El PSOE acusa a la Junta de “haber hecho caja con la dependencia” en Castilla y León por reducir la aportación de fondos propios

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León critica a la Junta por “haber hecho caja con la dependencia”. Los socialistas lanzan esta declaración en referencia a la reducción en la  aportación de fondos propios en 14 millones de euros hasta ocupar “el último lugar” en prestación por persona dependiente.

Sustentó su valoración el Grupo Parlamentario Socialista en el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que “para esta Comunidad es como palabra de Dios por las altas notas que siempre daba” pero que, en esta ocasión, informa que la Junta bajó su aportación. 

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Así lo señaló la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familia de las Cortes, Isabel Gonzalo, en declaraciones recogidas por Ical, al apuntar que, según el informe, Castilla y León se encuentra entre los once gobiernos autonómicos que “hicieron caja en 2021 con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado para la dependencia”, aprovechando esos fondos para “aliviar las arcas autonómicas en vez de dedicar ese dinero a aumentar las cuantías a las personas dependientes”.

Por ello, para Gonzalo el informe “solo se puede traducir de una manera: el Gobierno de España aumenta el dinero destinado a la dependencia en 600 millones de euros, y la Junta baja su aportación para ahorrar a costa de los dependientes de la Comunidad: las personas más vulnerables, que continúan recibiendo cantidades ridículas e insuficientes”.

En concreto, la procuradora socialista señaló que, según el informe, Castilla y León dedica a cada dependiente una media de 6.599 euros frente a los 8.195 euros de la media española. Un salto de más de 1.500 euros que se multiplica hasta casi el doble en relación al País Vasco, que destina 12.831 euros de media.

“El informe dice que comunidades como Castilla y León mantienen niveles de gasto difícilmente compatibles con unos servicios adecuados para las personas dependientes”, continuó esgrimiendo Gonzalo, que también recordó que en los primeros meses de 2021, 812 personas fallecieron “esperando que la Junta reconociese su situación de dependencia”. Motivos todos ellos por los que reclamó al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que “se ponga a trabajar” en vez de “insultar y ofender a las personas con discapacidad”.

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, apuntó que las conclusiones a las que llega el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales “pone de relevancia la realidad que los socialistas venimos denunciando durante muchas legislaturas”.

Ejemplificó su argumento Hernández con el caso de una mujer dependiente que se trasladó de Madrid a Soria y “perdió prácticamente toda la ayuda a la dependencia” y que ahora apoya el informe al señalar que “esa es la realidad de Castilla y León” porque la Junta es “la que menos aporta por dependiente”.

Y todo como consecuencia, según Hernández, de que “la Junta ha ido recortando en los servicios sociales a las familias y las personas que más lo necesitan”, para lo que aportó la comparación del presupuesto de 2021 con el de 2020: “Vemos que Castilla y León es la segunda comunidad de España que más desciende en su aportación a la dependencia, un 7,45%”.

“Esa es la diferencia entre los socialistas y la derecha, que mientras que nosotros pensamos en ayudar a las personas, la Junta piensa en sanear sus cuentas”, concluyó el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, que denunció también que Castilla y León tenga en febrero de 2022 “60 millones de superávit” tras “el peor año de esta Comunidad, en 2020”, donde la Junta, según Hernández, “no pensó en las personas ni en las familias, sino únicamente en amortizar deuda y tener las cuentas saneadas”.

Por último, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familia de las Cortes, Isabel Gonzalo, retomó la palabra para señalar que desde su formación siguen “muy preocupados por las residencias y por cómo funcionaron durante la pandemia”.

En ese sentido, recordó que su partido está “pendiente de la comisión de investigación que hemos vuelto a pedir” al respecto, porque “es urgente saber qué ha pasado en las residencias y porqué ha habido tantos fallecidos”. “Nos interesa que se lleve a efecto la comisión de investigación para que, si vuelve a pasar una pandemia, lo podamos evitar”, concluyó.