Castilla y León pide cambios en el sistema de financiación para no perder dinero

Castilla y León «perderá dinero» con el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el gobierno central. Así lo avanzó ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, al considerar que no tiene en cuenta la superficie territorial, la dispersión demográfica o el envejecimiento de la población por lo que, a falta de analizar en profundidad todos los detalles del documento, el responsable del área anunció que exigirán mayor peso de estas variables para un reparto más justo de los recursos. 

Para justificar las causas en las que se apoya la valoración negativa que tendría para la comunidad la propuesta presentada el viernes por la ministra María Jesús Montero –y que ahora se tendrá que debatir–, Carriedo apuntó en primer lugar a la disminución de la importancia de los mayores de 65 años en la distribución de fondos asociados a los servicios sociales. «Nuestra comunidad autónoma no lo comparte ni lo entiende» porque, dijo, el envejecimiento afecta a las necesidades de atención y de dependencia y éstas se concentran sobre todo a partir de esa edad. 

En segundo lugar, tachó de planteamiento «erróneo» el establecimiento de una cuantía para las comunidades que superen los dos millones de personas censadas, ya que, a su juicio, se trata de un requisito que «poco tiene que ver con la despoblación», alegó ayer Fernández Carriedo en una rueda de prensa convocada para analizar, desde una «visión global», la propuesta de cálculo planteada por el gobierno central. 

En este sentido, enfatizó que «algunas comunidades de menos de ese límite no tienen problema de despoblación y otras con más de dos millones sí lo tenemos», por lo que consideró que «supone una exclusión» para Castilla y León. Además, pidió que el Ejecutivo de Sánchez justifique por qué se ha establecido ese margen y no otro más amplio, y solicitó que tenga en cuenta el hecho de que ésta sea la autonomía con más provincias y que, por tanto, requiere de una estructura administrativa más amplia.

El tercer pilar sobre el que argumentó la defensa de un cambio de criterios de reparto de recursos en el sistema de financiación autonómica fue el coste de los servicios públicos asociados a un territorio caracterizado por la amplia superficie y la dispersión demográfica. «En Castilla y León el coste sanitario es doce veces superior a la media española y es un factor que no está recogido», subrayó tras apuntar que el 38% de todos los consultorios médicos de España se encuentran aquí o que en la comunidad hay 965 médicos de familia por cada millón de habitantes, mientras que la media del país se sitúa en 642.

Y, más allá de los recursos sanitarios, Carriedo recordó que el 25% de los centros rurales agrupados están en Castilla y León, por lo que también solicitó que se tenga en cuenta la red de servicios educativos a la hora de transferir el dinero a las comunidades autónomas y que no se haga un reparto de fondos atendiendo únicamente al número de alumnos matriculados. 

Por último, el consejero de Economía y Empleo expuso que Castilla y León perderá recursos en el bloque donde se engloban el resto de competencias autonómicas más allá de la sanidad, la educación y los servicios sociales, puesto que en este capítulo se prevé un reparto en función del padrón, sin tener en consideración, a su juicio, otras variables significativas. 

«Tenemos el 17% de los kilómetros de carreteras autonómicas, el 18% de la superficie forestal de España o el 18% de la Red Natura», puso Carriedo como ejemplo antes de enumerar que hay múltiples competencias que «poco tienen que ver con el volumen de población», como las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua, la conservación de patrimonio, la ordenación del territorio, la agricultura y la ganadería o el apoyo a las corporaciones locales. «Mantener el patrimonio, las carreteras o la biodiversidad no es sólo un beneficio para Castilla y León sino para toda España», añadió. 

Por eso, pidió que en la reasignación económica de los bloques no se disminuya el volumen global de las cuantías incluidas en el capítulo de ‘otras competencias’ y reivindicó al gobierno central que aclare cuantías, pues hasta ahora el documento se centra en un «mero reparto», sin cifras económicas concretas. 

Para defender estas tesis y puesto que entendió que «no es un paso para adelante», el responsable de la Junta reiteró que sustentarán sus peticiones en el acuerdo del propio parlamento autonómico y también en el rubricado hace apenas dos semanas por los presidentes de ocho comunidades autónomas en Santiago de Compostela, y en que se incluyen, además de Castilla y León y Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

«Esperemos que nuestros planteamientos se tengan en cuenta; queremos ser atendidos y escuchados», remarcó el consejero después de confirmar que prepararán un informe en conjunto con el resto de comunidades para «intentar convencer al gobierno» de que modifique los planteamientos recién presentados y que sirven para iniciar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica. 

Carriedo expresó que serán «firmes» para garantizar «igualdad en la negociación con todas las comunidades autónomas» teniendo en cuenta, además, que Castilla y León está «infrafinanciada» con el modelo vigente.

Además, el responsable del área económica en la comunidad recordó que el debate sobre el sistema de financiación no debe relegar la aprobación de un fondo Covid para el próximo año ni el reparto «transparente y justo» de los fondos procedentes de la Unión Europea para la recuperación tras la pandemia.