El presupuesto de Castilla y León alcanzará una cifra récord superior a los 11.600 millones

Los presupuestos para Castilla y León del próximo año apuntan a romper un nuevo récord y a situarse por encima de los 11.600 millones de euros. Es lo que se desprende del acuerdo alcanzado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta, y que establece un techo de gasto no financiero de 11.621 millones de euros para 2022. Esto supone, además, dar el primer paso hacia la aprobación de las próximas cuentas, que deberán pasar por las cortes autonómicas antes de que finalice el año.

Este techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el próximo año y que se sitúan en 11.238 millones de euros; así como de los recursos asociados al déficit y que el Gobierno ha establecido en el equivalente a 378 millones de euros. A la cantidad obtenida hay que añadirle algo más de cuatro millones de los ajustes de la Contabilidad Nacional. 

Fue el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el encargado de hacer público este acuerdo. En su intervención explicó, además, que los 11.621 millones no son fruto de la casualidad, si no la consecuencia directa de una serie de elementos que se han demostrado favorables para engrosar este presupuesto. El primero de ellos es el importante aumento que sufrirán los fondos europeos en 2022, cuya partida para Castilla y León se incrementará en un 50%. De esta forma, pasarán de 1.200 a 1.800 millones de euros.

El segundo elemento que se ha tenido en cuenta en el aumento presupuestario es el que tiene que ver con ingresos que podrían calificarse como extraordinarios. En concreto se trata de la devolución del IVA de 2017 por parte del Gobierno de España tras la sentencia favorable del Tribunal Supremo, y que suponen 182 millones de euros que la Junta ha reclamado insistentemente. Además, la resolución reconoce asimismo los intereses, a razón de unos 455.000 euros mensuales según las estimaciones del departamento de Carriedo.

De esta forma, la demora implica actualmente más de seis millones de euros más, que se convertirán en ocho cuando comience el próximo ejercicio y cuando está previsto que el ejecutivo central lleve a cabo los abonos.

Finalmente, la «evolución de la recaudación tributaria», como se refirió Carriedo a los ingresos de la Junta con los impuestos sobre los que tiene competencia, espolea un techo de gasto histórico para la Comunidad y que sirve para anticipar unos presupuestos en la misma línea.

Aún así, el propio consejero reconoció que la cifra podría haber sido incluso mayor, si no fuera porque existen dos aspectos que la «limitan». En primer lugar mencionó la financiación autonómica, que aumentará un 1,5% para Castilla y León el próximo año. Un aumento, según la Junta, insuficiente y que penaliza a Castilla y León porque, como matizó el vicepresidente, Francisco Igea, lo necesario es «financiar los servicios que se prestan al territorio», y no fijar las cantidades en base a la población.

Junto a esto, la reducción de las transacciones procedentes del Estado también han influido negativamente en el techo de gasto que baraja la Comunidad. En concreto, el ejecutivo nacional suprimirá el fondo Covid el próximo ejercicio, lo que en Castilla y León se traduce en un recorte del 7% en sus cuentas. A este respecto, Carriedo añadió que los ingresos extraordinarios por la pandemia siguen siendo necesarios para compensar los gastos acometidos durante los meses, a la vez que recordó que esta es una demanda que han trasladado varias autonomías.

En definitiva, y a la espera de que estos números recaben el apoyo suficiente en las Cortes, son un buen anticipo presupuestario. No obstante, será el parlamento autonómico el que tenga la última palabra al respecto, y aunque Carriedo no pudo confirmar si la Junta cuenta con el respaldo, por otra parte imprescindible, de alguno de los grupos, aseguró que en las reuniones previas había percibido predisposición para colaborar por parte de todos. Asimismo, y con un calendario que cumplir, anticipó que muy probablemente sea el miércoles próximo cuando se lleve a cabo el debate que desbloqueará la redacción definitiva de los Presupuestos Generales de la Comunidad 2022.

Según señaló Carriedo, este techo de gasto se ha establecido teniendo en cuenta también «un escenario macroeconómico realista y prudente», que incluso es más pesimista que el que se baraja desde otras administraciones. En este sentido, las previsiones sostienen que el próximo ejercicio se producirá un aumento del 4,9% en el PIB, que llegará acompañado de un descenso del desempleo hasta situarse en el 12% y de una reducción a la mitad del déficit público. Esto se traducirá, según el propio consejero, en que el próximo año la economía de Castilla y León se situará en niveles similares a los de antes de la pandemia, mostrando incluso una leve mejoría.

Y en otro orden de cosas, Carriedo también criticó el límite de déficit establecido por el Gobierno,  que afeó por lo que considera un reparto desigual. De los cinco puntos sobre el PIB, el Estado se reserva 4,4, un 88%, mientras que los 0,6 restantes le corresponden a las autonomías, lo que supone un 12%.