La pandemia provocó un aumento del gasto de 1.500M€ en la administración de Castilla y León

El impacto de la pandemia de coronavirus en Castilla y León tuvo repercusión en prácticamente todos los ámbitos, incluido el de la financiación autonómica. Precisamente, hacer frente a los gastos derivados del Covid-19 provocó que la Comunidad gastara 1.500 millones de euros más en 2020 que el año anterior , lo que supone un 14% más.

Así lo significó ayer el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, quien compareció en las Cortes autonómicas para presentar el informe sobre el análisis económico y financiero del impacto del Covid-19 en el sector público administrativo de la Comunidad. Se trata de un documento elaborado por iniciativa propia de la entidad, y que expone a las claras como el balance financiero de Castilla y León se vio sacudido durante el primer año de la crisis sanitaria.

En este sentido, Amilivia comenzó su exposición haciendo hincapié en que durante 2020 los gastos presupuestarios ejecutados ascendieron a 12.222 millones de euros y en los que ya están incluidos los 1.468 que se incrementaron frente al último periodo pre Covid.

En este mismo desglose de cantidades, donde también aparece un aumento del 16% de las operaciones corrientes o de un 19% en los gastos de personal, hasta los 4.532 millones de euros; el crecimiento que más destaca es el de los gastos corrientes en bienes y servicios, que se dispararon un 38% por importe de 552 millones. Por otro lado, Amilivia también indicó que los ingresos presupuestarios ascendieron hasta los 12.039 millones , un 15% (1.527 millones) más que en 2019.

Por otro lado, y dentro de este análisis de los principales indicadores económicos, el presidente del Consejo de Cuentas mencionó que la carga financiera global de la deuda pasa del 14 al 13% reduciendo en un punto el impacto sobre los ingresos corrientes necesarios para atender el funcionamiento de los servicios. Así, el volumen de amortización de pasivos financieros se mantiene a partir de 2019, mientras que disminuyen los gastos financieros en un 15% y los ingresos corrientes aumentan un 13%.

Por ello, Mario Amilivia explicó que « el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión».

También tuvo tiempo Amilivia para mencionar algunos indicadores per cápita, como el creciente gasto público por habitante hasta los 5.103 euros , la inversión por habitante y que también crece hasta los 493 euros o la carga financiera soportada por cada ciudadano, que en este caso disminuyó en Castilla y León hasta los 550 euros. En este mismo sentido, los ingresos públicos en 2020 fueron de 5.027 euros por habitantes; la presión fiscal, de 2.559; y el déficit presentó un valor negativo de -76 euros por habitante.

Por otra parte, y en relación con el balance de situación consolidado, Amilivia puso de manifiesto que el sector público administrativo de la Comunidad presentó un patrimonio neto negativo por primera vez en 2019 con -6.156 millones de euros y que en 2020 se situó en -5.860 millones de euros.

En lo que respecta a la deuda, y dentro de su detallada intervención, el presidente del Consejo de Cuentas apuntó también que los indicadores de endeudamiento reflejan una dependencia total de las entidades de crédito y de la emisión de deuda para obtener financiación, constituyendo el pasivo exigible más del 100% de los recursos financieros . Así, la deuda soportada por cada castellano y leonés paso de 6.051 euros a 6.233 con la irrupción de la pandemia en la Comunidad.

Ya en un análisis pormenorizado del gasto durante el año 2020, Mario Amilivia puso el acento en que la política de Sanidad, con 4.751 millones de euros, supuso el mayor peso relativo del gasto , el equivalente a un 39% y con un aumento interanual que superó los mil millones de euros.

Tras este área, Educación acaparó el 18% del gasto total, con 2.25 millones tras un incremento de 225. Agricultura, ganadería y pesca ocupa el tercer lugar, según el informe de Cuentas, con el 11% del total y 1.313 millones, 3,45 menos que en el ejercicio anterior.

Por otra parte, y dentro también de este análisis por áreas, Amilivia señaló que de los 5.103 euros de gasto publico por habitante, la mayor partida, 1.278 euros, se destinaron a Atención Especializada , por delante de los 593 de Atención Primaria o los 529 de amortización y gastos financieros de deuda pública de la comunidad autónoma. De igual modo, 415 euros fueron a parar a Educación Secundaria, Formación Profesional, Educación Especial y enseñanzas artísticas y de idiomas. 383 euros correspondieron a la regularización de mercados, 216 a Educación Infantil y Primaria, 167 a enseñanzas universitarias y 138 a servicios sociales básicos e integración social.

Ya en el capítulo de recomendaciones, Amilivia indicó que desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, la Comunidad debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos . Además, en relación con la solvencia, apuntó que «sería aconsejable vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial».

«La Comunidad debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente , que ha generado un fondo de rotación o maniobra negativo en el periodo analizado», continuó el presidente del Consejo de Cuentas. «Además, debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata», añadió.

En la misma línea, Amilivia indicó también que «teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural , la Comunidad debe establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la Covid-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables». 

En este sentido, y ya en respuesta a los portavoces del los grupos parlamentarios, precisó que existe un problema con el sistema de identificación empleado por la Junta para los gastos, ya que en buena parte de los casos no queda suficientemente claro si las partidas se utilizaron para hacer frente a las crisis sanitaria, si bien Amilivia remarcó que todo hace pensar que es así.

Finalmente, y en relación con el análisis funcional de los programas y subprogramas de gasto y su impacto derivado de la Covid-19, el presidente del Consejo de Cuentas sugirió que «la Comunidad debería ejecutarlos siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba, evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio, especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor y se encuentran afectados por la pandemia».

Fondo Covid

Tras la intervención inicial de Amilivia fue el turno de los grupos parlamentarios para expresar sus opiniones acerca del informe. El ‘cara a cara’ más tenso fue el que mantuvieron la portavoz del PSOE, Rosa Rubio, y la del PP, Leticia García, acerca de quien se había hecho cargo del sobrecoste de la pandemia en Castilla y León.

Por parte de la socialista, remarcó que fue el Gobierno de España el que «inyectó 1500 millones que sirvieron para cubrir todos los gastos generados» a través del conocido como fondo Covid, y apuntó que «la Junta no arrimó el hombro y se limitó a gestionar el dinero». De hecho, también criticó a la administración autonómica y la acusó de «hacer caja con el dinero recibido», pues apuntó que «cerró con superávit el peor año de la historia de la Comunidad».

Frente a ella, su homóloga ‘popular’ recordó que en la primera etapa de la pandemia «las comunidades autónomas fueron despojadas de sus competencias por el Gobierno, que se erigió en el famoso mando único», y aunque destacó la «correcta ejecución del fondo Covid» que «cubrió parte del gasto extraordinario», incidió que «los fondos eran insuficientes porque no beneficiaban en absoluto a Castilla y León».

Por parte de VOX, el procurador Francisco Javier Carrera defendió que «la pandemia fue aprovechada para hacer uso y abuso de las limitaciones de los derechos de las personas», aludiendo a los toques de queda ordenados por el Gobierno, y otorgó especial importancia a «determinar en qué se gastó» el dinero porque «lo padecido debe hacernos comprender que solo aplicando políticas de control de gasto puede prepararnos para el futuro».

En el caso del Grupo UPL-Soria Ya, José Ramón García destacó varias de las cuestiones expresadas por Amilivia durante su intervención, y aprovechó para preguntar al presidente del Consejo de Cuentas por qué  en el análisis del gasto se había dejado fuera a las universidades públicas de la Comunidad. Al respecto, el ponente argumentó que «no se incluyen las Universidades públicas porque ahora son un anexo a la cuenta general».

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, protagonizó dos intervenciones notablemente breves debido a una afección de garganta que le dificultaba hablar. No obstante, sí tuvo tiempo para llamar la atención sobre el incremento de la deuda por habitante.

El procurador de Unidas Podemos indicó también que «es destacable y una cuestión a corregir la dependencia de pasivos financieros ajenos que ha demostrado la administración autonómica», al tiempo que reafirmó las palabras de Amilivia apuntando que «la deuda pública volvió a significar una cuantía importantísima, solo por detrás de Sanidad y Educación».