Sánchez alardea de que la Junta "acata" sus requerimientos contra el 'protocolo antiabortista'

"Este escrito de acatamiento formal ante los requerimientos efectuados por el Gobierno de España supone una rectificación oficial de la intención inicialmente manifestada por el gobierno de Castilla y León de proceder según lo anunciado el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores". Con en esta afirmación en un comunicado remitido este viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez alardea de que la Junta "acata"   sus requerimientos contra el protocolo antiabortista , que anunciaba el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, el jueves día 12 en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

Eso sí, el Ejecutivo central "reitera su preocupación por los anuncios y declaraciones de los máximos responsables de la Junta de Castilla y León , que, en la misma jornada de ayer, apuntaban nuevamente a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir". Afirmación que el Gobierno central sustenta en las declaraciones del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, cuando expresaba que "las nuevas medidas de atención a embarazadas anunciadas en la rueda de prensa de 12 de enero seguían adelante" .

Afirmación con la que, según constata la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Junta, "el portavoz reconocía que se trata de 'una mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario'" , a lo que el Gobierno recuerda a la Junta que la nota de prensa con esas medidas del 'protocolo antiabortos' "aún está publicad en la web oficial de la Junta tras el Consejo de Gobierno del 12 de enero, con lo cual "sigue vigente", puntualiza el comunicado, que señala: "Es decir, que el gobierno autonómico de Castilla y León mantiene su intención de ir más allá de lo que establece la ley orgánica de 2010, en evidente contradicción con el contenido de la documentación oficial remitida".

Ante esto, el Ejecutivo central asegura que, "a través del Ministro de Presidencia, remitirá una carta al Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en la que se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término, la utilización de cualquier tipo de prueba ecográfica (como la Eco Doppler) fuera de las indicaciones avaladas por la evidencia científica y recogidas en las guías de práctica clínica".