El gasto político de las últimas Cortes pulverizó otro récord: 1,4 millones en dietas y kilometraje

Mientras el ciudadano de a pie, el no político, lidia con el alza de los costes de la vida diaria, véase la inflación o la energía, en el Parlamento autonómico –ese que todavía no han ocupado sus nuevos inquilinos porque quien lo preside no ha convocado aún la investidura para que la actividad parlamentaria empiece a rodar– los gastos por asistencia y kilometraje de la última etapa en funcionamiento se disparó hasta cifras nunca antes conocidas .

En el último año de la legislatura que interrumpió el adelanto electoral, los procuradores sin dedicación exclusiva –los que pueden desempeñar su profesión por la que percibir un salario– se embolsaron a cargo de la Cámara autonómica remuneraciones que superan con creces las que se venían percibiendo en años anteriores como compensación por su traslado y participación en sesiones plenarias y comisiones.

El gasto de las Cortes se disparó en la etapa que tuvo a Luis Fuentes como presidente de la Cámara. Tanto es así, que el gasto político del Parlamento autonómico de Castilla y León en 2021 bate un nuevo récord y supone a los castellanos y leoneses 1.444.864 euros en el capítulo de indemnizaciones por kilometraje y asistencia a plenos y comisiones a procuradores sin dedicación exclusiva, tal y como aparece reflejado en el capítulo de retribuciones del portal de transparencia de las Cortes de Castilla y León.

Este desglose evidencia cómo sus señorías sin dedicación recibieron año tras año cada vez más remuneraciones por su actividad parlamentaria. Tan elevadas son las cantidades en algunos casos que superan en más del doble el nuevo salario mínimo interprofesional , pese a que al no tener dedicación exclusiva pueden ejercer su profesión.

El incremento se traduce en que los más de 1,4 millones registrados el último año por estos conceptos suponen un 11% más que los pagos del ejercicio anterior.

En 2020 las indemnizaciones por asistencia ascendieron a 1.307.132 euros y ya supusieron entonces el dato más elevado de las Cortes. Eso pese a que en 2020 la actividad parlamentaria se redujo, y por el estado de alarma motivado por la pandemia se llegó incluso a suspender la celebración de plenos, aunque económicamente las comisiones lo compensaron. Solo hizo falta que llegara el 2021 para rebasar ese récord y superarlo en 137.732 euros, tal y como puede verse en la infografía adjunta. 

Si la comparativa se efectúa con la legislatura anterior, la brecha es aún mayor. En 2017 no llegaba al millón de euros el montante que se destinaba para las ‘dietas’ por desplazamiento y asistencia de quienes ocuparon un escaño en las Cortes sin dedicación exclusiva por aquel entonces.  

La tendencia de estos abonos ha sido creciente , salvo la excepción de 2019 que engloba dos legislaturas. Ese año la actividad parlamentaria se paralizó cuando se disolvieron las Cortes antes de las elecciones autonómicas y municipales y se reanudó tras su constitución en junio. 

Los primeros meses correspondieron a la última etapa de Juan Vicente Herrera al frente del Gobierno castellano y leonés, con la entonces ‘popular’ Silvia Clemente a los mandos del Parlamento autonómico, y la última parte del año atañe a la décima legislatura, la que situó a Luis Fuentes al frente de las Cortes, tras el acuerdo de Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos que apenas duró dos ejercicios completos y unos meses. 

Descendiendo al detalle, fue la ex procuradora zamorana por Ciudadanos María Teresa Gago quien más cobró de esta partida : 37.560 euros en 2021.

La zamorana este año ni siquiera formó parte de las listas electorales, pero aunque lo hubiera hecho el descalabro electoral de Ciudadanos, reducido a la mínima expresión, le hubiera dejado sin escaño. 

Como ella, otros once parlamentarios superaron en 2021 la barrera de los 30.000 euros anuales por asistir a sesiones de comisiones o plenos de enero a diciembre. Le sigue Laura Domínguez, que formó parte del anterior Grupo Mixto por Podemos, percibió 34.932 euros y que también está fuera del nuevo Parlamento que se forme en los próximos días. 

Más de 30.000 euros anuales recibieron también seis parlamentarios socialistas, otros dos del Partido Popular y dos pertenecientes de Ciudadanos.

Estas cantidades provienen de que las Cortes estipulan 220 euros por sesión parlamentaria y marca 0,2 euros por kilómetro recorrido para compensar los desplazamientos. 

La tónica general entre los 61 procuradores que en algún momento del ejercicio estuvieron sin dedicación en el último año de la anterior legislatura fue ingresar más de 20.000 euros anuales, a excepción de doce parlamentarios, entre ellos cinco miembros del Gobierno de Castilla y León que fueron procuradores: Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea, Carlos Fernández Carriedo, Ángel Ibáñez y Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Las comisiones de investigación sirvieron para engordar las nóminas de varios de los procuradores . Algunas de ellas se prolongaron en el tiempo sin llegar a ofrecer ningún resultado concreto, y en muchas resultó frecuente que los partidos situaran a miembros sin sueldo fijo con lo que les garantizaban retribuciones mayores. 

A los 1,4 millones anuales que ya de por sí es una abultada cantidad se suman los sueldos y asignaciones previstas para quienes sí ocupan cargos con asignación fija (portavoces, viceportavoces y miembros de la Mesa). 

Un cómputo global al que si se suman las asignaciones a los grupos y los salarios de la veintena de parlamentarios con salarios fijos llevó el gasto de las Cortes a superar los 22 millones de euros anuales.

No parece que la Cámara vaya a ajustarse el cinturón. El primer consenso al que llegó la nueva Mesa fue el de subirse el sueldo un 4,2%, ratificando un incremento acordado en periodo electoral en la reunión de la permanente del 3 de febrero presidida por Luis Fuentes, con el apoyo de PP, PSOE y Cs.