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Multa de 300.001 euros para un 'resort' para caballos en Burgos que funciona sin licencia

La portavoz del grupo municipal de Podemos, que denunció la situación el pasado febrero, sigue reclamando la restauración de la legalidad y, por tanto, el desmantelamiento de la instalación

Imagen de la entrada del ‘resort’ para caballos al que Licencias ha abierto un expediente.- SANTI OTERO.

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N. ESCRIBANO / BURGOS
Valladolid

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El área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos ha propuesto una sanción de 300.001 euros para Green Gates , un hotel de caballos ubicado en las inmediaciones de la Cartuja de Miraflores. Un completo 'resort' para caballos que funcionaba desde hace cinco años sin licencias de obras ni de actividad y en un ámbito de suelo rústico protegido.

La portavoz de En Burgos Podemos, Margarita Arroyo, que fue la denunciante de esta situación tras conocer que desde el área de Urbanismo se promovía una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar esta instalación, explica que en la reunión de la Comisión de Licencias ha conocido el informe que recoge la propuesta de sanción hacia la empresa Tabalou Development S.L.U..

En concreto, en el texto de la propuesta de sanción figura que se «declara cometida la infracción urbanística por ejecución de obras de construcción sin la preceptiva licencia urbanística en suelo rústico con protección». Así lo leyó textualmente la edil de Podemos.

Desde la formación morada mantienen la petición de restauración de legalidad en la zona , lo que implicaría el desmantelamiento de este negocio y también reclamaban una sanción urbanística «muy grave» en base al articulado de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. 

El informe, firmado a principios de diciembre por el concejal de Licencias, Miguel Balbás (Ciudadanos), establece que la sanción es «muy grave», pero se recoge la cuantía económica más baja dentro de las posibilidades.

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Los promotores, que ya habrán recibido la notificación de la sanción, tienen un mes para presentar recurso de reposición contra esta decisión municipal y dos meses para acudir al Contencioso-Administrativo, como ha señalado Arroyo.