La Junta se persona como parte en la trama eólica y solicita las diligencias

Personada y parte. La causa de corrupción de la trama eólica vive un nuevo capítulo casi un mes después del auto de apertura de juicio oral, decretado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid.

Un nuevo episodio que tiene como protagonista a la Junta de Castilla y León, que acaba de solicitar su personación como parte en la mayor trama de corrupción de la historia de Castilla y León, con una petición de casi 140 años de cárcel y más de 800 millones de euros de multa para sus doce encausados, muchos de ellos ex altos cargos de la Consejería de Economía de la etapa del fallecido Tomás Villanueva, con el ex viceconsejero y secretrario general, Rafael Delgado, como principal investigado y al que la Fiscalía Anticorrupción considera como cabecilla de la trama eólica.

Así consta en el escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid y al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, el pasado 26 de noviembre por la letrada de los servicios jurídicos de la Junta, María Luis Vidueira. En el mismo, la letrada de la Junta pide al Juzgado que «acuerde tener por peronada y parte a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León». Escrito en el que, además, a través de sus servicios jurídicos, la Junta reclama que se le entregue el auto de apertura de juicio oral y «copia íntegra de todo lo actuado en el procedimiento hasta este momento».

Petición que era atendida por el Juzgado de Instrucción número 4 el pasado día 2 en un diligencia de ordenación, en la que se indicaba que «se tiene como personada y parte, en nombre y representación de la Junta de Castilla y León a la letrada de la Comunidad». Abogada de la Junta a la que se le requiere desde el Juzgado para que hacerle entrega del auto de apertura de juicio oral, los escritos de acusación y el requerimiento de la fianza de 24 millones de euros, como responsable civil subsidiaria

Este escrito de personación y parte de la Junta en la causa de la trama eólica, que se encamina ya hacia la celebración de juicio oral, se presentaba días antes, cinco en concreto, del Pleno del pasado día 1 en el que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, mandaba a la «escuela» al PSOE de Castilla y León por «montarse una película» con los 24 millones que, en palabras de los socialistas, la Junta deberá abonar en concepto de «fianza».

Ibáñez se acogía al artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía que dice que la Junta está «exenta» de presentar fianza ante «cualquier órgano o tribunal jurisdiccional». «La película que usted hoy nos ha contado en este Parlamento no va a poder tapar lo que, sin duda, va a pasar a la historia como una de las meteduras de pata más importantes que hemos visto en las Cortes. No se puede tener una alta responsabilidad política en Castilla y León como la que usted tiene y como la que tienen compañeros que se sientan a su lado y que en estos días pasados se han manifestado en los mismos términos que usted hace sin haberse leído siquiera nuestra norma institucional básica, el Estatuto autonomía», resumía en el pleno Ibáñez. Mientras, desde el PSOE se indicaba que ese artículo se refiere a aquellos actuaciones juidiciales en los que la fianza se reclamaba por actuaciones llevadas a cabo por la Junta. Lo que en ningún caso se señalaba en ese pleno es que desde la Junta ya se había pedido la personación como parte en la trama eólica.

Recurso de los Llorente

La personación como parte del Ejecutivo autonómico, a través de su asesoría jurídica, llegaba al Juzgado que instruye la trama eólica casi a la vez que el recurso de los hermanos Llorente, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio, contra la fianza de siete millones de euros que el juez le impone a cada uno de ellos en el auto de apertura de juicio oral.

En el escrito de recurso del pasado 24 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico, los tres investigados por su relación en la trama eólica, entienden que la cuantía de la fianza, aún habiendo sido rebajada sustancialmente respecto a lo que pedía la Fiscalía –45 millones a cada uno de ellos–, «resulta de una gravedad extrema con consecuencias devastadoras para la economía y vida diría de mis representados», argumenta la defensa de los hermanos Llorente, propietarios de Collosa, en su recurso.

En su defensa, los tres encausados señalan que en el auto «no se contiene explicación adicional relativa la por qué de la fianza, ni el importe estimado de la misma». Es más, la defensa destaca que «se da la circunstancia que en el escrito del Ministerio Fiscal no se contiene hecho alguno que permita sostener que por mis representados se haya producido la entrega u ofrecimiento de dádiva alguna a ningún funcionario público por sí, ni tampoco a través de persona interpuesta». Lo que viene a ser casi un recurso contra el delito de cohecho que se les imputa a Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente.

Los tres hermanos Llorente solicitan al Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que deje sin efecto la petición de la fianza porque insisten en que «tampoco resulta mínimamente justificada ya que la multa a imponer iría en proporción de una supuesta dádiva que ni resulta entregada, ni ofrecida en el relato de hechos objeto de acusación, ni consiguientemente tampoco está cuantificada», indican el recurso, que señala  que el auto debería justificar los motivos de la imposición d de la fianza. «Cosa que no hace», finaliza.