Vox agrieta el gobierno y bloquea 4.000 empleos rurales del Diálogo Social de Castilla y León

El gobierno de Castilla y León que sostienen el Partido Popular y Vox comienza a dar señales de desgaste . Han hecho falta cuatro meses y una guerra abierta con el Diálogo Social iniciada por el partido que lidera Juan García-Gallardo en la Comunidad para que las primeras grietas de un pacto hasta ahora defendido como sólido aparezcan. Y el detonante, como ya se esperaba, ha sido la reunión que los agentes sociales mantuvieron ayer por la tarde con una Consejería de Industria, Comercio y Empleo que, entre otras cosas, rechazó convocar las lineas de ayudas para el Plan de empleo rural, con lo que 4.000 puestos de trabajo se mantienen bloqueados.

Tras el resultado de la reunión, mucho más larga que las que se celebraron el miércoles, lo que es evidente es que han comenzado a aparecer esas primeras grietas entre los socios de gobierno. Y ha sido Vox, a través de Veganzones y la Consejería de Industria que lidera, quien ha motivado que estos cimientos se resquebrajen. El mejor ejemplo de ello es que frente a los encuentros mantenidos hace dos días en las consejerías de Familia y Educación, ambas del PP, y de los que los agentes sociales salieron satisfechos después de que se le diera continuidad a los acuerdos , las negociaciones de ayer resultaron en un enfado generalizado, tal y como trasladaron en respectivos comunicados. Por su parte el ejecutivo autonómico, al cierre de esta edición, no había publicado ninguna información sobre el desarrollo del encuentro.

También viene a ratificar esta situación que el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, pocas horas antes del comienzo de la reunión, apreciara «voluntad de acuerdo» por parte del consejero de Industria. «Hay mucho que negociar, sí, y hay voluntad de llegar a consensos», señaló, aunque poco después esta previsión se desmoronó.

Y por si estos argumentos son pocos, los agentes sociales que participaron en la reunión también pusieron de manifiesto que en Castilla y León hay «dos Juntas, la del PP y la de Vox». Con estas palabras exactas lo resumió CCOO a través de un comunicado remitido a los medios al término del encuentro, en el que también expusieron que «se ha constatado que la Consejería de Empleo apuesta por la confrontación y la destrucción del Diálogo Social mientras el PP apuesta por cumplir los acuerdos vigentes».

Por su parte, el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia reconoció a este periódico al término de la reunión que la sensación era de «más incertidumbre y más ingobernabilidad que nunca». Asimismo, relató como Veganzones había dejado clara su postura de que «impera antes su linea política» y el pacto de coalición, con lo que pretende llegar a nuevos acuerdos para «una nueva etapa».

También afeó al consejero, tal y como se reflejó en la nota de prensa difundida después,  que se saltara el compromiso alcanzado el lunes de llevar a la reunión el seguimiento de los acuerdos y que se presentara si un informe al respecto. Igualmente, el político de Vox recibió críticas por haberse negado a levantar acta de la reunión de ayer.

Uno de los asuntos más esperados de la reunión entre los agentes sociales eran precisamente estos planes de empleo que se han venido reclamando con insistencia en las últimas semanas tanto por el Partido Socialista de Castilla y León como por otras instituciones, como hizo la Federación Regional de Municipios y Provincias, encabezada por el PP, este mismo miércoles. 

Todos ellos coinciden en que la demora en su puesta en marcha implica diferentes problemas, pero colocan como el más acuciante el bloqueo de 4.000 empleos rurales. Sobre esto mismo también habló Santa Eufemia, quien avanzó que la Consejería, en el caso de cumplir, lo hará «de manera unilateral» y sin contar con los agentes del Diálogo Social.

Al menos, así se lo trasladó el propio Veganzones, quien por otra parte afirmó que no va a evitar publicar nada. Ahora bien, de acuerdo con sus prioridades, dio a entender que serían los sindicatos y la patronal los que deberían obligarle y estos, según trasladó Santa Eufemia ya valoran la vía judicial. «Si incumple tendremos que denunciarle», reflexionó, al tiempo que cuestionó «quien va a contratar jardineros o socorristas» para el verano cuando a 14 de julio no hay noticias del dinero.

En este sentido, desde UGT señalaron que la propuesta recibida por parte del consejero y del conjunto de su equipo presente en la reunión fue una reunión inmediata para negociar nuevas leyes y planes y ver hasta donde se puede llegar con el cumplimiento de los acuerdos firmados en el Diálogo Social y sus presupuestos.

Aún así, el Plan de empleo incluye muchas más líneas que se estructuran en torno a ocho ejes y que suman un presupuesto estimado próximo a los 300 millones de euros. Y aunque se ha hecho especial hincapié en la creación de puestos de trabajo en las administraciones locales, muchos de ellos propios del verano tal y como señalan los sindicatos, hay otras lineas cuya dotación económica es muy importante.

Las mismas fuentes sindicales consultadas por este periódico llaman la atención en el eje que hace referencia a la formación y que incluye, según se detalla en el propio Plan Anual de Empleo de Castilla y León, «las actuaciones en formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en alternancia con la actividad laboral». Propuestas que, en algunos casos, están presupuestadas en hasta 40 millones de euros, como es el caso del programa mixto de empleo y formación. 

Fue también CCOO quien trasladó en ese mismo comunicado que el de los planes de empleo rural no fueron «él único escollo» al que se enfrentaron durante su reunión con Mariano Veganzones. Según indicaron, «los acuerdos que han caído bajo su competencia son muy amplios y ambiciosos y afectan tanto a las empresas de Castilla y León como a las personas empleadas que caen en ERTE o que son fijos discontinuos o a las desempleadas y desempleados de la Comunidad».

Señalaron también que «el roto que pretende hacer la nueva Consejería de Industria, Comercio y Empleo alcanza también al Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, al que quieren restar competencias que los servicios jurídicos de CCOO ya están estudiando por si es procedente presentar las correspondientes demandas».

Finalmente, no dudaron es cargar contra el consejero asegurando que «su visión de la economía autonómica y de la acción de gobierno para mejorarla es tan pacata, tan fuera de la realidad y tan ideologizada» que desde CCOO consideran que «no puede ayudar en absoluto a mejorarla». «No siente empatía ninguna por la población de Castilla y León y sus necesidades y solo atiende a las consignas que emanan de la dirección nacional de su partido».

Por su parte, Raúl Santa Eufemia apeló, en nombre de UGT, al presidente de la Junta y del Consejo del Diálogo Social, Alfonso Fernández Mañueco. «Queremos que diga si va a coger el timón o dejar que una parte del gobierno haga lo que quiera». «Únicamente él debe explicar a la ciudadanía si el presupuesto firmado por él para la Consejería de Industria, Comercio y Empleo va a llegar a ejecutarse o permitirá que el grupo político minoritario de la coalición se salta su firma y no ejecute el presupuesto de la Comunidad». 

Esta organización sindical apuntó también que «siempre está dispuesta a avanzar y negociar nuevas medidas para los ciudadanos de la Comunidad», aunque reiteraron su exigencia de «ejecutar lo que las Cortes autonómicas y el presidente Mañueco han aprobado para mejorar el futuro de los castellanos y leoneses».

De igual modo, remarcó que la convocatoria de la Comisión Permanente del Diálogo Social, la cual exige también la patronal CEOE ante «la falta de palabra de Mañueco», debería haberse celebrado antes incluso de la reunión del Consejo de este lunes, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. «Lamentamos que el consejero siga insistiendo, desde su adanismo, en la prevalencia del acuerdo político entre PP y Voz, saltándose la ley y los presupuestos aprobados en las Cortes», denunció también la patronal.