Diario de Castilla y León

Asaja, UCCL y UPA-COAG se juegan el liderazgo del campo en Castilla y León

Casi 40.000 agricultores, ganaderos y cooperativas del sector decidirán mañana en las urnas cuáles serán las organizaciones profesionales agrarias más representativas en Castilla y León en los próximos cinco años. Se enfrentan tres candidaturas que intentarán mejorar su último listón, el alcanzado en los comicios de 2018, cuando Asaja obtuvo el 42,2% de los sufragios, la Alianza UPA-Coag el 29,62% y UCCL el 26,45%. Algo más de 3.000 electores ya han emitido su voto de forma anticipada

Donaciano Dujo, de Asaja; Lorenzo Rivera, de UPA-COAG; Jesús M.G. Palacín, de UCCL. -E.M.

Donaciano Dujo, de Asaja; Lorenzo Rivera, de UPA-COAG; Jesús M.G. Palacín, de UCCL. -E.M.

Publicado por
Santiago G. del Campo
Valladolid

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Las tres organizaciones profesionales agrarias se juegan mucho mañana domingo. Mientras Asaja espera consolidar su posición dominante y revalidar su presencia en los consejos de todas las provincias de la Comunidad, la Alianza luchará por mejorar resultados y estrenar representación en Burgos, Segovia y Valladolid , donde aún no cuenta con ella. Por su parte, UCCL intentará entrar en León, Palencia, Salamanca y Zamora. Las tres parten de los resultados de 2018, unas elecciones que, en el ámbito autonómico, otorgaron a Asaja tres representantes en el Consejo Agrario de Castilla y León; dos a la Alianza UPA-Coag y uno a UCCL, un resultado igual en ‘escaños’ al obtenido en 2012.

Pregunta.– ¿Está mejor el campo que hace cinco años, cuando se celebraron las últimas elecciones agrarias?

Donaciano Dujo (Asaja).– La situación que vive el mundo, Europa, España y por lo tanto Castilla y León es de máxima incertidumbre y preocupación. La crisis sanitaria de 2020 todavía no ha acabado, atravesamos una crisis económica, pero sobre todo, a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, una crisis de costes de producción y de falta de materias primas. Lo peor que a una actividad empresarial agraria le puede ocurrir es la incertidumbre de unos costes elevadísimos sin saber qué va a valer lo suyo, y además con la entrada en vigor de una PAC que es netamente antiprofesional, antieconómica y antiagrícola.

Lorenzo Rivera (Alianza UPA-Coag).– Hemos vivido el lustro más cruel en décadas: pandemia, crisis de oferta y energética, altos costes de producción, guerra y sequía. Cuatro de los cinco años registraron rentas agrarias negativas. Aunque las producciones han sido significativas, (2022 se alcanzó el récord: 63.770,2 millones de euros) el precio de los insumos las lastró. La renta agraria está hoy un 11,5% por debajo de la de 1990; el beneficio de las explotaciones familiares cae por falta de precios justos y la pérdida de activos no se frena.

Jesús Manuel González Palacín (UCCL).– Hay una mayor incertidumbre debido a la volatilidad de los mercados y a los elevadísimos costes de producción, y evidentemente hay mayores exigencias medioambientales y muchísima más burocracia, por lo tanto la situación ha empeorado. El resultado es que al final, los agricultores y ganaderos estamos perdiendo competitividad frente a países terceros.

P.– ¿Cuáles son los principales retos a conseguir en este nuevo periodo de cinco años?

D.D.– El principal reto es que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla, que los productos que vende el agricultor y el ganadero tengan un precio justo, por encima de los costes de producción. Y por supuesto, una PAC que cambie drásticamente el rumbo que lleva, pues esta es una PAC con poco presupuesto y mal distribuido, equivocada en lo medioambiental y con una carga burocrática imposible. 

En las políticas propias, hay que modernizar la agricultura y ganadería, dotarla de más superficie de regadío y modernizar los que hay, reconcentrar los secanos y ayudar a las explotaciones a que se modernicen y a que se incorporen más jóvenes. Otra cuestión fundamental es mejorar la imagen del sector agrícola y ganadero, no como hacen los distintos ministros del Gobierno de España, que lo crucifican cada vez que hablan.

L.R.– El principal reto es que los agricultores y los ganaderos reciban precios dignos: saben producir, pero su rentabilidad está bloqueada por los costes de producción. La Ley de la Cadena ha de avanzar en su cumplimiento. La Administración debe volcarse en la inspección. Para la Alianza UPA-Coag si la ley de la cadena se cumple, el 80% de los problemas del campo se solucionarían. Nuestro compromiso es volcarnos en ello.  Tampoco olvidemos la mejora tecnológica como ahorro energético, el compromiso medioambiental y el avance en la comercialización.

J.M.G.P.– Lo primero, reducir de manera urgente las exigencias medioambientales de la nueva PAC y en segundo lugar, que consigamos vender nuestros productos siempre por encima de los costes. Otro reto es que haya un control efectivo de la fauna salvaje y que cambie radicalmente el modelo de sanidad animal por uno consensuado y que evite tantas pérdidas económicas innecesarias. 

También que se aplique el principio de reciprocidad a los productos importados respecto a las normas que tenemos que cumplir en la UE. En infraestructuras, hay que conseguir nuevos regadíos, la modernización los existentes y concentraciones parcelarias. Y por último, reducción de la carga burocrática que soportamos.

P.– ¿Qué diferencia a su organización agraria de sus oponentes? ¿Por qué debería un agricultor o ganadero votarla?

D.D.– Asaja tiene una vocación de empresa familiar profesional agraria. Una actividad que tiene que generar ingresos para vivir dignamente y para mejorar la explotación. Somos autónomos empresarios agrarios. Esa es la primera gran diferencia. 

Creemos firmemente en la unidad del campo, y somos la única organización representativa en las nueve provincias, la mayoritaria en Castilla y León y en España. Hay que votar a Asaja porque tenemos una oficina en Bruselas, somos los que más servicios prestamos en el mundo agrícola y ganadero de Castilla y León, con 45 oficinas y 150 trabajadores. Somos la organización que más jóvenes incorporamos, que más PAC hacemos, y más seguros. Somos la organización que quien la vota sabe que ese voto va a servir para algo. 

L.R.– El lema de nuestra campaña, ‘Lo nuestro es defender lo tuyo’, es reflejo de nuestro trabajo diario. Somos agricultores y de pueblo, gente de la tierra. Defendemos una agricultura profesional, social y familiar, que genere riqueza en los pueblos y posibilite el relevo, frente al modelo ultraliberal de grandes explotaciones que defiende Asaja y que nos expulsa a las explotaciones familiares profesionales.

La Alianza UPA-Coag cuenta con un gran currículum de logros arrancados a administraciones y empresas. No todas las organizaciones pueden decir lo mismo. Tres ejemplos: en sectores como el lobo, el gasóleo o las ayudas a la remolacha. La Alianza ha logrado o devuelto las cantidades que le correspondían o se habían usurpado a los profesionales.  

J.M.G.P.– Nos diferencia la independencia de cualquier partido político o cualquier grupo de poder. Representamos única y exclusivamente a agricultores y ganaderos profesionales. Los dirigentes somos agricultores y ganaderos. Deberían votar a la UCCL porque somos la única herramienta totalmente útil que no tiene tutela de ningún partido político. Además, somos una organización plural. Lo que nos une es la defensa del agricultor y ganadero a título principal independientemente del color político del que gobierne.

P.– En este periodo se ha perdido la lucha sobre el Agricultor a Título Principal (ATP) en la PAC. ¿Cómo y cuándo podrá retomarse esa reivindicación?

D.D.– La culpa de que se haya perdido es netamente del Gobierno. De la aplicación del Plan Estratégico, el señor Planas, el ministro, ha hecho una PAC política, no profesional y agraria. Las propuestas de Asaja iban claramente a que se prioricen las ayudas de la PAC y se exclusivice las ayudas del PDR a los agricultores profesionales cotizantes a la seguridad social y que pagan sus impuestos. Se podrá retomar cuando entre otro Gobierno que priorice estas condiciones y que yo creo que tiene que ser cuanto antes, porque sin duda alguna, no puede ser que se esté favoreciendo la agricultura a tiempo parcial.

L.R.– La reivindicación de los ATP no muere aquí, llevamos más de 46 años con ella. Para la Alianza UPA-Coag, el ATP es el protagonista de las políticas de apoyo aunque la PAC fomenta la propiedad frente a los profesionales. Apoyar a los ATPs es apoyar el desarrollo de los pueblos.  Potenciaremos esta figura a través de todas las iniciativas.  Otras maneras de ejercer la actividad no deberían tener acceso a determinadas ayudas. La última PAC, un galimatías, defiende un trasvase de ayudas del verdadero profesional hacia falsos activos. 

J.M.G.P.– La Unión de Uniones, a la cual pertenece la Unión de Campesinos, ha sido la única organización que ha presentado un documento a nivel nacional consensuado al Ministerio, en el que se reivindicaba que las ayudas deberían ir dirigidas a los verdaderos profesionales del campo. Ninguna de las otras organizaciones se ha puesto de acuerdo a nivel nacional, en cada comunidad autónoma decían una cosa diferente. La responsabilidad de que esta PAC no vaya dirigida a los APTs es de esas organizaciones. Lo han hecho hace muchos años en Francia o Alemania, donde sus perceptores rondan los 300.000. En España, lamentablemente, seguimos con más de 600.000 perceptores.

P.– Acaba de arrancar el registro de contratos agrarios para el cumplimiento de la Ley de la Cadena ¿Qué más hace falta para que se cumpla?

D.D.– Hace falta inspección, control, revisión y sanción. La Ley de la Cadena Alimentaria necesita de los máximos controles, vigilancia e inspección, para hacerla cumplir. Y la industria agroalimentaria que no la cumpla, que se la sancione, que no se la dé un euro de subvención, y que se publique la lista de las industrias que no cumplen. Igual que hay una Ley de Tráfico y existe la Guardia Civil que nos la hace cumplir, eso mismo hace falta, una Guardia Civil de la cadena alimentaria y sanciones para que sea obligatorio cumplirla.

L.R.– Valoramos el hecho. Pero, sin una estrategia de inspección seria todo será cohetería. Urge un mecanismo de referencia frente a la especulación de la industria y la distribución: el Observatorio de Precios.  Las inspecciones han de ser ágiles y con fuertes sanciones para que sean disuasorias. Todos los operadores de la cadena han de cumplir justa y equilibradamente. La Alianza UPA-Coag no va a tardar ni un minuto en denunciar retrasos, incumplimientos o anomalías. 

J.M.G.P.– La Unión de Campesinos (UCCL) llevamos muchos años reclamando la que se publiquen costes de producción oficiales. Este sistema estadístico debería estar pactado con la industria y la distribución, para conseguir un equilibrio a lo largo de toda la cadena de valor.  Los contratos pueden ser una buena herramienta, pero necesitamos poder negociar de igual a igual. Estas mesas de negociación las debe constituir la Administración y hacer un papel de arbitraje. 

P.– ¿Cree que el Gobierno autonómico está comprometido con el campo? ¿Y el Gobierno de España?

D.D.– Con el campo no está comprometida la Unión Europea, que es el principal gobierno que tenemos. Va por unos caminos opuestos al sentido común y a la agricultura y la ganadería. Tampoco está comprometido el Gobierno, porque las medidas que pone en marcha en su mayor parte perjudican a los agricultores y ganaderos y esta PAC a quien más perjudica es a Castilla y León, así como los ataques de los distintos ministros.

Y el Gobierno Castilla y León debería estar muchísimo más comprometido, especialmente las consejerías más relacionadas con el sector. Por ser una administración más cercana, hay un mayor entendimiento, o relación, pero sin duda alguna echamos en falta muchísimo mayor compromiso político y económico con el campo.

L.R.– A todas las Administraciones, la Alianza UPA-Coag les recuerda que en cuanto se desvíen un milímetro saltaremos sobre ellas. El campo es un sector vigoroso de la economía, pero no está en los debates. Solo gracias a nuestra labor logramos colar los problemas de la agricultura en las agendas. La Alianza UPA-Coag está en todos los escenarios para que el debate sobre el campo esté siempre vivo. La Administración, por sí sola, tiende a la desidia. 

J.M.G.P.– La Consejería actual es totalmente continuista. Un mero gestor de fondos europeos, falta de ideas innovadoras y de un proyecto político. Le falta mucho compromiso con el campo de Castilla y León, por no hablar de que en campaña electoral se comprometieron a cambiar el saneamiento ganadero y han aplicado una normativa injusta e innecesaria. 

Respecto al Gobierno de España no es que tenga una total falta de compromiso con la agricultura, sino que además se ha convertido en uno de sus peores enemigos, elevando la protección de lobo, lanzando mensajes en contra de los ganaderos, aprobando un Plan Hidrológico con el rechazo total de las organizaciones agrarias y siendo la cenicienta de los Presupuestos Generales del Estado año tras año. Y el ministro de Agricultura ha incumplido su propio programa de Gobierno cuando dijo que iba a medir la representatividad de las Opas.

P.– El Gobierno central acaba de aprobar sin cambios un Plan Hidrológico del Duero rechazado por todos los agentes del campo. ¿Qué se puede hacer para revertirlo?

D.D.– Mientras no haya un cambio de la titular del Ministerio de Transición Ecológica, poco se puede hacer. Asaja ha dicho ‘no’ porque un plan hidrológico bueno para Castilla y León debería hacer pantanos para aumentar la superficie de regadío. Tenemos un 15% de regadío sobre secano, 550.000 hectáreas, la media de España es un 23%, nos faltan 300.000. Tendríamos que aspirar a modernizar los regadíos, las 120.000 hectáreas que faltan por modernizar, a la limpieza de los cauces, a invertir. 

En definitiva, hace falta dinero para todo eso, y hace falta una interlocución con la Confederación, que en este momento no existe. Es la primera vez que un plan hidrológico sale rechazado por una Comunidad Autónoma.

L.R.– La Alianza UPA-Coag conoce muy bien a Teresa Rivera, responsable del Plan Hidrológico del Duero: sus malas maneras en la sobreprotección del lobo. No nos sorprende que en su plan no estén las alegaciones de todo el sector afectado en Castilla y León. La Alianza UPA-Coag va a utilizar todas las energías para que sean consideradas. Es imprescindible una política de nuevos regadíos, modernización y recarga de acuíferos. El agua debe ser un bien público, una inversión social de primera magnitud: donde hay regadío hay vida, se asienta población y los jóvenes se incorporan. Urge incrementar el almacenamiento de agua porque el cambio climático traerá mayores sequías.

J.M.G.P.– La Unión de Campesinos (UCCL) va a manifestar su malestar tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la propia CHD. Creemos que así no se deben hacer las cosas, el agua es un recurso imprescindible para el desarrollo económico y se debería de abrir un debate severo y responsable sobre los recursos hídricos. Tenemos muchísimos ríos sin regular. Las infraestructuras hidráulicas son imprescindibles para Castilla y León. Debería haber un pacto de Estado sobre el agua y la necesidad de construir infraestructuras a largo plazo, y que ningún gobierno pudiera cambiar en función de su ideología. El agua no debería tener ideología.

P.– Faltan jóvenes en el campo que hagan posible un relevo generacional adecuado. ¿Son suficientes las ayudas de la Administración?

D.D.– Yo desearía que se mantenga el número de jóvenes que se está incorporando ahora, porque los datos a futuro son peores. Me gustaría seguir manteniendo los 500 o 600 jóvenes que se incorporan cada año en Castilla y León. Aunque el número no sea todo el que querríamos, los jóvenes que se incorporan al campo hoy están muy bien preparados, son grandes profesionales, tienen conocimiento de lo que es la materia agrícola y ganadera. Por eso Castilla y León es una región cada vez más profesional y productiva. He dicho más de una vez que la agricultura y la ganadería de Castilla y León se parecen mucho más a las de Francia que a la del resto de España, porque los agricultores y ganaderos somos los mejor preparados y los que mejor producimos.

L.R.– A la Alianza UPA-Coag le duele que los jóvenes no puedan tener un futuro en el campo, que se topen con más problemas que los inherentes a emprender. La Administración ayuda poco y tarde.

La Alianza UPA-Coag no cejará en lograr que la Administración actúe con agilidad, en que las entidades financieras faciliten el adelanto de partidas, en mejorar la formación, en proponer centrales de compras para abaratar insumos o en investigar alternativas a las carencias estructurales rurales. La manera de incentivar la incorporación de jóvenes y mujeres es garantizar rentas y condiciones de vida rural.

J.M.G.P.– Lo que es imprescindible es dar garantías de seguridad a estos jóvenes, y para ello hay que orientar las ayudas hacia los profesionales agrarios y ganaderos y conseguir que los contratos garanticen los costes de producción.

Otro tema importante para los jóvenes es el acceso a la tierra. Se debería fomentar el cese anticipado vinculándolo a nuevas incorporaciones y tener una línea de financiación que sea accesible a estos jóvenes, que lamentablemente necesitan mucha inversión para iniciar la actividad agraria. También pedimos que se blinden las superficies agrarias dotándolas de una protección que evite la construcción de macroproyectos solares en tierras de cultivo.

P.– Aún quedan cámaras agrarias en seis provincias. ¿Son funcionales, o son un vestigio del pasado? ¿Qué habría que hacer con ellas?

D.D.– Las cámaras tienen su sentido, que es el apoyo, la ayuda a las juntas agropecuarias locales. Las juntas agropecuarias locales de los pueblos necesitan tutela, ayuda, información y apoyo. Para nosotros sería bueno que las cámaras, allí donde están, lo hagan y lo fortalezcan, y allá donde no están podría volver a existir esa figura.

L.R.– Proponemos un aterrizaje suave en la desaparición de estos organismos, carentes de función, tras los decretos de disolución; una ordenada y justa distribución de su patrimonio para fines de interés agrario, y una absorción, por parte de la Administración, del personal que las gestiona.

J.M.G.P.– Las cámaras agrarias cumplen una función importante, dando un gran servicio a las juntas agropecuarias locales. Se podrían dar desde cualquier otro sitio, pero mientras no exista alternativa consideramos que deben seguir existiendo porque hacen una acción fundamental para evitar conflictos, por ejemplo en el reparto de pastos y rastrojeras.

P.– Muchos profesionales consideran que cuatro Opas en Castilla y León son muchas. ¿Sería conveniente una unión en dos? ¿Es factible?

D.D.– Asaja ya ha hecho ese trabajo. Asaja es la unión de Ufade, Cenac, y Jóvenes. El resto de organizaciones eran una, las Escuelas Campesinas, y hoy está Coag, Upa, UCCL… No le toca a Asaja hacer más fusiones. Les toca a las otras no dividirse más, que por ese camino van. Cuanto menos organizaciones hay, más unido está el campo, y por eso Asaja de tres hizo una, para estar unidos.

L.R.– La Alianza UPA-Coag defiende una confluencia de organizaciones. Ya hemos dado un paso con la Alianza: un modelo social de agricultura profesional y familiar. Tendrá que haber otra opción identificada con el modelo ultraliberal, de gran empresa, de grandes explotaciones, de terratenientes y con asiento en la CEOE. Dos modelos, dos opciones. 

J.M.G.P.– Nosotros consideramos que tiene que haber tantas organizaciones como los agricultores quieran, por eso debe haber elecciones al campo. Ahora mismo el escenario sindical en el campo está cubierto con una organización vinculada a los partidos de derechas y otra vinculada al PSOE y a la UGT. La Unión de Campesinos (UCCL) está en el escenario de la independencia política.

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