El Común reclama a la Junta de Castilla y León que recupere el ‘cheque-bebé’ para frenar la despoblación

Hubo una época en Castilla y León en la que los bebés llegaban con un cheque debajo del brazo ; con uno de 600 euros , para ser exactos. Esa era la cuantía que ingresaban por cada nuevo miembro de la familia quienes tuvieron hijos en la Comunidad entre 2002 y 2010 , periodo en el que estuvo vigente el pago directo por nacimiento o adopción, y es precisamente esta fórmula, la del talón económico frente a las deducciones fiscales, la que quiere recuperar el Procurador del Común con el objetivo de «reactivar la natalidad» .  

«Se trata de frenar la disminución progresiva y continua de las tasas de natalidad en Castilla y León y luchar de forma eficaz contra el envejecimiento de nuestra población, fomentando el crecimiento demográfico en nuestro territorio», reflexiona el Defensor del Pueblo en su alegato dirigido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para justificar su petición de volver a convocar todos los años las ayudas económicas directas . Esas que dejaron de existir para dejar paso a rebajas en la declaración de la renta . Ayudas, en todo caso, pero menos 'palpables' y en otros términos.

La petición del pago único «como mecanismo necesario para luchar contra el envejecimiento de la población y asegurar el relevo generacional» que solicita el Procurador en funciones, Tomás Quintana, tiene aún más relevancia en un momento como el actual, no sólo por la tónica de pérdida de población en la que lleva años sumida la Comunidad, sino por la «adversa coyuntura económica del momento» y los elevados gastos que supone la llegada de un hijo , según alega en el expediente de oficio rubricado al cierre de 2022, al que todavía no ha respondido el área que dirige la consejera Isabel Blanco.

El pago directo –amén de otras circunstancias–, parece que sí surtió efecto , a tenor de la evolución de los datos, y su supresión tuvo después una repercusión negativa en los registros de las maternidades. Porque según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el periodo que estuvo vigente el ‘cheque-bebé’ de la Junta se incrementaron los nacimientos un 13,18% en Castilla y León , al pasar de los 18.100 de 2002 a los 20.486 de 2010, lo que supone que se contabilizaron 2.386 más.

A partir de su eliminación lo que se constata es un retroceso en el número de nacidos, pues si en 2011 se anotó la llegada de 19.862 niños, en 2021 –el último con datos completos en una anualidad– la referencia en la Comunidad cayó hasta los 12.970. En términos absolutos supone un descenso de 6.892 bebés menos y, a nivel relativo, se concreta en una caída del 34,7% .  

Lógicamente en la evolución de la natalidad intervienen muchos más factores, y el aumento o la merma del número de  bebés o de adopciones no puede achacarse únicamente a la existencia o la supresión de la ayuda autonómica de carácter directo. Máxime cuando hubo una época –entre 2007 y 2011– en la que el ‘cheque-bebé’ de Castilla y León convivió con otro más suculento implementado a nivel nacional, el de los 2.500 euros de Zapatero , y sin olvidar que con el estallido de la crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria se alteró el contexto social, laboral y económico.

Entonces este tipo de políticas desaparecieron y, aunque en los últimos tiempos se han ido reactivado líneas de ayuda que en su día se suprimieron, algunas medidas, como el ‘cheque-bebé’ no han regresado. Y eso que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en campaña electoral que lo volvería a poner en marcha , con una cuantía media de 1.500 euros por nacimiento en la Comunidad, con ampliación de la cifra de ayuda por el segundo vástago y un aumento mayor por los siguientes vástagos.

Pero una vez celebradas las elecciones, 'donde dije cheque digo deducción' , y lo que se planteó como un ingreso directo a las cuentas de los progenitores con residencia en la autonomía se mantiene, al menos por el momento, como una deducción fiscal. Con mejores condiciones , eso sí, pero no para todos, sino sólo para los residentes en municipios con menos de 5.000 habitantes . 

Desde diciembre, con la aprobación de las rebajas tributarias en la Comunidad, los padres que residen en el medio rural se pueden deducir 1.420 euros en la declaración de la renta por el nacimiento de su primer hijo , 2.070 por el segundo y 3.300 por el tercero y sucesivos; mientras, para el resto de la población los beneficios no cambian y pueden deducirse 1.010 euros si se trata del primer hijo, 1.475 si se trata del segundo, y 2.351 a partir del tercero. Todo ello con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

Pero del ‘cheque-bebé’, que es lo que se anunció en campaña y lo que solicita el Procurador del Común, no hay, por ahora, ni rastro. Eso sí, el nuevo texto normativo introduce una importante novedad respecto al que estaba vigente hasta ahora, y es que las subvenciones y las deducciones fiscales por nacimiento o adopción, aunque sean incompatibles, no se refieren a la posibilidad de convocatoria, sino a la de percepción. 

Es decir, con la norma actual, el Gobierno de la Comunidad sí podría abrir una línea de ayudas directas por nacimiento hijo, pero las familias de Castilla y León tendrían que elegir si prefieren solicitar el pago directo u optan por marcar la casilla del ‘descuento’ a la hora de hacer su declaración de la renta . Eso, en caso de que la Junta decidiera convocarlas, pues se trata de una posibilidad pero no de una realidad.

Así, puesto que son incompatibles , «en caso de que se convoquen subvenciones por nacimiento o adopción, quienes hubieran optado por solicitar las mismas y se les hubiera concedido, no tendrán derecho a la aplicación de las deducciones fiscales», aclararon fuentes de la Consejería de Familia. 

Con este cambio normativo se 'afloja el corsé' colocado en 2010 , cuando la Junta introdujo una modificación en la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad, por la que consideraba que no existía amparo legal para convocar subvenciones mientras permanecieran en vigor las deducciones fiscales, motivo por el cual desde el año 2011 no se efectúan esas convocatorias de pagos directos que el Procurador del Común aboga por rescatar para fomentar la natalidad.

Ese año, convertido en punto de inflexión porque los pagos por nacimiento se convirtieron en deducciones fiscales , únicamente se abonaron las solicitudes pendientes del año precedente, 4.397 en total que supusieron un desembolso de 3,44 millones de euros, según datos facilitados por la Consejería de Familia. Una cifra residual, lógicamente, en comparación con los ejercicios en los que sí estuvo operativo el ‘cheque-bebé’ en Castilla y León. 

Baste comprobar que en 2002 se anotaron 9.905 solicitudes y el gobierno autonómico destinó para tal fin 7,4 millones de euros. A partir de ese punto de partida, con ligeros altibajos, la cifra se fue incrementando: 15.476 solicitudes concedidas en 2003 (11,9 millones), 17.391 en 2004 (13 millones), 19.786 en 2005 (14,2), 19.101 en 2006 (13,1), 20.300 en 2007 (13,7) , 19.862 en 2008 (14 millones), 19.698 concesiones en 2009 (14,6) y 21.720 en 2010, último año en vigor , con un desembolso cifrado en 16,4 millones de euros .    

Después, en plena crisis económica se puso fin a la vía del talonario, pero antes de ese cambio las familias incluso podían disfrutar de las dos alternativas, la del ingreso en cuenta y la de la deducción por nacimiento o adopción, porque eran compatibles entre sí. Después de una década limitado a una fiscalidad favorable, ahora se recupera la posibilidad de reactivar los pagos directos, si bien estos no se podrían compaginar con las deducciones en el IRPF . 

Según el Defensor del Pueblo, el objetivo debe ser «remover los obstáculos que entorpecen la propia voluntad de las parejas de elegir la dimensión de su familia» y aunque aplaude que la Junta tenga líneas de apoyo para las familias, considera que el fomento de la natalidad no puede descansar sólo en ellas, «sino que debe abarcar otras variables que condicionan el ejercicio de la maternidad y la paternidad  desde una perspectiva socialmente integradora que entronque directamente con las políticas transversales de promoción de la igualdad de oportunidades».     

En este sentido, el Procurador enumera el programa Crecemos (las guarderías para niños de hasta tres años en el medio rural), el programa Conciliamos (los ‘coles’ que se abren durante las vacaciones escolares), las ayudas por excelencias y reducción de jornada o el Bono Concilia.