El campo de Castilla y León recurre contra la prohibición de cazar al lobo

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA presentaron ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que impide su caza al norte del río Duero.

El recurso, que se une así al presentado y admitido a trámite por la Junta de Castilla y León, pretende evitar que se agrave "aun más" la situación de los ganaderos que, "como el propio Ministerio para la Transición Ecológica reconoce en su última memoria, aún estando en vigor el anterior régimen de protección, desde el punto de vista de la protección de la ganadería extensiva los daños no solo no disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas".

Según señalan las opas en un comunicado recogido por Ical, con anterioridad a la inclusión del lobo en el Lespre "los ganaderos al norte del rio Duero perdían una media de 9.812 animales al año", por lo que la incorporación del lobo en este régimen de protección especial, "lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas, por no hablar de otros daños en el ámbito rural".

En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, "siempre parciales e insuficientes", para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.

Así, en el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el número de animales dañados ascendió a 12.966, con un importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y otro tanto en 2020. En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de lobo en 2020.

En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas ascendieron a unas 2.300 al año, aunque el número real de bajas probablemente se acerque a las 4.000, mientras que en Castilla y León, de enero a septiembre de 2020, se declararon 1.835 ataques de lobo con un resultado de 2.660 reses muertas.

En suma, en el recurso de Asaja, COAG y UPA ante la Audiencia Nacional se argumenta que el lobo no está en situación vulnerable al norte del Duero y la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos por la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva, causando "un grave impacto económico y social tanto a los ganaderos como al conjunto del medio rural, por no hablar de las consecuencias medioambientales que la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el entorno natural".

Califican así la Orden del Ministerio de Teresa Ribera de "desproporcionada e innecesaria" y afirman que supone "una clara agresión para un sector productivo que en estos momentos atraviesa graves dificultades para salir adelante".

Por ello, las tres organizaciones agrarias confían en que la Audiencia Nacional atienda su recurso y determine una suspensión cautelar que, a la vez, haga "rectificar" a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para emprender "el cauce del diálogo y la búsqueda del consenso" para, entre todas las partes afectadas, "garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera".