Educación da 15 días a los centros para pasar a la gratuidad de 2 a 3 años
Carriedo afirma que en las escuelas privadas funcionará como los conciertos de los colegios, pero no aclara cuál será la cuantía con la que sufragarán las plazas
EM
La extensión de la gratuidad educativa a los niños de 2 a 3 años comienza su tramitación en la comunidad para que, cuando arranque en septiembre el próximo curso 2022-2023, las familias con hijos en este tramo de edad no tengan que sufragar los gastos del servicio. Para ello, el primer paso es que los centros interesados, tanto públicos como privados, comuniquen a la Junta de Castilla y León en un plazo de quince días si quieren adherirse a la iniciativa y especifiquen el número de unidades, así como el número de plazas ofertadas.
En la práctica supone que hasta dentro de dos semanas no habrá un listado provisional de escuelas dispuestas a sumarse y, además, habrá que esperar otros tres meses para comprobar cuántas guarderías solicitan autorización para convertirse en centros educativos, adaptando sus instalaciones y funcionamiento a la normativa autonómica que los regula. Así que no hay un cálculo todavía de posibles beneficiarios.
El objetivo, en todo caso, es que el último curso del primer ciclo de Educación Infantil no tenga ningún coste para los progenitores, tanto en los centros públicos –gestionados por ayuntamientos o por la propia Junta–, como en los privadas, que pasarán a funcionar como lo hacen en la actualidad los colegios concertados, según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo regional, Carlos Fernández Carriedo.
Sin embargo, quedan pendientes de resolver varias incógnitas, como el precio que abonará la administración regional a las escuelas privadas que decidan dar el paso a la gratuidad, pues ahora cada una establece libremente sus precios, y el también consejero de Economía y Hacienda no aclaró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno cómo se determinarán los abonos.
Tampoco detalló cómo se subvencionarán las plazas públicas, algo que despertó ayer reproches en administraciones como el Ayuntamiento de Valladolid. «Quedan muchísimas cosas pendientes de hablar, porque ahora las familias de centros públicos tienen bonificaciones y no pagan realmente lo que cuesta el servicio, pero la Junta tendrá que abonarnos todo a nosotros, porque si no, se llevarían ellos los laureles cuando estaríamos compartiendo costes», expresó la concejala de Educación, Vicky Soto.
Aunque la edil vallisoletana dio la «bienvenida» a una demanda social que lleva años pendiente de aplicación, criticó las «prisas» y la tachó de «medida electoralista», máxime teniendo en cuenta que la Junta no ha mantenido reuniones directas para abordar los detalles de su aplicación, dijo.
En el aire queda también pendiente de saber qué pasará con las aulas de 1 a 2 años que este curso tienen más de veinte alumnos –o no llegan–, porque son las que el próximo estarán incluidas en la nueva medida aprobada y, según la orden emitida ayer, se computará una unidad por cada veinte alumnos o fracción de esa cantidad. Si ahora hay 25 niños en un aula, está por ver cómo se resuelve, ya que no parece lógico que en la misma clase haya plazas subvencionadas y otras no.
Fuentes de la Consejería de Educación aclararon que, además de incluir a los centros que impartan el primer ciclo de Educación Infantil o centros que presten servicios especializados en la atención de menores a 3 años –como especifica el Bocyl–, la propuesta de gratuidad abarca también a colegios que ahora imparten enseñanzas a partir del segundo ciclo de infantil, si tienen espacio disponible. Es decir, los colegios también podrán ofrecer esta posibilidad si adaptan sus recintos a la normativa.