Las reclamaciones a la Comisión de Transparencia de Castilla y León suben un 60% con casi 300 más en un año

El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León ha hecho balance de las reclamaciones registradas en el recién concluido 2022, y constató un notable incremento de un 60,4%, con 299 más que el año anterior. De los 495 requerimientos presentados en 2021 el organismo autonómico, adscrito al Procurador del Común, pasó a los 794 del pasado ejercicio. 

También se disparó a más del doble el número de reclamaciones tramitadas a través de la sede electrónica , de las 240 en 2021 a las 540 en 2022, lo que se traduce en un 125% más. El uso de la web para iniciar expedientes es ya tan importante que el origen de las demandas por provincias es difícilmente contabilizable. La estadística de la Comisión de Transparencia solo puede clasificar la procedencia por provincias de la Comunidad en 447 casos , mientras que en 247 ocasiones las reclamaciones se iniciaron en otras provincias del territorio nacional, una en el extranjero y en 129 ocasiones la procedencia aparece como «desconocida».

Tal y como señalan fuentes del organismo, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento por las administraciones , el dato de procedencia ha perdido valor año a año, aun cuando las provincias de Valladolid y León siguen a la cabeza con el 15,87 y 13,22%, respectivamente.

Es más relevante el dato de las demandas según la administración contra la que se haya reclamado. Así, como es habitual, los ayuntamientos vuelven a encabezar la tabla con el 65,2% (518 reclamaciones en 2022, mientras habían acaparado el 62,6% en 2021, con 310). El conjunto de las administraciones locales, sumando diputaciones, entidades locales menores, mancomunidades y el Consejo Comarcal del Bierzo, suman el 73,7%, casi una de cada cuatro, con un total de 585.

El sector público autonómico se lleva el 24,8%, casi una de cada cuatro demandas, con un total de 197. Y en ese sector, las que se llevan el mayor ‘gajo’ son las diez consejerías de la Junta de Castilla y León, un 17,25% del total de demandas registradas por la Comisión de Transparencia en 2022, con 137.

Por número de reclamaciones, –aunque en este extremo hay que tener en cuenta la naturaleza de cada uno de los departamentos, pues unos están relacionados con materias más sensibles que otros y son difícilmente comparables–, la que se lleva la palma en número de reclamaciones es la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con 73 demandas , el 5,4% del total de expedientes del año. En segundo lugar aparece la Consejería de Educación, con 28 recursos (3,5%) y le sigue Sanidad, con 17 (2,1%). En el otro lado del ranking , las consejerías contra las que menos reclamaciones recibió el Comisionado fueron Familia e Igualdad de Oportunidades e Industria, Comercio y Empleo, con dos cada una (0,3%), seguidas de Economía y Hacienda, con tres (0,4%).

De todas las reclamaciones recibidas en 2022 –séptimo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia de Castilla y León–, 681 reclamaciones se fundamentaron en la ausencia de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 85 % de las presentadas, según informó este miércoles el Comisionado con una nota de prensa. 

Por otro lado, 113 reclamaciones se registraron frente a denegaciones expresas de información , que se basaban principalmente en la protección de datos personales; en que la información se encontraba en curso de elaboración o había sido objeto de publicación; en la necesidad de realizar una reelaboración para proporcionar la información solicitada y, en fin, en que la entidad a la que se dirigía la petición no disponía de la información. Las cinco materias que han dado lugar a un mayor número de reivindicaciones han sido las relativas a protección del medio ambiente, empleo público, obras públicas, contratación y actuaciones de carácter urbanístico . RESOLUCIONES

En 2022, la Comisión de Transparencia adoptó 262 resoluciones, dos más que las emitidas en 2021 . En 154 se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada, de las que 138 se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, 15 se formularon a la Administración autonómica y una a un Colegio Profesional. 

Las resoluciones de la Comisión de Transparencia deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales. En concreto, las tres sentencias judiciales adoptadas en 2022 en recursos interpuestos frente a resoluciones de la Comisión de Transparencia ratificaron la postura adoptada por esta . 

En 67 ocasiones, una vez que intervino la Comisión, aun sin haber llegado a dictar resolución, ante la presentación de reclamación, la Administración o entidad pública correspondiente reconoció el derecho del ciudadano a acceder a esta, desapareciendo, por tanto, el objeto de la reclamación.

Se incrementa un año más el uso de la sede electrónica (540 presentaciones en 2022, por las 240 registradas en 2021) . Es destacable que 112 de estas reclamaciones fueron presentadas por cargos representativos locales, de las cuales 93 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 10 por vocales de juntas vecinales y 9 por diputados provinciales. En cuanto a otros colectivos, «destaca el número de reclamaciones de asociaciones ecologistas, por representantes de los trabajadores y también por periodistas », concluye el Comisionado.