Los manejos de Cs en Cultura le cuestan a la Junta 25.875€ en indemnización a un trabajador

Alguien siempre acaba pagando la pólvora cuando se dispara. Relaciones laborales tortuosas que terminan en los juzgados. Los manejos de Ciudadanos en Cultura, las tensiones, malas relaciones y conflictos que han acompañado en los últimos dos años a la Fundación Siglo, le cuestan a los contribuyentes otros casi 26.000 euros en la indemnización a un trabajador. 

Imposiciones arbitrarias en las carteras que gestionaba Cs se traducen en los últimos meses en reveses en los tribunales a las consejerías de Cultura, Empleo y Sanidad, tres carteras capitaneadas hasta hace unos días por Javier Ortega, Ana Carlota Amigo y Verónica Casado, respectivamente.

El último caso es una sentencia que obliga a la Fundación Siglo a indemnizar con 25.875 euros a un empleado al que relegó a un puesto de menor responsabilidad tras pedir reincorporarse después de una excedencia forzosa por el ejercicio de cargo público. 

Un juzgado de Valladolid condena a este organismo dependiente de Cultura, la Fundación Siglo, a compensar con casi 26.000 euros a Javier Ramírez, que fue director general de Turismo de 2011 a 2019. 

Cuando Ramírez pidió su reincorporación en septiembre de hace dos años, le adjudicaron un puesto sin las funciones del cargo que ostentó antes de su marcha, pese a que en el convenio marca que por su tipo de excedencia debía recuperar el mismo o similar nivel de responsabilidad del que disponía.

Hasta su nombramiento en la dirección de Turismo, Ramírez ocupaba una jefatura de división en Sotur, empresa de promoción turística de Castilla y León que se fusionó con la propia Siglo y se diluyó en ella. De hecho, esta cuestión, que la plaza ocupada por Ramírez se suprimió y ya no existe, fue el argumento utilizado por Cultura para justificar que a su vuelta tras la excedencia se incorporara como técnico, dentro de su categoría, pero en la práctica ‘raso’.

El aludido, en cambio, entiende que en la nueva estructura organizativa debe desempeñar unas labores de parecido nivel de organización y responsabilidad.

Ante ambos argumentos, el tribunal da la razón a Ramírez. Entiende que, tras la excedencia forzosa, este empleado público tendría que haber  recuperado el mismo grado de responsabilidad. En cambio, fue reincorporado a un puesto que carecía de responsabilidad de dirección. 

La sentencia falla a su favor, pero además desciende al detalle y apunta que, si bien resulta imposible que pueda ser jefe de división, sí existían en el momento de su reincorporación otras plazas intermedias con unas funciones que se asemejan más al trabajo previo desempeñado por este funcionario. 

Cita, en concreto, las de coordinación y jefaturas de área, que además conllevan un retribución mayor a la plaza ocupada desde 2019. 

A la vuelta de estas vacaciones de Navidad, la Fundación deberá ejecutar la sentencia y conceder a Javier Ramírez un puesto apropiado, además de abonar la cantidad establecida que saldrá de las arcas públicas.

Este caso es solo uno más de los que en los últimos meses se le acumulan a la Junta por carteras que estaban a cargo de Ciudadanos.  

Algunos trabajadores a los que se ha dejado fuera de la Administración, o dentro pero con funciones inferiores a las debidas, reclamaron ante la Justicia y esta, de momento, les da la razón, con el consiguiente varapalo para la Administración regional, lo que también se traduce en dinero público.

En Empleo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Junta por el cese «caprichoso» del gerente del Ecyl de Ávila, Luis Jiménez, al considerar que el cambio por parte de la entonces consejera Ana Carlota Amigo –apenas un mes después de suceder a Germán Barrios– era «arbitrario e inmotivado», y exigió la restitución y que se le abonaran «los salarios dejados de percibir».

La sentencia recoge que «ha quedado acreditado que estamos ante un cese caprichoso, inmotivado y carente incluso de una motivación in alliunde», lo que en términos jurídicos indica que no existen informes que justifiquen la decisión.

En Sanidad también fue mediático el reciente caso del ex jefe de Oncología del Hospital de Burgos, Carlos García Girón. Aunque el recorrido judicial aún no ha terminado, la primera decisión de Sanidad, la de que García Girón se marchara a su casa, fue revertida. 

Sanidad se empeñó en prohibir a este especialista que prorrogara su actividad una vez cumplió la edad de jubilación, pese a que a la vez repetía que uno de los problemas principales el sistema sanitario de Castilla y León es la falta de profesionales.

Mientras el fondo del asunto se dirime, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid,  aceptó el pasado 10 de diciembre las medidas cautelares solicitadas por el doctor para reincorporarse a su puesto mientras llega a juicio la desestimación de su petición de prórroga de actividad.

A pocos días de que llegara la fecha en la que cumpliría los años para jubilarse, el oncólogo denunció públicamente el trato recibido por parte de sus superiores. No solo de los directos: «Siento acoso por parte de Casado, Mitadiel, Garmendia y el equipo directivo del HUBU. Es un sinsentido que digan que no hay médicos y no me dejen ejercer dos años más», criticó el especialista, que vio en la denegación de su petición de prórroga «una venganza por ser crítico e incómodo», y acusó así a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, y al director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica, José Ramón Garmendia.

Volviendo al seno de la Fundación Siglo –ese ‘chiringuito’, en palabras de la formación naranja, que lejos de eliminar reforzó– las polémicas se multiplican. También con el Musac y sus directores la relación laboral ha estado llena de tensión y desencuentros. De ahí que el desde junio ex director del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, Manuel Olveira, presentara una demanda en la que solicitó «la nulidad de su despido», y en ella manifestara «haber sido objeto de acoso laboral».

Meses antes de dejar su cargo ya apuntó públicamente al director de la Fundación Siglo, Juan González-Posada, y lo acusó de injerencias e interferencias en su labor al frente del Musac. Una Fundación dependiente del viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, y hasta hace dos semanas del exconsejero Ortega. Se da la circunstancia de que Fernández Sobrino es uno de los cargos públicos de Ciudadanos que permanece impasible en su puesto tras la convocatoria de elecciones por parte de Alfonso Fernández Mañueco, quién cesó a los miembros de su gabinete que pertenecían a la formación naranja.