VOX pide ahora que el escrito de viabilidad de la reapertura de Garoña lo haga el Gobierno

El estudio de viabilidad para la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña ya no será una labor que lleve a cabo la Junta, si no que deberá trasladar dicho cometido al Gobierno de España. Así lo recoge la Proposición No de Ley (PNL) que el procurador de VOX, Ignacio Sicilia, defendió este miércoles en las Cortes y en la que ahora se señala que se insta "a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a la realización de un estudio técnico valorando la viabilidad de la reapertura y puesta en funcionamiento" de las instalaciones.

Un planteamiento en el que llama la atención este traslado de responsabilidad porque durante su anunció se dijo que sería el ejecutivo autonómico quien se haría cargo de dicho estudio , tal y como trasladó el vicepresidente Juan García-Gallardo durante su visita a las instalaciones de la central, actualmente en proceso de desmantelación.

Precisamente, y tras el anunció de García-Gallardo, Francisco Igea salió al paso del mismo para señalar que la Junta no puede “gastar dinero público en un estudio de viabilidad” para Garoña y alertó de que no permitirán "la malversación de fondos públicos", mientras que desde el propio gobierno autonómico, el portavoz Carlos Fernández Carriedo garantizó que dicho informe cumpliría con la legalidad, evitando hacer muchas más consideraciones al respecto.

Ha sido ese marco normativo el que ha llevado a VOX a modificar su planteamiento inicial, puesto que con esta autoenmienda asumen que la competencia para la elaboración del informe de viabilidad corresponde al Gobierno de España. En cualquier caso, desde la propia Junta también se ha insistido en varias ocasiones en que son los propietarios de la central los que tienen la última palabra sobre su reapertura , pese a que este es un asunto sobre el que no se muestran muy convencidos.

Aunque la responsabilidad de realizar el informe de viabilidad sobre la reapertura de Garoña se trasladará ahora al ejecutivo central, que deberá decidir si lo lleva o no a cabo, la PNL defendida por VOX y autoenmendada sí que deja otra cuestión en manos de la Junta, como es la de "elaborar un estudio sobre la idoneidad del Valle de Tobalina para albergar instalaciones de generación de energía nuclear, en el que se tenga en cuenta, entre otras cuestiones, si resulta técnica y económicamente posible la instalación de nuevas centrales o la reapertura y/o actualización de las existentes, con la actual legislación fiscal y de otra índole, así como qué cambios legislativos, en caso de ser necesarios, deberían realizarse para hacer legalmente posible la explotación de la energía nuclear, así como los cambios necesarios que se deberían realizar en materia fiscal para hacer económicamente viable la explotación de la energía nuclear en España".

Se trata, por tanto, de un informe muy similar al de viabilidad de la reapertura, aunque en este caso se cambia el enfoque del mismo para que sí pueda encajar dentro de las competencias autonómicas. De hecho, en dicho enunciado también se menciona el análisis de las condiciones técnicas y económicas para la instalación de nuevas centrales o la reapertura y actualización de las existentes, lo que sobre el papel no parece distanciarse mucho del que se pide llevar a cabo al Gobierno.