Los abogados de los ex viceconsejeros: «Mala noticia, porque se prolonga la pena de banquillo para los acusados»

El abogado de Begoña Hernández calificó de «disgusto tremendo» el retorno de las actuaciones al Juzgado de Instrucción. «La primera consecuencia es que se prolonga indebidamente la ‘pena de banquillo’, cuando además habíamos expuesto en tres ocasiones anteriores desde hace varios años, tanto al juzgado como a la otra sección de la Audiencia que la documentación entregada no era completa. No se hizo caso y es poco serio. Nos causa un daño tremendo que se mantengan las acusaciones contra Hernández», resumió Jesús Gómez-Escolar.

El letrado puso el foco en el castigo ‘social’ de estar aún más tiempo en primera plana de los medios de la Comunidad. Lo dijo refiriéndose a la propia exviceconsejera y a los otros once acusados.

«Hay que fijarse cuántas veces han salido sus nombres y sus fotos,  acompañado de lo que se les acusa y a qué pena de cárcel se enfrentan. Esto socialmente ya es un castigo y teniendo en cuenta que, en el caso de Hernández, es una profesional independiente, que trabaja para terceros, no es difícil darse cuenta de lo complicado que es».  

Otro perjuicio es el tiempo dedicado, ahora sin frutos. «Llevamos cuatro meses desde que se señaló el juicio. Muchas horas de trabajo para prepararlo», lamentó Gómez-Escolar, quien vaticinó que no espera un nuevo señalamiento hasta el mes de octubre «como pronto». «Suponiendo que tengan hueco, porque la Audiencia está colapsada de señalamientos. Podría ser en octubre, pero también sabemos que los tiempos de la justicia no son de este mundo», concluyó. 

Efecto en familiares

En la misma línea, aunque menos incisivo, el abogado de Rafael Delgado (también ex viceconsejero de Economía) recordó no sólo que los acusados sobrellevan más de nueve años en condición de investigados, sin que hayan sido juzgados –y por tanto sin sentenia de absolución o condena– sino que detrás de ellos están «sus familias que lo están pasando muy mal», afirmó. 

Eleuterio Gordaliza aseguró que «lamentablemente» los que padecen estos retrasos son las personas investigadas «y sus familias», con las «consecuencias psicológicas que conlleva para el entorno familiar». Gordaliza también lamentó que no hayan servido los recursos y escritos en los que exponían que la documenación del caso Perla Negra no estaba completa, ni foliada, ni certifcada, a pesar de nueve años de instrucción, queja que respaldó la Fiscalía. «Se hizo omiso y siguió la tramitación», indicó Gordaliza, quien recalcó que, pese a todo, valoró el trabajo del Juzgado y de la Audiencia de Valladolid, sobre todo, en la admisión de su petición de acceder a una documentacón íntegra de las actuaciones. 

En el juicio que iba a dirimirse esta semana y las siguientes, hasta el 24 de abril, a lo largo de 23 sesiones, los ex viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández encabezan una lista de doce encausados para los que piden una suma de 79 años de cárcel. La vista trata de dirimir lo que ocurrió con el famoso edificio de la Perla Negra y los terrenos de Portillo con la declaración de los 12 acusados, y otras 69 personas en calidad de testigos, entre ellos el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de Hacienda y hoy presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo.

Revelación de secretos

Revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho. Este es el rosario de delitos, seis en concreto, con el que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid cerró la causa de la compra del edificio de Arroyo, conocido como la PerlaNegra, y los terrenos del polígono industrial de Portillo, que todavía hoy continúan baldíos.