La renta garantizada en Castilla y León llegará a 750€ y obliga a escolarizar a los menores y buscar empleo

El importe de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León sufrirá un aumento importante que se hará efectivo en próximas fechas. El nuevo acuerdo alcanzado dentro del marco del Diálogo Social prevé una actualización de la legislación vigente que hará que esta ayuda se incremente, de media, en un 60% para todos los beneficiarios que actualmente la reciben en la Comunidad.

Así está previsto que lo acuerden tanto la Junta de Castilla y León como los sindicatos y la patronal, modificando la fórmula en la que este importe se conjuga con el Ingreso Mínimo Vital que entrega el Gobierno de España. Actualmente es la ayuda estatal la que se toma como base, y después se complementa con fondos habilitados por el ejecutivo autonómico hasta importes medios que rondan los 470 euros, aunque varían de manera significativa en función de las características de la persona a la que van destinadas.

Frente a este planteamiento, lo que el Diálogo Social propone es que ambas ayudas dejen de ser complementarias y puedan combinarse, lo que aumentará sensiblemente el importe a percibir hasta esos 750 euros. Sin embargo, el cobro de esa cantidad no estará exento de compromisos por parte de los ciudadanos. En concreto, los que la mesa de negociación ha planteado es exigir a las familias la escolarización de lo menores y, en le caso de los adultos, que se encuentren en un proceso de búsqueda activa de empleo.

Unas condiciones que, al parecer, se establecen para fomentar tanto que los niños acudan al colegio o instituto como para fomentar la inserción laboral. Asimismo, es también una solución para contradecir a las posturas que rechazan este tipo de subvenciones porque consideran que son cantidades entregadas sin motivo.

Asimismo, esto también pretende revertir una tendencia en la que las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital han abandonado en un gran porcentaje la búsqueda activa de empleo. En concreto, el 95% de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía dejaron de lado el itinerario formativo al captar el Ingreso Mínimo Vital, según afirmó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Isabel Blanco. De hecho, esta circunstancia también se hizo extensiva al absentismo escolar, que repuntó considerablemente.

Esto se debe, como también aclaró Blanco, a que quienes reciben el Ingreso Mínimo no están obligados, ni si quiera, a aceptar ofertas de trabajo.

Con estos antecedentes, las fuentes consultadas por este periódico al respecto explican que esa demanda de empleo no se podrá justificar únicamente con la entrega de currículums a empresas, por ejemplo, si no que estará sujeta a un «itinerario a través de la administración». Aclaran, por tanto, que tanto el servicio de empleo de la Junta de Castilla y León (Ecyl) como la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades supervisarán todo el proceso y acompañarán a los demandantes poniendo a su alcance herramientas para la elaboración de esos currículums o incluso mediante formación, por ejemplo. El objetivo, en definitivas, es poder realizar un «seguimiento» adecuado que asegure que se cumplen las condiciones para percibir esa Renta Garantizada de Ciudadanía.

El siguiente paso para avanzar en el desarrollo de la nueva legislación es una reunión de todos los actores del Diálogo Social prevista para este mismo lunes. En este encuentro se pretende alcanzar el consenso en aquellos puntos en los que todavía surgen discrepancias para que la normativa esté terminada en el menor tiempo posible. Las mismas fuentes hablan de que es una cuestión de días, aunque reconocen que frente a la postura conjunta del gobierno de la Junta y de los sindicatos, la patronal es la que se coloca como el tercero en discordia.

Según trasladan, la CEOE es la parte que actualmente se muestra más lejana del acuerdo. Sus discrepancias parten, fundamentalmente, de los bloques tomados en cuenta para calcular el importe que se entregará a cada beneficiario. Su posición es que aspectos como el número de hijos a cargo deberían suponer un incremento pequeño de la ayuda, mientras que el resto de participantes en la negociación defienden que estos ‘complementos’ sean más generosos. Por verlo con la claridad de los números, mientras que la propuesta de Junta y sindicatos aboga por que las ayudas oscilen en torno a esos 750 euros aproximados, la fórmula de la patronal supone que se vería reducida a unos 500 euros, con un incremento mínimo con respecto a las cantidades que a día de hoy se hacen llegar a los beneficiarios.

Según ha podido saber este periódico, aún hay esperanzas de que finalmente se logre fraguar un acuerdo y que la CEOE se sume a los planteamientos de las otras dos partes. Sin embargo, si se mantienen firmes, será el gobierno autonómico el que deberá tomar una decisión. Con todo, la buena trayectoria de acuerdos con la que cuenta el Diálogo Social hacen pensar que no será necesario llegar a tal extremo.

NADIE SE QUEDA FUERA

Mientras termina de fraguarse esta modificación de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, hay algunos aspectos que ya están definidos y que acabarán plasmados en el texto definitivo. El más importante, y así lo destacan las fuentes preguntadas, es que ningún colectivo que actualmente ingresa los 470 euros de la ayuda se quedará fuera de la lista de beneficiarios cuando el importe aumente.

Evidentemente, se entiende que todos ellos deberán cumplir con las condiciones planteadas, pero se descarta en todos los casos que se vayan a modificar los listados para eliminar gente. Sí se podrán incrementar, claro, cuando se considere que algún ciudadanos necesita percibir la renta garantizada por su situación personal.