La hucha de pensiones de León y Zamora, a la cola con apenas un cotizante por jubilado

La sostenibilidad de la hucha de las pensiones se ha convertido en uno de los principales obstáculos a superar en muchos territorios, especialmente en aquellos en los que el envejecimiento de la población hace que aumente el número de beneficiarios de estas prestaciones. Si a eso se suman otros factores, como la despoblación, que supone una menor cifra de cotizantes a la Seguridad Social, la fórmula da como resultado el ejemplo de Castilla y León, donde el sistema ya deja ver algunas grietas con hasta cinco provincias entre las diez con peor ratio entre los que aportan a las arcas y los que cobran de ellas.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Castilla y León contaba el mes de octubre con 616.412 pensionistas , lo que supone en torno al 25% de la población total de la Comunidad. En este dato están incluidos todos aquellos que perciben mensualmente del estado unos ingresos por diferentes causas, como pueden ser la orfandad, viudedad, incapacidad permanente o jubilación, siendo estas últimas las más abundantes con casi 400.000. 

Frente a este dato, y en este caso atendiendo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los afiliados a la Seguridad Social ascendían en octubre hasta los 941.516 , lo que supone solo una diferencia de 325.104 frente a los pensionistas. Si bien es una cifra abultada, no es suficiente para garantizar el mantenimiento del sistema, ya que deja en la Comunidad una proporción en la que cada pensión emana de cotizante y medio (1,53), cuando la media nacional se sitúa ligeramente por encima de dos.

En este sentido hay que destacar que Castilla y León, afectada por las circunstancias mencionadas anteriormente, se sitúa como la tercera comunidad autónoma del país con el sistema de pensiones más débil . La primera posición la ocupa Asturias, donde la proporción entre cotizantes y pensionistas se acerca peligrosamente al uno absoluto (1,24), mientras que la segunda posición recae en Galicia son 1,25 afiliados a la Seguridad Social por cada beneficiario de una pensión.

También hay que destacar que si bien Asturias arroja el peor dato autonómico del país , dentro de esas cinco comunidades de Castilla y León entre las diez peores hay una que además supera ese registro. Se trata de León, donde 162.457 cotizantes deben hacer frente a 139.699 pensiones. Dicho de otro modo, la proporción es prácticamente de uno a uno, lo cual supone un riesgo ante la escasez de ingresos a las arcas.

Pero León, a pesar de estar entre los peores puestos del país, no alcanza cifras tan malas como las de Lugo (1,08), Badajoz (1,08) o incluso la de Orense, única provincia de España con un balance negativo en el que los pensionistas superan a los cotizantes, arrojando una ratio de 0,97.

En ese listado de las diez ratios más reducidas, además, aparecen otras cuatro provincias de Castilla y León , y que además se quedan por debajo de la media autonómica y, evidentemente, muy lejos de la nacional. Es el caso de Zamora, que con 59.585 afiliados y 47.796 pensionistas cuenta con una proporción de 1,25, y que se sitúa por debajo de las cifras de Ávila.

Precisamente, en la provincia abulense 56.231 afiliados deben hacer frente con sus cotizaciones a la Seguridad Social a las 38.825 pensiones que reciben el mismo número de beneficiarios en la provincia, lo que ofrece una ratio de 1,45. Palencia, la siguiente provincia en la lista, cuenta con una proporción de 1,48, que resulta de dividir 63.491 afiliados a la Seguridad Social entre 42.782 pensionistas.

Finalmente, la última provincia de Castilla y León que aparece en esta parte de la lista es Salamanca, que con 122.796 cotizantes y 80.999 pensionistas se mantiene con una proporción de 1,52.

Es ya en puestos algo mejores donde aparece el siguiente territorio, Burgos, que mejora sensiblemente la media autonómica con una ratio de 1,64 al acumular 150.214 afiliados y 91.414 pensionistas.

En lo que respecta al resto de provincias de Castilla y León, su situación en el conjunto del país podría considerarse algo mejor, puesto que se acercan mucho a esa proporción de dos cotizantes por pensionista, aunque sin llegar a ella. Así, Soria apenas cuenta con 41.045 afiliados a la Seguridad Social, lo cual supone la cifra más baja de todo el país. No en vano Teruel, la siguiente en la lista y considerada otro de los territorios más golpeados por la despoblación, se sitúa con algo más de 56.000. Frente a este dato, el sistema de pensiones hace frente a las prestaciones de 22.379 sorianos, de nuevo el dato más bajo, lo que arroja una ratio de 1,83.

Algo mejor es la proporción que alcanza Valladolid , con 1,86 cotizantes por pensionista. Con poco más de 220.000 afiliados a la Seguridad Social, se sitúa en valores parecidos a los de Toledo, Cáceres, Jaén o Castellón, mientras que en octubre contabilizaba 118.197 pensionistas, similares a los registrados en Lugo, Toledo o Almería.

Finalmente, la provincia de Castilla y León que más saneado tiene el sistema de las pensiones es Segovia, que pese a no ser una de las más pobladas de la Comunidad cuenta con un número razonable de afiliados, 65.615, algo por otro lado comprensible dada su proximidad con la Comunidad de Madrid. Asimismo, los pensionistas se elevan solo hasta los 34.322, lo que deja una ratio entre ambas cifras de 1,91, muy similar a la que arrojan otras provincias, como Valencia.

El equilibrio en el sistema de pensiones resulta fundamental a la hora de poder garantizar que los ciudadanos jubilados pueden percibir del estado una remuneración acorde a su situación, más cuando en muchos casos es la recompensa de toda una vida de aportaciones a las arcas públicas. Sin embargo, las últimas tendencias demográficas muestran un aumento constante de la población de mayor edad, sin que el relevo de cotizantes pueda compensarlo.

Esto hace que, como en muchas de las provincias de Castilla y León, empiece a darse una situación en la que los gastos superan a los ingresos , haciendo inviable para las arcas públicas esta situación. Y no solo eso, si no que además el mencionado escenario tampoco permite, o si lo hace es con ingentes esfuerzos, ajustar las retribuciones de los pensionistas para que se adapten al coste de la vida en cada momento.

No obstante, y a la vista de los datos tanto del Ministerio como del INE, este problema es común en la mayor parte del territorio de España y, aunque hay provincias con una ratio mucho más positiva, no hay que olvidar que es el gobierno central el que hace frente a los pagos, lo que significa que estos ejemplos no serán ajenos a la falta de capacidad económica si, con la tendencia actual, se llega a tal extremo.