El 67% de los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital se queda sin la ayuda

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), impulsado por el gobierno central hace dieciséis meses como una ayuda de subsistencia dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, acumula muchas más solicitudes rechazadas que aprobadas en Castilla y León. En concreto, 33.030 de las instancias gestionadas en la comunidad han recibido un ‘no’ por respuesta, del total de 49.315 peticiones tramitadas, lo que supone que el 67% de los demandantes se ha quedado sin esta cuantía económica variable, que se determina en función de las características de cada unidad familiar. 

Mientras, 15.684 sí han obtenido el visto bueno, lo que se traduce en un tercio del total de peticiones tramitadas en el conjunto autonómico (representan el 32,2%), y hay otras 600 pendientes de subsanación, según las últimas tablas albergadas en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con datos referidos hasta el 13 de septiembre.  

La situación se repite en términos similares en el conjunto nacional, pues únicamente el 27,5% de los formularios gestionados se han ajustado a los requerimientos, mientras que la mayoría fueron desestimados, sobre todo por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa, según aclaró recientemente en un comunicado de prensa el departamento que dirige José Luis Escrivá. 

Así, del total de 1.244.029 documentos revisados en toda España, 888.458 se han archivado por no cumplir los requisitos necesarios para percibir esta ayuda social que oscila entre los 470 y los 1.000 euros, lo que se traduce en el 71,4%. La media de Castilla y León en cuanto a expedientes denegados está, por tanto, más de cuatro puntos por debajo del índice nacional. 

A tenor de las cifras, Castilla y León es la octava comunidad en cuanto a número de resoluciones aprobadas, pues las 15.685 están muy alejadas de las 99.415 contabilizadas en Andalucía –que lidera el ranking–, de las 39.702 de la Comunidad Valenciana o de las 33.369 anotadas en Madrid. Por delante también se encuentran Cataluña, Canarias, País Vasco y Galicia. 

En el detalle provincial dentro del conjunto autonómico, León es la que más acapara, con 3.669, seguido de Valladolid, con 3.437. En último lugar está Soria, con 232, precedida de Segovia, con 749.

Poniendo el foco, sin embargo, en el número de receptores, Castilla y León ocupa el séptimo puesto del listado, con 35.444 beneficiarios. También está lejos de las cifras de Andalucía, donde se observan 247.554 perceptores, y por detrás de la Comunidad Valenciana (95.955), Madrid (84.070), Cataluña (63.551), Canarias (36.004), País Vasco (27.676) y Galicia (36.145).

En este caso es Valladolid el territorio autonómico que más beneficiarios abarca, con 8.296, seguido de León, con 7.797. En el lado opuesto está Soria, con 439.

En relación a los usuarios, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aclaró el pasado mes de octubre que hay 2.222 familias en Castilla y León que perciben menos cuantía con el Ingreso Mínimo Vital (la ayuda estatal) que con la Renta Garantizada de Ciudadanía (la ayuda regional), por lo que el Ejecutivo autonómico ha tenido que complementar las «nóminas» en esos casos para que no perdieran poder adquisitivo, con una media extra de casi 235 euros.  

Ahora la RGC, que convive con el IMV con carácter subsidiario, está pendiente de revisión para condicionar su cobro a la inserción laboral, a la escolarización de menores y a la reducción de las tasas de abandono escolar. Y es que, según apuntó recientemente la consejera tras una reunión con los agentes del Diálogo Social, se ha constatado que cerca del 95% de los beneficiarios que pasan a cobrar el subsidio del gobierno central abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo, puesto que esa renuncia no implica la pérdida del Ingreso Mínimo Vital, a diferencia de lo que ocurre con la Renta Garantizada.

A falta de que se concreten esos cambios normativos, y según los datos del Ministerio referidos al subsidio estatal, en Castilla y León destaca que se trata sobre todo de adultos, teniendo en cuenta la edad de los beneficiarios, pues de los 35.444 totales, 22.096 ya han cumplido la mayoría de edad, lo que representa el 62,34%. 

Se trata del quinto porcentaje más alto del país, por detrás de País Vasco (76,27), Canarias (68,19), Galicia ( 63,78) y Asturias (63,33) y supone, por tanto, que la comunidad es una de las que cuenta con menor tasa de pobreza infantil atendiendo a esta ayuda. En concreto, el Ingreso Mínimo Vital repercute en Castilla y León en 13.348 menores de edad, con una proporción del 37,66% sobre el total de perceptores. 

Aunque el Ministerio no ha difundido datos específicos por comunidades ni por provincias respecto al tipo de hogares que están cobrando el IMV, sí avanzó que dos de cada tres tienen como titular a una mujer. De los casi 360.000 hogares beneficiarios, en el 40% no viven menores; en el 27,3%, sí; y el 21,8% se trata de familias monoparentales.    

Según el tipo de unidades de convivencia, la mayoría corresponden con un solo adulto (26,7%), seguido de un adulto y un menor (13,75%), y de dos adultos y un menor o dos adultos y dos menores (8,5% respectivamente). 

Además, la franja de edad más frecuente en el global nacional se encuentra entre los 36 y los 45 años, seguido de los 46 a los 55, y de los 24 a los 35.