JONATHAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | COORDINADOR DE LA RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (EAPN CYL)
«Sin ayudas del Covid entrarían en la pobreza otras 50.000 personas»
Trabajador social, forma parte de la sede autonómica de EAPN desde hace seis años y lleva cuatro meses ejerciendo la coordinación de la entidad. Acaba de presentar el estudio ‘Arope’ encargado por la UE, de carácter anual, sobre el riesgo de pobreza. La crisis del Covid ha disparado la tasa al 23,1% en Castilla y León
Pregunta.– Un 23,1% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión en Castilla y León. ¿Cómo ha cambiado la cifra desde el Covid?
Respuesta.– Castilla y León es la segunda comunidad donde más ha empeorado, después de Navarra, aunque a nivel nacional seguimos siendo una de las comunidades con menos tasa Arope (de riesgo de pobreza y exclusión social), la novena con menos. La tasa estaba en un 19,4% antes del Covid. Hemos ganado más de tres puntos.
P.– ¿Por qué Castilla y León y Navarra son las que más suben?
R.– Porque estábamos entre las comunidades mejor posicionadas. A nada que ha empeorado la situación hemos sido las que más hemos crecido en la tasa. No obstante, seguimos manteniéndonos en esa parte norte del país con menos tasa Arope.
P.– Ese 23,1% de tasa Arope es como volver a 2015. ¿Cuánto nos costará retomar la senda anterior?
R.– Ahora hacer previsiones a corto plazo es complicado por factores como la guerra de Ucrania y la inflación, que no sabemos en qué va a derivar. Lo que sí está claro es que con la inflación y el precio del gas posiblemente para el próximo año haya un empeoramiento también.
P.– Empieza a ser alarmante, porque significa una de cada cuatro personas en riesgo de pobreza…
R.– Estamos hablando de riesgo de pobreza. Se incluye pobreza económica, baja intensidad de empleo y la capacidad de consumo. Lo que es pobreza económica, es el 17,9%.
P.– ¿Qué significa que una persona entre en la tasa Arope? ¿Entran en ese porcentaje el 17,9% de los que están en pobreza, de los cuales 6,8 puntos son de pobreza severa?
R.– La persona que está en riesgo de pobreza o en tasa Arope cumple con uno de los tres criterios que se establecen: el relacionado con la renta, que es el riesgo de pobreza, por debajo del umbral de 795 euros mensuales por unidad de consumo (el umbral de pobreza severa está por debajo de los 530 euros mensuales); las posibilidades de consumo (si pueden mantener la casa a una temperatura adecuada, si pueden sustituir sus muebles viejos, si tienen posibilidades de ocio, etcétera), y finalmente hogares donde haya una baja intensidad de horas de trabajo (por debajo del 20% de la jornada laboral). Eso es situación de riesgo.
El 23,1% de la tasa Arope supone en Castilla y León 551.000 personas. Está incluido ese 17,9% de personas en situación de pobreza (426.000 personas, de las que 243.401 están en pobreza severa, el 6,1% de la población total de la Comunidad).
P.– En Castilla y León el panorama es peor que antes del Covid. ¿También en España y Europa?
R.– Arope es un instrumento que se elaboró por la Comisión Europea con el fin de evaluar las políticas sociales que se estaban realizando. En los países de la UE sí ha habido un aumento, y a los países que veníamos presentando mayores tasas nos ha pasado lo mismo, que seguimos estado en desventaja.
España es el cuarto país con mayor tasa. Desde que este estudio existe siempre hemos estado en los puestos más altos, porque es algo estructural en nuestro país. Los países que están por encima de nosotros son Letonia, Rumanía y Bulgaria.
P.– Estamos totalmente a la cola.
R.– Sí, eso está ligado a nuestro desempleo estructural.
P.– En los datos por provincias sobre las pensiones se ve bastante diferencia entre unas y otras. Aparece Valladolid como la más rica, con un 27,3% de pensionistas en situación de pobreza y 11,1% en pobreza severa, y Zamora como la más pobre con el 39,8% y el 16% respectivamente. ¿A qué se debe?
R.– Habría que estudiar la feminización, pues el 43% de las mujeres con pensiones están bajo el umbral de pobreza. Son pensiones más ligadas al campo, más bajas, las que pueda haber en Zamora, y en entornos más rurales, y las de Valladolid pueden estar más ligadas a la industria.
P.– El informe constata que se ha agravado la brecha entre medio urbano y medio rural, entre ricos y pobres y entre mujeres y hombres. Estos tres indicadores son muy negativos…
R.– Esto provoca que no haya cohesión social, que haya diferencias incluso entre grupos de edad, vemos cómo los menores de 19 años presentan un 29% de riesgo de pobreza.
P.– Dice el informe que el efecto de las administraciones resguardó a 55.000 personas de caer en la pobreza en la pandemia. ¿Y después?
R.– Ese cálculo se ha hecho con las medidas que ha puesto en marcha la Administración tanto a nivel nacional como autonómico, cómo se han complementado con los Ertes… Claro está que si la crisis no pasa e incluso se endurece y estas medidas no se llevan a cabo, todas esas personas que se han salvado de la situación de pobreza posiblemente caigan en esa situación. Es fundamental seguir reforzando esas políticas sociales y esas medidas para seguir salvando a esas personas e incluso sacar a otras de la pobreza.
P.– Si no hay medidas, ¿esas 50.000 personas están en riesgo de caer?
R.– Sí, esas 50.000 personas. Por eso esas medidas hay que seguir manteniéndolas y reforzarlas, convirtiéndolas en algo más estructural en cierta manera, y no tanto puntual. Porque al final estamos viendo que las crisis no son puntuales, vamos juntando una crisis con otra y la población de mayor riesgo necesita esa red de protección.
P.– ¿Toma la Administración suficientes medidas tras el Covid? ¿Qué medida urgente habría que impulsar?
R.– El mensaje a las administraciones es que se tienen que seguir reforzando estas políticas sociales, que no solo están basadas en el empleo, porque vemos que hay personas con empleo también en situación de pobreza. La pobreza tiene muchas caras. Y las medidas tienen que ser así, no hay una respuesta única a la pobreza.
La única solución es que esas políticas sociales vayan en aumento, y sobre todo que lleguen a todos los estratos. Y la única forma de financiarlos es a través de una política fiscal justa y solidaria.
P.– El camino que se ha tomado en esta crisis ¿es el adecuado?
R.– El camino que se ha tomado en esta crisis es el adecuado pero se tiene que seguir reforzando, y la coordinación con el Tercer Sector y con las empresas y sindicatos es muy importante, una sociedad cohesionada y que es cosa de todos. Cuando hablamos de renta social no debemos verlo como algo externo a nosotros, sino que es una red de protección que en cualquier momento podemos necesitar.