Un millar de mujeres de Castilla y León tiene que desplazarse a otra provincia cada año para abortar
Los hospitales de Burgos y Miranda son los únicos públicos que practican la interrupción voluntaria del embarazo
Habitación de un hospital
Vivir en determinadas provincias de Castilla y León puede resultar un obstáculo para aquellas mujeres que deciden interrumpir el embarazo al no disponer de un centro público o concertado por Sacyl en su lugar de residencia que realice esa delicada intervención.
Cada año, alrededor de un millar de castellanas y leonesas tienen que desplazarse a otra provincia, a veces incluso fuera de la propia Comunidad, para que les practiquen un aborto dentro el sistema sanitario público de Castilla y León . Casi la mitad de las 2.421 de la región que abortaron en 2020, el último año con datos oficiales tanto del Ministerio de Sanidad como de la Junta de Castilla y León.
Y es que la objeción de conciencia de los médicos provoca que solo los hospitales de Burgos (HUBU) y el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro cubran este servicio . Y el HUBU ha comenzado a efectuar interrupciones voluntarias del embarazo desde hace apenas seis meses, aunque farmacológicas, ni quirúrgicas, según precisa la Consejería de Sanidad.
Sacyl tiene conciertos con clínicas privadas de Valladolid y Salamanca y las pacientes de esos lugares pueden acudir a estos centros concertados. Sin embargo, quienes residan en Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, León y Soria deben desplazarse a otros lugares con las incomodidades que eso supone o acudir a la privada y sufragar los gastos.
En los últimos cinco años no se ha notificado ningún aborto en cinco de estas provincias (salvo en León que sí se realizan de modo privado). Sin embargo, cientos de residentes en ellas han interrumpido la gestación recurriendo en algunos casos a comunidades autónomas vecinas por la cercanía, como es el caso de Soria, Ávila o Palencia.
Esta situación, que supone un desequilibrio territorial más de esta tierra, choca con la nueva Ley del Aborto aprobada este martes que entre otras novedades incluye la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años ya no requieran el permiso paterno para interrumpir su embarazo.
La Ley de 2010 establecía que «los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas» . Pero la nueva reforma pretende regular más a fondo la objeción de conciencia.
La ministra Irene Montero aseguró que con la reforma se regulará la objeción de conciencia y se impondrá que «siempre haya personal disponible en los centros públicos» para efectuar el aborto.
Desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León explican que todavía no conocen el texto normativo y están a la expectativa para saber qué modificaciones deben aplicar en el sistema sanitario autonómico.
Si todos los hospitales públicos deben contar con sanitarios para practicar abortos, Castilla y León tiene muchos deberes pendientes y deberá adaptarse porque solo dos centros hospitalarios cuentan con este servicio.
Los datos de los que dispone la Junta facilitados por el Ministerio de Sanidad revelan que seis niñas menores de quince años abortaron en 2020, el último contabilizado. Dos viven en Ávila, otras tantas en Valladolid, una en Soria y otra en León.
El resto de franjas de edades está equilibrado entre los 24 y los 40, con medio millar aproximadamente en cada una, aunque también hubo 241 pacientes de 15 a 19 años que interrumpieron su embarazo. El 10% de todas las que lo hicieron. Y otras 209 tenían entre 40 y 44 años.
El mayor número de mujeres que optaron por esta opción, 629, procede de Valladolid –en lógica con la proporción de población–. Le siguieron las residentes en León, 508, y las de Burgos, 429. Del resto de provincias ninguna llegó a los 200 casos y las residentes de Zamora fueron las que menos, 108.
Al margen de la provincia en la que se practiquen, de los 2.421 abortos contabilizados solo se financiaron por parte del sistema público el 56%.
La mayor parte de las interrupciones se efectuaron en algún punto de Castilla y León, (el 84%) aunque hubo 381 casos en los que las mujeres se desplazaron incluso fuera de los límites autonómicos. Una muestra muy pequeña optó por ese traslado aunque sí contaba en la provincia con el concierto de Sacyl. Once mujeres de Valladolid y Salamanca se sometieron a esta intervención en otra comunidad,
Precisamente la nueva ley del aborto provocó esta misma semana el enfrentamiento entre Gobierno central y Junta de Castilla y León encarnados en el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox, y la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.
«Tendréis a la Junta enfrente», escribió el vicepresidente autonómico en Twitter respondiendo a una publicación de Ángela Rodríguez, después de que esta celebrara en dicha red social que la nueva norma saliera adelante en el Consejo de Ministros asegurando «aborto en la pública para todas sin sobre y sin reflexión».
También la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, entró en la polémica y le pidió al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que «ponga orden en su gobierno» para que «Vox no imponga desde la Junta marcos ideológicos retrógrados sobre el aborto».