Más de 400 médicos de Castilla y León objetan para no practicar eutanasias

Más de 400 médicos de Castilla y León son objetores de conciencia en la prestación de la ayuda para morir. La Junta aprobó ayer en el Consejo de Gobierno el decreto que regulará el derecho de los profesionales sanitarios directamente implicados a ejercer la objeción de conciencia en la prestación de la ayuda para morir, la eutanasia, y que deberán manifestar por escrito para hacer preciso el registro.

Según las cifras facilitadas ayer, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, el consejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en Castilla y León, «por el momento», son 415 los médicos que objetan para no practicar eutanasias, divididos entre las nueve provincias.

El decreto aprobado pro la Junta de Castilla y León establece como  objetivos específicos la creación de este registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir, en cumplimiento del artículo 16.2 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que además permitirá a la administración sanitaria disponer de la información necesaria para garantizar la gestión adecuada de la prestación. La norma regula el ámbito de aplicación, que alcanza a todos los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir, es decir, que realicen el acto médico para la eutanasia o las prestaciones y auxilios asistenciales necesarios , y que ejerzan en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, independientemente de la naturaleza o duración de su relación laboral y del centro en el que desempeñen su trabajo público, privado o concertado.

También se establece el procedimiento de inscripción, de manera que el registro será electrónico, único para toda la Comunidad , no es público y se encuentra adscrito a la Dirección General de Salud Pública. Su finalidad será inscribir las declaraciones y revocaciones de objeción de conciencia, así como  facilitar la información necesaria a la administración sanitaria para garantizar la gestión de la prestación. Se regula también el derecho de acceso al registro, que podrá producirse por el propio interesado, por los gerentes de Asistencia Sanitaria, Atención Primaria y Atención Especializada de Sacyl en el ámbito público o por los directores de la actividad asistencial de los centros privados.

El decreto sistematiza la confidencialidad de los datos del registro, que sólo podrán usarse para fines organizativos , de archivo, estadísticos o científicos, y se garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos en relación con las personas inscritas en el registro. Además, la Dirección General de Salud Pública ha puesto a disposición de los profesionales interesados un formulario para realizar la declaración de objeción de conciencia, que se encuentra disponible en el Portal web de Salud de la Junta de Castilla y León.

De los 415 facultativos que objetan, más del 60% se registran en las provincias de Valladolid y Salamanca. El territorio salmantino lidera el grueso autonómico con 150 médicos , seguida de Valladolid, que cuenta con 110, uno de cada cuatro. Siguiendo esta línea, en el resto de zonas el dato cae del medio centenar, liderado por Burgos, con 39 médicos objetores, seguida de León con 29, Palencia con 23, Segovia con 15, Ávila con 13, Zamora con seis y Soria con dos. A estos 387 profesionales hay que sumar otros 28 que no son miembros o pertenecen al ámbito privado.

Hace unos meses, en noviembre de 2021, la Consejería de Sanidad contabilizó hasta 238 médicos objetores de conciencia tras la aprobación en marzo de la Ley de Eutanasia, por lo que el dato registrado por el Ejecutivo autonómico ha aumentado en casi 200 facultativos en apenas unos meses. 

Asimismo, hace apenas unas semanas que una persona en la provincia de Salamanca se acogió a las garantías de la ley para tener una muerte digna, sumándose así al conocido caso de una mujer vallisoletana que padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y que escogió fallecer en su domicilio.

Hasta el pasado 31 de enero, la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de la Comunidad ha registrado siete procedimientos de solicitud de la prestación de ayuda para morir en Castilla y León, de los que dos han sido estimados siendo realizada la prestación.