Educación pagará hasta 27 M€ por las aulas gratuitas de 2 años municipales y privadas de Castilla y León

La implantación del aula gratuita de 2-3 años el próximo curso que se inicie en septiembre implicará un desembolso por parte de la Junta de Castilla y León de hasta 27 millones de euros , destinados a sufragar los grupos que se pongan en marcha tanto en los centros municipales de Educación Infantil –gestionados por los ayuntamientos– como en los centros privados que decidieron adherirse a la iniciativa.

El cálculo se deriva de multiplicar los 41.410 euros que recibirán los centros que no dependen directamente de la Junta por cada una de las 651 unidades que forman parte del listado de gratuidad confeccionado en el mes de abril, a falta de que la Consejería de Educación confirme cuántas de las peticiones que se solicitaron entonces estarán dentro de la nueva medida, pues los datos facilitados por el departamento que dirige Rocío Lucas han ido variando a la baja en las últimas semanas .

Baste comprobar que a principios de junio se anunciaron plazas en 682 centros y, tres semanas después, la cifra mermó a 653. Una diferencia de 29 centros menos –y de un número indeterminado de unidades–, correspondientes todos ellos con centros de titularidad pública, si bien la Consejería no especificó si se trata de colegios que gestiona de forma directa o de escuelas infantiles que dependen las entidades locales. 

En este periodo de tiempo también ha menguado el dato de los inmuebles que necesitan obras de adaptación para acoger a los nuevos escolares y, aunque se había anunciado que se realizarían en 118, la última información de Educación apunta a 108. 

Quizá por no haber llegado a un mínimo de solicitudes o quizá porque algún ayuntamiento ha desistido de la propuesta al conocer con más detalle cómo se desarrollará la implementación del aula gratuita de dos años, lo cierto es que falta de dos meses para que arranque el nuevo curso, no está claro cuántas unidades se habilitarán definitivamente el próximo curso en la Comunidad. Máxime teniendo en cuenta que los centros privados tienen abierto el periodo de adhesión y que habrá un periodo extraordinario de matriculación en septiembre. 

Con esa duda en el aire, la estimación presupuestaria de los 27 millones de euros que, como máximo, desembolsará la Junta procedente de las arcas autonómicas, proviene de multiplicar las 651 unidades previstas inicialmente en centros municipales y privados, por los 41.409,59 euros que cobrarán los gestores por cada una de las que se pongan en marcha, según los módulos económicos fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, vigentes para el presente año.  

Se trata de la misma cuantía que ya perciben los concertados en el segundo ciclo de Infantil y que, a partir de ahora, servirá también para financiar las cuotas de los alumnos nacidos en el año 2020 que se matriculen en las escuelas incluidas en el ‘inventario’ de gratuidad, para que las familias no tengan que abonar las mensualidades. Al menos no toda la cuota, porque los progenitores sí tendrán que sufragar los servicios que se presten fuera del horario escolar .

En la práctica, supone que, al igual que sucede con el resto de etapas en las que la educación gratuita ya está extendida –a partir de los tres años de edad– si los padres necesitan dejar a su hijo en el centro antes de las 9 de la mañana o que se quede más allá de que suene el timbre a las 14 horas, tendrán que pagar por ello. 

Tampoco estarán subvencionadas las fechas que el calendario oficial marque como no lectivas, pues la Consejería de Educación ha trasladado a las entidades locales, y también a la Asociación de Escuelas Infantiles Privadas de Castilla y León (Aeipricyl) y a la Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles privados de Castilla y León (Aecip) que el periodo escolar del aula de 2 años arrancará el mismo día que comiencen los de Infantil y Primaria , según confirmaron sus presidentes, Enrique Vilar y Pilar Granados, respectivamente. 

Así que la gratuidad comenzará oficialmente el 9 de septiembre y abarcará cinco horas de clase, las comprendidas entre las 9 y las 14 horas. Si las familias quieren o necesitan iniciar antes el curso, extender el horario o hacer uso del comedor, correrá de sus bolsillos. 

Todos estos anuncios, tanto presupuestarios como de fechas y horarios, están pendientes de una aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León , que aún no los ha publicado de manera oficial, a pesar de que el tiempo apremia y de hay muchas dudas pendientes de resolver.  

«Hay ayuntamientos, sobre todo pequeños, que se sumaron al principio y ahora han planteado salirse» , destacó la concejala de Educación de Valladolid, Victoria Soto, tras la reunión informativa mantenida esta misma semana con personal de la Junta. En el caso de la capital, tendrán que decidir cómo afrontarán las cuotas de los servicios ‘extra’ que se presten fuera del horario marcado y determinar qué porcentaje de dinero correrá a cargo de los progenitores.  

También tendrán que echar cuentas del dinero que tendrán que adelantar pues la Junta, a petición de este periódico, explicó que prevé dos pagos anticipados , uno en el primer cuatrimestre del curso, que se cobraría antes de finalizar 2022, y otro durante el primer trimestre del año 2023. 

Esto supone que municipios de pequeño tamaño que gestionan escuelas municipales tengan que anticipar cuantías excesivas para sus limitados presupuestos y, por este motivo, estén sopesando si finalmente siguen adelante o no con la propuesta de gratuidad. Un problema al que se añade otro, como es el hecho de que la Junta les trasladó que no se van a financiar aulas mixtas , algo habitual en localidades donde no hay niños suficientes para tener aulas específicas para cada edad, sino que optan por agruparlos en la misma clase.  

También en este sentido se trata de una incógnita sin resolver, pues la Junta aclaró a este medio que «puede establecer excepciones cuando sea necesario para atender al alumnado», aunque la ratio marcada para la gratuidad oscilará entre los 3 y los 12 alumnos , dependiendo de los habitantes de cada población.

Con tantos interrogantes, los responsables de los centros están llenos de ‘y sis’. «Yo estoy en la lista de gratuidad pero de momento tengo ocho inscritos, ¿y si me borran? Tendría que dar la cara ante las familias por un tema ajeno a mí, que la Junta tendría que haber explicado ya», reflexionó la responsable de un centro ubicado en la capital vallisoletana. Lo único que aclaró al respecto el departamento de Rocío Lucas es que en este caso se ofrecerá a las familias un centro alternativo donde pueda haber vacantes .

Otros están a expensas de llevar a cabo las obras que les permitan adaptarse a la normativa y dudan de que las puedan llevar a cabo en plazo, aprovechando el cierre de las instalaciones en agosto. «¿Y si no las tengo antes de que arranque el curso y me dicen que no cumplo los requisitos?», añadió la directora de otra escuela infantil antes de tachar de «surrealista» cómo se ha gestionado el proceso . 

Esta situación afecta a algunos centros que debían reformar sus instalaciones para adecuarse a la normativa, con un plazo de tres meses –a contar desde enero– para solicitar la autorización. Pero en la mayoría de los casos las reformas no se han ejecutado porque los plazos administrativos van muy lentos, según explicaron desde Aecip.

Su presidenta, Pilar Granados, calculó que la Junta tiene 200 proyectos pendientes de resolver y consideró que «muy pocos» podrán hacer las obras este verano. «Contratamos a un arquitecto para que nos hiciera los planos y ahora la Junta nos está pidiendo modificaciones porque han añadido nuevos requisitos; es desesperante», expresó la responsable de una escuela infantil de Valladolid en referencia a «caos» en el que están sumidos.

Con este panorama plagado de incógnitas los gestores vislumbran el nuevo curso como un curso de ‘prueba’ en la gratuidad del aula de 2 años y confían en que en marzo de 2023, cuando se diseñe el siguiente año escolar, haya un trámite conjunto para la solicitud de plazas y, entonces sí, todos los centros que formen parte de la iniciativa, gestionados por los ayuntamientos, por la propia Junta o de titularidad privada, conozcan los detalles en cuanto a financiación, cupos, horarios y estructura de los espacios. 

«No es lógico que paguen lo mismo que en segundo de Infantil»

Los 41.409 euros que percibirán los centros adheridos a la iniciativa por cada una de las unidades gratuitas que tengan no son una cuantía adecuada, a juicio de los representantes de las asociaciones Aeipricyl y Aecip, Enrique Vilar y Pilar Granados, puesto que se trata de la misma dotación que reciben los centros donde se imparte el segundo ciclo de Infantil, pero en los más pequeños los gastos son más elevados , explicaron.

«En el aula de 2-3 años, además de un maestro, tiene que haber un auxiliar, porque no es viable llevar a veinte niños al baño al mismo tiempo, y tenemos que comprar por ejemplo pañales, por eso pedimos más apoyo económico a la Junta ; no es lógico que paguen lo mismo que en el segundo ciclo de Infantil», sostuvo Granados para justificar la posición de la asociación que lidera.  

«No se reunieron antes con nosotros para saber las necesidades que teníamos, como en otras comunidades autónomas; nos han dicho ‘es lo que hay’, como un chantaje o una imposición , y nos hemos visto abocados a aceptar menos ingresos», añadió Vilar. Según sus cálculos, la media de recaudación a nivel privado ronda los 55.000 euros, así que los 41.400 que percibirán por parte de la Junta suponen una merma evidente. De ahí que vaticine el cierre de algunas escuelas y centros infantiles . 

En su análisis sobre el funcionamiento en otras autonomías, el presidente de Aeipricyl ensalzó el modelo de Galicia, con una subvención del Gobierno regional de 250 euros por niño, frente a los 190 que calcula en Castilla y León, que se traduce en un apoyo a las pequeñas empresas del sector. «Nos sentimos menospreciados y están menospreciando también a las familias», valoró. 

Los gestores dudan del 78% de solicitudes cubiertas

La ausencia de una solicitud única para que los padres eligieran los centros en orden de prioridad, como ocurre en otras etapas educativas, ha provocado que muchas familias, según han trasladado varias escuelas consultadas, hayan echado la instancia en varios sitios por miedo a quedarse sin una plaza gratuita . ¿Y si me apunto en un centro que luego no cumple los requisitos y no tengo opción de cambiar a otro que sí esté subvencionado?, han escuchado de manera reiterada por boca de muchos padres. 

Por eso la presidenta de la asociación Aecip, Pilar Granados, tiene claro que el índice de solicitudes respecto a los potenciales beneficiarios no es real. «Las cifras están infladas» , considera, porque hay familias que han inscrito a sus hijos en más de un centro ante la incertidumbre de saber en cuál conseguirá plaza.  

Esta consideración pone en tela de juicio los datos aportados por la consejera de Educación, Rocío Lucas, el pasado 28 de junio, cuando en una visita a un colegio de Palencia aseguró que se habían cubierto el 78% de las plazas, al haberse registrado casi 10.000 peticiones sobre los prácticamente 13.000 posibles beneficiarios.