres años y un 27,5 porciento de las personas con un puesto de trabajo estaban empleadas a tiempo parcial. Por ello, la «precariedad» es la enfermedad de la juventud, que sólo se cura cuando dejan de ser jóvenes, señaló Ámez.

Una inestabilidad laboral que «repercute a la hora de intentar independizarnos», añadió la presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad, cuya tasa de emancipación se situó en el 11,6 por ciento, solo por delante de Extremadura. Mientras que Castilla y León, en 2020, solo recibió 7,8 personas de entre 15 y 19 años por cada 1.000 habitantes, la mitad que el año anterior.

Respecto al lugar de residencia que eligió la población entre 16 y 29 años de la Comunidad, Madrid fue el destino más frecuentado con un 4 por ciento, y del 10,2 por ciento si se tiene en cuenta a las personas con edades comprendidas entre los 30 y 34 años.

En relación a los flujos de emigración con dirección al extranjero, un total de 1.827 jóvenes tomaron esa decisión, de los cuales 898 fueron hombres y 929 mujeres. Sin embargo, el dato contrastó con la cantidad de inmigrantes llegados del extranjero ya que se cifraron en un total de 4.300 personas, de las cuales 2.083 se trataron de hombres y 2.217 de mujeres. Por ello, el saldo migratorio obtuvo una desaceleración y se mantuvo entre los más bajos de España .

«Realmente es un logro conseguir emanciparse en Castilla y León», afirmó Ámez que, además, mostró las diferencias entre las nueves provincias con Salamanca o Segovia es «completamente inasumible» para los jóvenes alquilar una casa, mientras en Zamora, León o Ávila la oferta es «más permeable».

La diferencia incide, principalmente, en el salario medio percibido por la población joven, que en la Comunidad es de 12.133,69 euros netos anuales, «algo que imposibilita el acceso a la vivienda», añadió durante su comparecencia, y señaló que la tasa de pobreza o exclusión social se situó en el 18,9 por ciento . Un porcentaje que se encontró entre los más reducidos de todas las comunidades autónomas, donde el conjunto de la población española llegó hasta el 30,3 por ciento registrado.

El 16,3 por ciento de las personas jóvenes asalariadas se encontró en situación de subocupación, es decir, trabajando menos horas de las que realizan otras en categorías similares y que, además, cuentan con disponibilidad para aumentar su jornada.

Valladolid se consolidó como la mejor provincia en términos salariales con 16.646,05 euros anuales, muy alejados de los peores datos presentados en Zamora, con 10.545,82 euros anuales. Además, la región vallisoletana tuvo la mejor variación interanual con un 2,83 por ciento, un porcentaje positivo que tan solo se repitió en Ávila y Segovia, con un 0,74 y un 0,11 por ciento, respectivamente.

Según estos últimos datos, el acceso a la vivienda podría parecer más accesible para la población joven de Castilla y León, sin embargo, una persona joven asalariada no podía acceder a una vivienda sin superar el umbral de sobreendeudamiento, debiendo destinar el 53,8 por ciento de su salario para el pago de la renta de alquiler y un 33 por ciento para la cuota hipotecaria . Por ello,  «tener un empleo no nos exime de estar en riesgo de pobreza o exclusión social», constató Ámez.

Por ejemplo, sobre el coste de acceso a la vivienda libre en alquiler en Valladolid, una persona joven tiene que destinar el 56,5 por ciento de de su salario. Si hablamos de piso compartido se trata de un 23,5 por ciento, pero cuando se fija el coste en acceso a propiedad aumenta hasta un 41,4 por ciento.

 «Estamos bastante cansadas de seguir esperando esas respuestas políticas bajo el lema de que somos el futuro y que en un futuro se resolverán nuestros problemas», expresó la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, y lanzó a una proclama a que e n 2023 se continuará poniendo el foco en todas las problemáticas de las personas jóvenes , debido a que «es fundamental entender que una sociedad que deja atrás a las personas jóvenes es una sociedad que fracasa, porque al final las sociedades dependen de todas nosotras y de todas las las personas jóvenes».

Por último, Sandra Ámez opinó que la solución se encuentra en que todas las políticas públicas que se ponen en marcha a nivel de empleo se realicen «con, para y desde las personas jóvenes», mientras uno de los problemas que encuentra es que hay «personas mayores haciendo política sobre las personas jóvenes».

Asimismo, buscó romper todos los mensajes de «romantización» sobre la juventud porque se piensa que «nos encanta seguir en casa de nuestros padres y nuestras madres hasta los 40», pero «realmente nos encantaría con que con 23 años, cuando terminamos nuestro grado universitario, poder emanciparnos y tener nuestra vida independiente», concluyó.

A la espera de evaluar los cambios en el empleo de la reforma laboral, aprobada hace un año, Enrique Cabero explicó que «nos va a servir para comparar con los estudios de 2022, si ha tenido incidencia o no, toda la política de reducción de la temporalidad». Además, destacó la utilidad y descripción detallada del informe del Observatorio de Emancipación para «articular las políticas económicas y sociales» desde la perspectiva de las relaciones laborales y la vivienda, como también por la propia emancipación.